Varios artículos de Ronny Rojas en Nacion.com reseñan que el Poder Judicial de Costa Rica contrató, en una licitación con un único oferente, a la empresa española Indra, para una consultoría del sistema informático y el rediseño de procesos, por un valor de $1,8 millones (con financiación del BID).

El esposo de Ana Virginia Calzada Miranda, magistrada de la Corte Suprema de Justicia, es aparentemente el responsable local de la ejecución del contrato, aunque las versiones sobre esto difieren.

Además del señalamiento por incumplimiento en los tiempos de entrega, el trabajo de Indra ha sufrido rechazos por parte de la Defensa Pública, contraparte local encargada de la fiscalización del cumplimiento del contrato.

También se objetó el cambio del equipo de profesionales de Indra, que sustituyó al declarado en la oferta licitatoria. La consultora española incluyó en el equipo de trabajo a cargo de la consultoría a una Bachiller en Artes y a una Licenciada en Optometría.

Fuente: Nacion.com

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