Nicaragua según EE.UU.: Bien, pero mal

Señala los esfuerzos que hace la administración de Ortega para atraer más inversión extranjera, pero advierte de deficiencias en el estado de derecho y un amplio control ejecutivo.

Jueves 7 de Julio de 2016

El reporte "Investment Climate Statements for 2016", elaborado por el Departamento de Estado de EE.UU. detalla los esfuerzos que ha hecho Nicaragua para atraer inversión extranjera brindando incentivos fiscales a diferentes sectores productivos como la minería y el turismo, señala también algunos elementos que estarían afectando el clima de inversiones en el país, como instituciones gubernamentales débiles, deficiencias del estado de derecho y un omnímodo control ejercido por el Poder Ejecutivo.

Del resumen ejecutivo del reporte:

El Gobierno de Nicaragua está buscando activamente aumentar el crecimiento económico mediante el apoyo y la promoción de la inversión extranjera. El Gobierno hace hincapié en su gestión pragmática de la economía a través de su modelo de consenso y de diálogo con los representantes del sector empresarial y trabajador. Un factor clave para los inversores es el relativamente de bajo costo de la mano de obra, que además es joven en su mayoría. Aproximadamente el 75 por ciento de la población es menor de 39 años de edad. Además, la seguridad física relativa del país se compara favorablemente con otros países de América Central.

Para atraer a los inversores, Nicaragua ofrece importantes incentivos fiscales en muchas industrias, como la minería y el turismo. Estos incluyen exenciones de derechos de importación, los incentivos de impuestos de propiedad, y de los impuestos sobre la renta. El país tiene un régimen de zonas de libre comercio bien establecido con grandes inversiones extranjeras en el sector textil, autopartes, equipos médicos, centros de llamadas y servicios de back office. El sector de la construcción también ha atraído una importante inversión, impulsado por grandes proyectos de infraestructura y vivienda. la agencia de promoción de inversiones ProNicaragua, es un facilitador bien considerado y eficaz para los inversores extranjeros.

En agosto de 2015, el Gobierno de Nicaragua resolvió el último litigio por reclamos de propiedad cubiertos bajo la Sección 527 de la Ley de Autorización de Relaciones Exteriores, poniendo fin a un período de veinte años de revisión de los waivers y restricciones de ayuda. Aunque los casos de dispensa se han resuelto, la Embajada continúa escuchando a ciudadanos estadounidenses que reclaman violación de sus derechos de propiedad que no estaban cubiertos por esta legislación y ha expresado su preocupación al gobierno de Nicaragua en materia de violación de derechos de propiedad privada que afectan a los ciudadanos de Estados Unidos. La Embajada continúa abogando por que el Gobierno resuelva todos los reclamos pendientes y mejore su clima general de inversión y de negocios.

Instituciones gubernamentales débiles, deficiencias en el estado de derecho, y un amplio control ejecutivo pueden crear desafíos significativos aquellos que hacen negocios en Nicaragua, en particular los inversores extranjeros más pequeños. Muchas personas y entidades plantean preocupaciones acerca de las costumbres y las operaciones fiscales, en particular. Las empresas que realizan grandes inversiones y mantienen relaciones positivas con el partido de gobierno tienen cierta ventaja al lidiar con la burocracia.

Existe una percepción generalizada de que las fuerzas del sector y de la policía judicial se han politizado y están sujetos a la influencia externa. Además, la importante presencia de empresas de propiedad estatal y las empresas de propiedad o controladas por funcionarios del gobierno reduce la transparencia y puede poner a las empresas extranjeras en desventaja.

Ciudadanos estadounidenses y otros con derechos de propiedad en el país han manifestado su preocupación por el proyecto del canal interoceánico. En 2013, el Gobierno de Nicaragua concedió al Grupo de Desarrollo de Nicaragua Hong Kong (HKND) una concesión de 100 años para construir el canal propuesto, sin competencia y sin oportunidad para opiniones del público. La ley nicaragüense que otorga la concesión del Canal establece que los propietarios serán pagados al "valor catastral", que los inversores estadounidenses temen será inferior al valor razonable de mercado y en violación de las obligaciones del gobierno de Nicaragua en el marco del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centro América y la República Dominicana (CAFTA-DR). La Embajada de EE.UU. en Managua ha recordado al gobierno de Nicaragua sobre sus obligaciones bajo el CAFTA-DR, así como la necesidad de un proceso abierto y transparente.

Ver reporte completo (en inglés).



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