Panamá: Ley de compras estatales

Transparencia Internacional considera que el proyecto de ley actualmente en discusión es insuficiente para impedir la corrupción en el sistema de compras del Estado.

Viernes 8 de Abril de 2016

Para el capítulo panameño de la organización Transparencia Internacional, el proyecto de ley sobre contrataciones públicas en el país debería incluir aspectos como hacer público el plan anual de acciones, reducir más la discrecionalidad para contratar de forma directa, eliminar la posibilidad de “adendas lesivas a los intereses del Estado” o mejorar el proceso de pago de las cuentas.

Del comunicado de Transparencia Internacional, Capitulo Panamá:

Durante dos semanas, la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional, escuchó a los interesados en hacer aportes el proyecto de Ley 305 que modifique el texto único de la Ley 22 de 2006 que regula la contratación pública en Panamá. Participaron representantes de organizaciones de la sociedad civil de firma de abogados, de gremios, de empresas e incluso diferentes instituciones públicas.

Para Transparencia Internacional, Capítulo de Panamá, es fundamental que la normativa reduzca los riesgos que han permitido que la contratación pública sea utilizada para actos de corrupción, para lo cual se requiere profundizar en algunos aspectos que el proyecto de ley 305 se aborda de forma muy tímida.

Ver también: “Los cambios en la Ley de Contrataciones Públicas

Algunos de los temas sobre los cuales consideramos que no es necesario sólo legislar, si no hacerlo bien, para enviar un mensaje claro el compromiso contra la corrupción, son los siguientes:

1. Es necesario que haya transparencia en el momento de la planificación de la contratación. En consecuencia, es preciso que todas las instituciones hagan público un plan anual de acciones. Es positivo también para controlar el tema de los sobrecostos, no solamente que el precio estimado en las licitaciones sea público, sino que exista un informe de cómo se calculó y quiénes fueron los responsables.

2. Si se quiere atraer inversión de empresas que gocen de prestigio internacional y evitar que participen en licitaciones empresas que se han dedicado a corromper el sistema tanto en sus países como fuera de ellos, como ha sido evidenciado en el caso de la empresa Constructora Norberto Odebrecht S.A., a través de sus directivos y accionistas, se tienen que adoptar medidas enérgicas para lograr estos objetivos. Lo que propone el proyecto de Ley 305 está lejos de cumplir con las expectativas ciudadanas y en nada ayuda a evitar riesgos y mejorar la imagen del país.

Ver también: “Panamá: Proponen auditar obras de Odebrecht”

3. Se requiere reducir más la discrecionalidad para contratar de forma directa. Las acciones deberían ser realmente por situaciones excepcionales. El proyecto no profundiza en esta materia.

4. El límite para autorizar modificaciones a los contratos el 40% del monto original es excesivo y deja la puerta abierta para que se sigan cometiendo abusos. Se ha convertido en práctica común el aumento del monto licitados mediante las famosas “adendas”. Con esta cifra en el contrato de la línea dos del Metro esto representaría la suma de $742 millones.

5. Lograr que se incluya la obligación expresa en la Ley de que haya un reparto de los riesgos contractuales para reducir la posibilidad de adendas lesivas a los intereses del Estado.

6. La incorporación de las obras en los Convenios Marco y la percepción de que se quiere generalizar su uso para otros tipos de bienes y servicios no tiene sustento ni explicaciones claras dentro del proyecto.

7. El aumento de las contrataciones menores de $30.000 a $50.000 requiere una contrapartida de control para evitar que se extienda la corrupción menor.

8. El proceso de pago de las cuentas necesita una mejor regulación. La discrecionalidad en este tema es una fuente permanente de corrupción.

Ver también: “Panamá: Piden reformar Ley de Contratación Pública

Si bien el proyecto de ley elimina algunos de los abusos que sirvieron para que fuera mucho más fácil desviar fondos públicos, tales como las licitaciones abreviadas y apremiantes, el precio de referencia ahora siempre será público, y se activa el registro de proponentes para reducir la discrecionalidad en las evaluaciones, lo propuesto sigue siendo insuficiente para blindar el sistema de muchas prácticas corruptas que seguramente subsistirán si no se fortalece más el sistema y se establecen mayores mecanismos de transparencia.



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