Polémica nueva ley contra lavado de dinero

La ley aprobada en Nicaragua faculta a las autoridades a investigar e incluso intervenir los negocios sospechosos de estar vinculados al lavado de dinero o el financiamiento del terrorismo.

Martes 17 de Julio de 2018

Con el apoyo de legisladores del oficialismo y en el contexto de una crisis que cada día se profundiza más, la Asamblea Nacional aprobó ayer una nueva ley que dotará de más facultades de investigación a la Unidad de Análisis Financiero (UAF), que, entre otras cosas, podrá sancionar a quienes alteren el orden constitucional.

Ver "Crisis eleva mora crediticia"

El Artículo 394 de la Ley aprobada, que se refiere al terrorismo, indica que “... quien cause la muerte o lesiones corporales graves a personas que no participan directamente en las hostilidades en una situación de conflicto armado, o destruya o dañe bienes públicos o privados, cuando el propósito de dichos actos, por su naturaleza o contexto, sea intimidar a una población, alterar el orden constitucional u obligar a un Gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo...” será sancionado con pena de 15 a 20 años de prisión.

La aprobación de la Ley, que se consumó en una sesión extraordinaria de la Asamblea Legislativa que se convocó con carácter de urgencia, genera suspicacia en relación a lo que implicará su ejecución en el marco de las masivas protestas ciudadanas que se realizan a diario en contra de la administración Ortega.   

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Respecto a la aplicación de la nueva Ley, el diputado opositor Jimmy Blandón, explicó a Elnuevodiario.com.ni que "... esta ley busca regular, supervisar y controlar a los organismos sin fines de lucro, especialmente, religiosos, y a los movimientos que están participando en las marchas ciudadanas, en el marco de la actual crisis que atraviesa Nicaragua."

Por su parte, la Asamblea Legislativa explicó que la Ley establece la obligación de inscribirse en el Registro que para tal efecto llevará la UAF para todos los Sujetos Obligados, sin excepción, con lo cual se mejorará el acceso y control de la información necesaria sobre los sujetos obligados por esta autoridad para el desempeño de la función de análisis operativos y estratégicos desde una perspectiva integral, indica el dictamen de la normativa.

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