Nepotismo institucional en Costa Rica

El sector privado denuncia que "es claro el abuso de parte del Estado al obligar a todas las dependencias y empresas públicas a contratarse entre sí."

Lunes 10 de Octubre de 2016

Del comunicado de la Unión de Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP):

Octubre, 2016. La Unión de Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP), denunció ante la Comisión para Promover la Competencia (Coprocom) al Estado costarricense por prácticas monopolísticas.
De acuerdo con la denuncia, presentada el pasado 22 de setiembre, el Gobierno está abusando del artículo 2 de la Ley de Contratación Administrativa y de la directriz 023-H, publicada el 20 de abril del 2015, para privilegiar la contratación de las propias entidades públicas.

Ver también: "Investigan al Estado por prácticas anticompetitivas"

Según la UCCAEP, el gobierno ha hecho un uso sistemático del régimen de excepción - previsto en el artículo 2- obviando procesos de licitación pública, promoviendo el uso de convenios entre entes públicos y manteniendo ventajas exclusivas en perjuicio del interés general de garantizar una administración eficiente de los recursos.
Además, considera que existe una conducta deliberada del Poder Ejecutivo, tras la publicación de la directriz, para privilegiar, en mercados competitivos, la contratación de entidades del Estado, sin importar el precio de la compra o idoneidad del adjudicatario, afectando la transparencia, la libre concurrencia y la competencia efectiva, en perjuicio del interés público y posiblemente haciendo un mal uso de los fondos públicos.

Para el presidente de la UCCAEP, Franco Arturo Pacheco, el Estado está abusando de figuras legales, pues en el caso del artículo 2, tanto la Sala Constitucional como la Contraloría General de la República han señalado el carácter excepcional de la norma.

“La Contraloría ha dicho que la Administración debe considerar diferentes alternativas dentro del mercado y buscar la decisión que le resulte más favorable al interés público y a los principios de eficiencia, eficacia y economía; pero además, la Sala Constitucional ha insistido en que toda contratación que realice el Estado, debe ser por medio de licitación, en donde se consigan las mejores opciones en cuanto a precio y calidad”, aseguró Pacheco.

En la denuncia de UCCAEP, se presenta un listado de 46 contrataciones, justificadas en el artículo 2, por más de ¢32.400 millones, entre el años 2014 y 2016, solo para los servicios de telecomunicaciones, tecnología y sistemas informáticos.

Recientemente, la Cámara Costarricense de Tecnologías de Información y Comunicación (CAMTIC), formalizó una denuncia ante Coprocom y la Contraloría, por el contrato que firmó el Ministerio de Hacienda con la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH), sin que existiera concurso abierto, para el proyecto de factura electrónica, un producto con el que la ESPH no cuenta, que no es su área de especialización y que por ende, deberá subcontratar los servicios de un tercero.

Este contrato se firmó por un monto de $8,5 millones, mientras que el sector privado ofrecía hacerlo por menos de la mitad de ese precio ($3 millones).
La denuncia fundamenta que las autoridades de Hacienda no valoraron si la ESPH contaba con la idoneidad técnica para poner en marcha la factura electrónica, y cuestionan si Hacienda entró a analizar la existencia de un precio razonable y ajustado a los criterios de competencia.

Gastaron más de ¢457 mil millones

Para la UCCAEP, el Estado es definitivamente un comprador significativo de bienes y servicios, situación que se comprueba al verificar las partidas que le fueron adjudicadas al sector público, amparándose en la directriz 023-H.

Según cifras de la Contraloría, el volumen de compras para el 2015, fue de ¢457 mil millones, es decir, un 50% del monto total adjudicado del sector público.
Los representantes de la UCCAEP insisten en que es claro el abuso de parte del Estado al obligar a todas las dependencias y empresas públicas a contratarse entre sí, en detrimento de los proveedores privados, quienes lo único que solicitan es que se les permita participar en igualdad de condiciones por medio de una licitación que promueva la sana competencia, la transparencia y el ahorro en las compras estatales.

“Tal y como se ha comprobado con el caso de la factura electrónica no existe ningún fundamento para prescindir de la licitación pública, no se verificó la aptitud a la hora de contratar a una institución pública que no tiene la idoneidad técnica para lo contratado y esto está generando es que el Estado pague sobreprecios innecesarios en perjuicio de los fondos públicos”, manifestó Pacheco.

Asimismo señalan que la directriz es un acto “abusivo, ilegal, arbitrario y anticompetitivo”, mediante el cual El Estado restringe la compra a los agentes privados, independientemente de valoraciones sobre la idoneidad y mejores condiciones de sus ofertas, fortaleciendo ilegítimamente a las empresas y entidades públicas frente a sus competidores privados.

“Esto es un acto que tiene la clara intención de evitar el acceso de agentes privados en la contratación pública. Esta práctica lo que conlleva es de nuevo a un Estado Empresario, involucrando a instituciones públicas en tareas como proveedores de servicios y productos que no poseen. Más allá de ser un tema ideológico, la decisión del gobierno supone ir en contra del principio de neutralidad competitiva en los mercados, como ya lo ha advertido el Comité de Competencia de la OCDE en foros recientes a los que Costa Rica ha asistido”, recordó el presidente de la UCCAEP.

La petición que hace el sector empresarial ante Coprocom, es que se inicie un procedimiento administrativo sancionatorio en contra del Estado y además que se gire una orden a la administración para eliminar la directriz 023-H.



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