El costo de la inestabilidad política

Ya pasaron más de dos años desde que Convía ganó el concurso para rehabilitar y operar la autopista Escuintla-Puerto Quetzal en Guatemal, sin embargo, el Congreso de la República, que se encuentra en caos a raíz de una nueva crisis política, aún no ha definido si aprueba o no la APP.

Jueves 26 de Noviembre de 2020

Después de realizarse un concurso, la  concesión fue otorgada en julio de 2018 por medio de un proceso de licitación público al Consorcio Autopistas de Guatemala (Convía), grupo empresarial que superó las propuestas de Mota-Engil Latin America y Anas International Enterprise.

A pesar de que Convía ganó el concurso, en noviembre de 2019 el Congreso votó en contra de la iniciativa de ley que bajo el formato de Alianza Público Privada (APP) cedía a favor de la compañía el uso del tramo carretero.

Ver "Política Vs. Desarrollo"

La APP que había cumplido todas sus etapas administrativas, prácticamente estaba perdida. Sin embargo, luego de que se interpusiera una acción de amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC), en julio de 2020 el máximo organismo ordenó al Congreso conocer de nuevo en tercer debate el expediente, pues según la CC se violaron principios jurídicos y de legalidad al momento de desechar el proyecto.

El fallo fue claro, pero hasta el momento el Congreso no ha realizado la votación. Sandro Testelli, presidente de Marhnos Guatemala, explicó a Prensalibre.com que "... vemos que hay buenas actitudes de algunos legisladores y otros que mantienen las dudas y lo que estamos tratando de hacer es aclarar estas dudas de cómo funciona una APP y que todos tenga la misma información y con esos datos decidan desde su óptica cual es la mejor premisa.

Ver también "Mensaje negativo a los inversionistas"

Aunque el país tiene graves deficiencias en su infraestructura vial, el directivo afirma que de no recibir el aval por parte del Congreso el proyecto se puede perder.

Testelli precisó que "... el riesgo que se ha observado es no contar con la autopista y pagar la indemnización, que es el peor de los escenarios, aunque es una decisión que le compete al organismo Legislativo. Se cree que el proyecto es una buena señal bajo el esquema de APP para los inversionistas extranjeros, 'ya que Guatemala necesita 20 mil kilómetros de infraestructura y no 40'.

El Congreso debería conocer este expediente, pero en la actualidad el Legislativo se encuentra en caos, debido a que la aprobación del Presupuesto General de la Nación 2021 provocó una nueva crisis política en el país.



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Pese a que la concesión fue otorgada en julio de 2018 por medio de un proceso de licitación público al Consorcio Autopistas de Guatemala, grupo empresarial que supero las propuestas del Mota-Engil Latin America y Anas International Enterprise, el Congreso votó en contra de la iniciativa de ley que cedía a favor de la compañía el uso del tramo carretero.

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En julio de 2018 se adjudicó al Consorcio Autopistas de Guatemala el contrato para la rehabilitación, mantenimiento y administración de la autopista Escuintla-Puerto Quetzal, con cobro de peaje.