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En Guatemala académicos pretenden detener la industria minera mientras se estudian nuevas normas para el sector, en lugar de hacer propuestas concretas para corregir lo que hubiera que corregir.

Viernes 8 de Abril de 2016

EDITORIAL

Un consorcio académico propone que el Estado de Guatemala dé la espalda a una industria que genera empleo e ingresos y suspenda el otorgamiento de concesiones mineras en el país. Pese a que la administración Morales ya rechazó la posibilidad de una moratoria minera, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) y la organización danesa de desarrollo IBIS siguen insistiendo en detener primero para estudiar después al sector.

Los académicos alertan que “… Guatemala corre el riesgo de que los titulares de los derechos mineros no asuman sus responsabilidades” y llaman a iniciar “un proceso de consulta, diálogo y consenso nacional” sobre si esa actividad debe mantenerse en el modelo económico nacional. Sin embargo, en febrero pasado el viceministro de Desarrollo Sostenible, Roberto Velásquez, argumentó que era más apremiante generar empleo y desarrollo económico en las zonas más alejadas de la capital.

Por qué esa obsesión de detener la actividad minera? ¿Por qué no estudiar -en plazos breves- los problemas del sector y proponer nuevas normas -si es que son necesarias- mientras se continúa una actividad en principio beneficiosa para el país?

Ver: “Buenas noticias para la minería de Guatemala

Del comunicado del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales:

6 abril, 2016 - En consorcio, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) y la organización danesa de desarrollo IBIS presentaron el informe «Implicaciones fiscales del cierre de minas en Guatemala», donde recuerdan que los proyectos mineros tienen un ciclo de vida limitado, que cuenta con diferentes etapas y no se reduce únicamente a la explotación de los minerales.

En el caso específico de Guatemala, el consorcio planteó que la legislación y la institucionalidad vigente no son consecuentes con las complejidades que las actividades mineras representan. Tanto la legislación minera como la legislación ambiental no establecen normativas adecuadas para el proceso de rehabilitación y cierre de minas, no indican la obligatoriedad de las empresas de elaborar un plan de cierre desde las etapas tempranas de la vida del proyecto, ni el compromiso de estas de asumir los costos de implementación de dicho plan.

Ante las debilidades del marco legal e institucional, el Estado de Guatemala corre el riesgo de que los titulares de los derechos mineros no asuman sus responsabilidades, de manera que las medidas de rehabilitación y cierre deban ser financiadas con recursos públicos.

Se estima que, de acuerdo a la vida de los proyectos mineros actuales, en los próximos años (entre 2023 y 2038) el costo de reclamación promedio por mina puede oscilar entre el 0.02 y el 0.21% del PIB; costos que resultan superiores a lo que los aportes tributarios directos (impuestos y regalías) totales han representado entre 2009 y 2015. El pago realizado por el sector minero, que incluye a todas las empresas mineras, en concepto de impuestos y regalías, ha representado un promedio 0.09% del PIB de cada año.

Además, si el proceso de cierre de minas no se realiza de manera adecuada, el Estado de Guatemala, se podría enfrentar, en el futuro, a la aparición de pasivos ambientales mineros, que son impactos negativos en el ambiente natural, la salud y la seguridad humana, derivados de elementos tóxicos de minas abandonadas o cerradas inadecuadamente, cuya remediación, significaría una mayor demanda de recursos públicos.

El consorcio recuerda que a estas problemáticas se suman la falta de consenso sobre si las actividades mineras son parte del proceso de desarrollo de Guatemala, los significativos niveles de conflictividad social, la poca transparencia del sector, así como cuestionables beneficios fiscales y económicos para el país y las comunidades donde se localizan estos proyectos.

Ante esta evidencia, IBIS e Icefi recomiendan que el Estado de Guatemala establezca una suspensión en el otorgamiento de cualquier tipo de licencia minera e inicie un proceso de consulta, diálogo y consenso nacional en el que, con base en información objetiva, se discuta si las industrias extractivas deben formar parte, o no, del modelo de desarrollo del país.

En cuanto a las licencias vigentes, el Estado debe realizar en el corto plazo, una evaluación de los costos de cierre de las explotaciones mineras, publicar y dar a conocer los resultados a la población e identificar las diferentes medidas para mitigar el riesgo financiero que representa para el Estado el asumir estos costos, así como la remediación de los pasivos ambientales.



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