Panamá vista por el FMI a Marzo 2015

La entidad urge al gobierno panameño acelerar las medidas necesarias para salir de la lista gris para evitar a mediano plazo efectos contraproducentes sobre la economía.

Lunes 16 de Marzo de 2015

Del comunicado del Fondo Monetario Internacional (FMI):

Una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI), encabezada por Luca Antonio Ricci, visitó la Ciudad de Panamá del 3 al 13 de marzo para realizar la consulta anual del Artículo IV en el país, como parte de la supervisión periódica que realiza el FMI en todos los países miembros. Al término de las conversaciones, el Sr. Ricci emitió la siguiente declaración:

Las proyecciones de referencia del equipo técnico del FMI son favorables, con riesgos balanceados. Las conversaciones sobre políticas se centraron en la importancia de fortalecer el marco de política financiera y fiscal, la creación de amortiguadores fiscales, así como la continuación de reformas orientadas a asegurar un crecimiento sostenible e incluyente. Se espera que el desempeño económico de Panamá siga siendo vigoroso

1. Las proyecciones de referencia del equipo técnico del FMI son favorables, con el crecimiento más elevado en America Latina, baja inflación, mejora de las finanzas públicas y una tendencia descendente del déficit en cuenta corriente.

El PIB real se desaceleró a 6,2% en 2014, como reflejo del ritmo más lento de la inversión pública, la continua debilidad de la actividad en la Zona Libre de Colón y los retrasos de las obras de expansión del Canal. Se prevé que el crecimiento se mantenga estable en 2015. La reducción de los precios del petróleo y la recuperación de Estados Unidos serán fuerzas positivas, pero serán contrarrestadas por la apreciación de la moneda estadounidense y algunas demoras en nuevas inversiones públicas. En el mediano plazo, el Canal ampliado y la nueva mina de cobre (Minera Panamá) deberían ayudar a mantener el crecimiento en alrededor de 6% a 7%.

La inflación bajó a un nivel moderado de 2,6% en 2014 como resultado de la caída de los precios del petróleo y la aplicación de controles de precios en ciertos productos alimentarios. Las autoridades aprovecharon la baja de los precios del petróleo para reducir los subsidios a la electricidad y ajustar las tarifas. Se prevé que la inflación se mantenga en torno al 1½% en 2015, teniendo en cuenta el incremento de las tarifas de la energía eléctrica de enero, y suponiendo una lenta trayectoria ascendente de los precios del petróleo y la eliminación de los controles de precios en julio.

El déficit fiscal de 2014 se ubicó en 4,1% del PIB con año base 2007. Los ingresos no repuntaron, pero el gasto corriente primario aumentó 13%. De aquí en adelante, una disposición especial de la Ley de Responsabilidad Social y Fiscal permite que el déficit fiscal exceda los topes que fijaba esa ley hasta por la cantidad en que la contribución del Canal al presupuesto sea inferior a 3,5% del PIB. De conformidad con esta disposición especial, se presupuesta el déficit fiscal de 2015 en 3,7% del PIB a fin de poder cumplir compromisos anteriores sobre gastos de capital y ante la débil evolución proyectada de los ingresos.

La deuda del sector público no financiero se elevó a 39,5% del PIB en 2014, pero se proyecta que se ubicará en una trayectoria descendente en 2016.

En 2014 se mantuvo elevado el déficit en cuenta corriente −11,4% del PIB−, debido en parte a las cuantiosas importaciones relacionadas con inversiones, pero debería moderarse con el tiempo a medida que se reduce el número de proyectos de inversión y aumentan las exportaciones. Se prevé que este déficit siga financiándose por medio de fuertes entradas de inversión extranjera directa (inclusive en los sectores de minería, logística y energía).

2. El nuevo gobierno está poniendo firmemente en marcha la agenda de políticas. Las autoridades dieron a conocer un plan quinquenal estratégico diseñado en consulta con el sector privado y enmarcado en las restricciones que impone la actual Ley de Responsabilidad Social Fiscal. El plan debería catalizar la inversión y apoyar el crecimiento en sectores clave en tanto promueve el desarrollo socioeconómico mejorando, entre otras medidas, el sistema educativo, los programas sociales y los mercados laborales.
La mayoría de los riesgos en el corto plazo están relacionados con una posición más débil de la economía mundial o con posibles retrasos en la mejora de la transparencia financiera.

3. La estrecha integración con el sistema comercial y financiero mundial aporta beneficios considerables a Panamá, pero también vuelve al país vulnerable a los choques externos. Un crecimiento mundial más lento de lo esperado y un comercio exterior más débil representan riesgos de que se deteriore la situación. Un repunte abrupto de la volatilidad de los mercados financieros mundiales o un alza de las tasas de interés en Estados Unidos tendría un rápido impacto en el sistema financiero local, con efectos de contagio en la economía local. No obstante, la solidez de los fundamentos económicos y el margen de maniobra que existe para implementar una respuesta fiscal anticíclica mitigaría el impacto de esos embates externos.

4. Si no se resuelven adecuadamente las deficiencias en materia de transparencia financiera, el impacto negativo potencial podría ser significativo. En febrero, el Grupo de Acción Financiera (GAFI) reconoció que Panamá está tomando medidas para corregir debilidades en el marco de prevención del lavado de dinero y combate al financiamiento del terrorismo (ALD/CFT), y señaló que las autoridades deberán continuar adelante con su programa de trabajo. Si bien puede ser necesario introducir ajustes en el corto plazo para cumplir con los requisitos de transparencia internacional, se prevé que los beneficios a largo plazo que se derivarían de un sector financiero basado en la transparencia serán positivos. El atraso en la introducción de reformas en materia de transparencia financiera podría restringir el acceso al capital externo y a los sistemas de pagos internacionales, lo que tendría repercusiones negativas para la economía.

La prioridad más inmediata es fortalecer la integridad financiera

5. Considerando los riesgos que enfrenta la economía panameña, es imperativo alinear rápidamente el marco de integridad financiera con la norma internacional. Después de que el GAFI indicó en 2014 que Panamá tenía deficiencias en materia de ALD/CFT, se ha vuelto más difícil mantener algunas corresponsalías bancarias y realizar algunas transacciones internacionales, aunque el impacto general ha sido moderado hasta ahora. Las autoridades están claramente comprometidas a implementar las recomendaciones resultantes de la evaluación del marco de ALD/CFT que realizó el FMI y del plan de acción acordado con el GAFI. El Consejo de Gabinete está en proceso de aprobar el anteproyecto de Ley. Es de crucial importancia obtener pleno apoyo político para que la Asamblea Nacional apruebe lo antes posible una ley que facilite el cumplimiento de la norma internacional.

Es necesario revisar el marco fiscal a mediano plazo

6. Fortalecer el marco fiscal a mediano plazo es una prioridad. Las repetidas revisiones a los topes del déficit que estipula la Ley de Responsabilidad Social Fiscal y la posibilidad de incurrir en gastos excesivos que permite una disposición especial de la ley dejan a Panamá sin un ancla fiscal sólida. Las autoridades deberán abstenerse de modificar esos topes y deberán reexaminar la disposición especial. Para fortalecer aún más el marco fiscal, las autoridades deberían reducir el nivel y ampliar la definición de deuda neta que contempla la ley como meta. De hecho, la exposición a choques y pasivos contingentes, cuantiosos pasivos futuros por pensiones no cubiertos, así como las necesidades temporales de financiar un servicio de liquidez para respaldar a los bancos, son todos factores que apuntan a la necesidad de contar con mayores amortiguadores fiscales. La definición de deuda neta podría ampliarse para incluir, por ejemplo, pasivos públicos por pagar y activos financieros públicos líquidos. Finalmente, para que la ley revisada sea vinculante, también deberá ponerse en práctica un marco más explícito de rendición de cuentas.

7. Deberán llevarse a cabo acciones de política tendientes a incrementar los ingresos tributarios y racionalizar los gastos corrientes. Podría captarse una mayor cantidad de ingresos fortaleciendo la recaudación de impuestos y revisando la política impositiva, con el fin de reducir la dependencia de las amnistías tributarias. La recientemente establecida Dirección General de Ingresos (DGI) deberá continuar sus esfuerzos para expandir su capacidad y mejorar su eficiencia. Para hacer frente al pasivo por pensiones no cubierto se requerirá no sólo la captación de fondos públicos sino también la reforma del sistema de pensiones. La revisión que se tiene planeada de los subsidios a la electricidad representa un paso positivo y, en términos más amplios, deberá mejorarse la focalización de los subsidios.

8. Las autoridades deberán aprovechar la disminución de los precios internacionales de los alimentos y de los combustibles para eliminar gradualmente los controles de precios para mediados de año. Si fuera necesario, las inquietudes sobre el comportamiento no competitivo de vendedores minoristas de alimentos—que es una de las principales motivaciones del control de precios—deberán abordarse por medio del marco antimonopolio ya existente.

Las reformas al sector financiero siguen una trayectoria positiva

9. Las autoridades están mejorando la regulación del sector financiero y adoptando medidas para fortalecer la supervisión macroprudencial. Tras la adopción de reglas más estrictas de clasificación de préstamos y de medidas anticíclicas, la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) ha tomado medidas para alinear la regulación de capitales con lo que contempla el marco Basilea III y requerir un mínimo de capital para las tenencias financieras. La promulgación de una ley de conglomerados mejora la estructura de gobierno, reduce el riesgo al limitar la propiedad cruzada y mejora las capacidades de supervisión de la Superintendencia. La SBP ha comenzado a vigilar el comportamiento de los precios de la vivienda y tiene la intención de expandir su supervisión de la deuda de los hogares para poder evaluar mejor la capacidad de pago de los prestatarios y los riesgos crediticios potenciales. La SBP también tiene planes de actualizar las regulaciones sobre liquidez y riesgo de mercado y publicar semestralmente un informe mejorado de estabilidad financiera.

10. Las autoridades deben mantenerse atentas y poner en práctica las medidas adicionales necesarias para implementar plenamente las recomendaciones del Programa de Evaluación del Sector Financiero (FSAP, por sus siglas en inglés) de 2011. El tamaño y el grado de apertura del sector financiero lo hacen vulnerable. Por lo tanto, resulta esencial mejorar la capacidad de vigilar y evaluar los riesgos idiosincráticos, sistémicos y externos del sector financiero, debiendo incluirse la recolección de más información sobre los precios de los bienes raíces comerciales y el apalancamiento de las empresas. Además, una prioridad clave por atender será la creación de un servicio financiero para brindar liquidez temporal a los bancos. Existe también la necesidad de constituir un marco de política macroprudencial y continuar elaborando las herramientas correspondientes para, por ejemplo, mitigar los acontecimientos adversos en el sector inmobiliario. Un seguro de depósitos de pequeño monto protegería a la mayoría de los depositantes, mitigaría el riesgo de corridas bancarias y complementaría las políticas de protección social. La modernización de la legislación sobre compañías aseguradoras, cooperativas, fideicomisos y contadores públicos mejorará la regulación, supervisión y rendición de cuentas de esas entidades.

Garantizar un sendero de crecimiento sostenible e incluyente

11. La sostenibilidad del crecimiento futuro requerirá mejoras constantes en la capacitación, la educación y los servicios de salud. En el curso de la última década, el crecimiento económico ha facilitado importantes avances en la reducción de la pobreza. En el futuro, es de esperarse que se desacelere la acumulación de capital del sector público y el crecimiento tendrá que depender mucho más del aumento de la productividad. Será crucial mantener los esfuerzos para mejorar la calidad de la educación y la salud públicas, corregir la desigualdad entre la oferta y la demanda de trabajadores calificados, promover una mayor participación de la mujer en la fuerza laboral y fortalecer las instituciones. De esa manera mejorará el capital humano, se reducirá la escasez de trabajadores calificados y el desempleo de los jóvenes, se realzará el entorno de negocios, aumentará la productividad y se elevará el nivel de vida.

La misión desea agradecer a las autoridades panameñas su amable hospitalidad, su excelente cooperación y su disposición al diálogo franco.



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