Panamá: Nueva Ley de Quiebra de Empresas

La ley recientemente aprobada permite reorganizar las finanzas o liquidar de forma eficiente a las empresas que presenten problemas de solvencia.

Jueves 10 de Marzo de 2016

Del comunicado de la Asamblea Nacional de Panamá:

La creación de un régimen concursal de insolvencia que va dirigido a salvar a las empresas de la quiebra recibió tercer debate en la Asamblea Nacional.

El pleno de la Asamblea Nacional aprobó, este jueves, en tercer debate, el Proyecto de Ley No.297, del régimen de los procesos concursales de insolvencia que busca salvar empresas eficientes y generadoras de empleos a través de un mecanismo especial.

Según el presidente de la Comisión de Comercio, Quibián Panay, se trata de una propuesta que representa la conveniencia para el desarrollo comercial y económico del país. Esta normativa crea una jurisdicción especial en la que se establecen términos fijos y definitivos en las que la mayoría de las controversias se resuelven mediante incidentes.

Ver también: “Panamá: Para evitar quiebra de empresas

Indicó el parlamentario que se crea el cuarto Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial en los juzgados de circuito de insolvencia, que liberará en gran medida la carga que tiene el Órgano Judicial.

El proyecto de Ley del régimen de los procesos concursales de insolvencia, según la norma, se concibió para examinar, en forma integral, las normas del Código Judicial y el Código de Comercio sobre la materia, con el propósito de redactar una nueva legislación que se adecue a las nuevas tendencias en derecho concursal.

Ver también: “Una ley de bancarrota para Panamá

En ella se deben recoger las normas pertinentes en un solo instrumento, en forma sistemática, sencilla y completa, en cinco apartados principales: disposiciones generales y competencia, reorganización de la empresa, proceso de liquidación, insolvencia transfronteriza e insolvencias punibles.

El proyecto de ley nace en primera instancia en el Órgano Judicial y, posteriormente, fue acogido por el Órgano Ejecutivo. También hubo consenso con el sector privado y bancario.

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