Multas y cláusulas penales en contratación administrativa del sector público costarricense.

Con la decisión de la Sala Constitucional sobre el caso del ICE, en Compras Públicas cambió sustancialmente la forma en que los contratistas podrían ser objeto de sanción económica por incumplimientos en plazo de entrega y hasta en otros asuntos relacionados con el cumplimiento técnico y demás, de las contrataciones en ejecución.

Viernes 19 de Julio de 2013

1. En expediente 11-0015515-0007-CO, la Sala Constitucional tramitó Acción de Inconstitucionalidad contra los arts. 107, 108 y 109 del Reglamento de Contratación Administrativa del ICE. Art. 41 del Reglamento al Título II de la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector de Telecomunicaciones. Y art. 47del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.
2. La Sala, en sentencia 6639-2013 de 17/05/2013 declaró parcialmente con lugar el recurso, y decide anular la palabras “automáticamente” el art. 107 del RICA-ICE.
Ya con el conocimiento del voto íntegro de la Sala Constitucional, podemos acotar:

4. La anulación expresa de la Sala carece de interés actual dado que el ICE publicó en La Gaceta del pasado 28 de mayo un nuevo Reglamento Interno. Así, en la práctica, la Sala anuló una palabra en una norma que se ubicaba en un Reglamento a este día ya fue derogado.
5. Ahora, la Sala se inclina porque normas generales de la Ley general de la administración pública llenen vacíos que, en la Ley, existen en el ordenamiento especial de contratación administrativa, con lo que deja claro que si no es por Ley, no puede haber normativas de rango inferior, que dispongan sobre procedimientos en la materia señalada.
6. En ese sentido, a este día ninguna entidad pública costarricense que haga compras con fondos públicos, puede imponer sin garantizar el debido proceso una sanción propia de cláusula penal, sea por entre temprana o tardía, con respecto al plazo de entrega acordado.
Si es lo cierto, para el suscrito, que la misma conclusión de la Sala cabe para las multas que no refieran a plazos de entrega; sea, la multa por incumplimiento de los demás asuntos acordados. Tal cuestión por analogía debe ser entendida de esa forma.
7. Reza la sentencia: “… por un lado, la Administración no se encuentra obligada a demostrar a cuánto asciende el valor del daño sufrido, y, por el otro, el cocontratante particular conoce de manera anticipada el cuantum de la indemnización que deberá pagar en caso de cometer la falta en cuestión.” Asimismo, “Esta Sala considera que la ejecución de sanciones por cláusula penal no puede ser automática pues esto resulta contrario al debido proceso y derecho de defensa. Ciertamente, el monto de la sanción monetaria establecido en una cláusula penal está preestablecido en el cartel y el contrato, lo que en su momento fue aceptado voluntariamente por el adjudicatario. Tal situación implica que la Administración no está obligada a acreditar el monto de dicha lesión patrimonial al estar preestablecido. Lo anterior, sin embargo, no obsta para que se deba demostrar que el incumplimiento efectivamente le es achacable al adjudicatario.”
8. De lo que entonces cabe desprender, y así va la línea del juez constitucional, que no se discute el monto o porcentaje de la sanción económica, pero sí los posible sucesos que se presentaron que llevaron al incumplimiento. Sea, puede haber culpa o no del contratista, de ahí lo valioso de realizar, al menos, el proceso sumario que impone la Ley general ya citada, para que el contratado, ejerza su derecho de defensa.
9. Lo no resuelto, pero que cabe igualmente desprender de la línea de pensamiento constitucional, es qué sucede si hecho el proceso sumario, la Administración insiste en que hay una falta, y su acto final es precisamente afirmativo en ese sentido. En ese caso, ese acto final del proceso sumario puede ser objeto del régimen recursivo que igualmente desarrolla la misma Ley general. Así, el contratista tiene todo el derecho de interponer recursos como el de revocatoria o apelación en subsidio hasta agotar vía administrativa, o, como no es una materia de agotamiento preceptivo, podría accionar de una vez la jurisdicción contencioso administrativa.
10. Sobre lo que comentamos, la Sala enfatiza: “… este Tribunal estima que previo a la ejecución de una cláusula penal debe corroborarse a través de un debido proceso si el cumplimiento tardío o prematuro fue efectivamente responsabilidad del contratista o, por el contrario, existió alguna circunstancia eximente de responsabilidad. Si al adjudicatario no se le permitiera ejercer la defensa previa sino que, por el contrario, la Administración contratante pudiera ejecutar la cláusula penal de forma automática, entonces podría darse el caso de la imposición arbitraria de una sanción a un cocontratante particular a pesar de que este no fuera responsable por el incumplimiento en cuestión.”
11. Además, indica: “Está claro que ante la ausencia de una disposición que regule específicamente este punto en la Ley de la Contratación Administrativa, previo a la ejecución de una cláusula penal lo procedente es instaurar al menos un procedimiento administrativo sumario, con lo que queda satisfecha la garantía del debido proceso y la defensa, dada la naturaleza jurídica de la cláusula penal que está referida a un tipo de incumplimiento contractual muy preciso y de fácil constatación… En tal procedimiento no se analizaría el cuantum de la sanción -pues esto ya quedó fijado al aceptar el cocontratante la adjudicación-, sino solamente si el cumplimiento tardío o prematuro de la obligación contractual resulta imputable o no al cocontratante particular.”
12. Regresando al Reglamento interno vigente del ICE, en concreto el art. 109 en la frase que dice: “Para el cobro de las multas no existen recursos”, nos parece que ésta es igualmente inconstitucional, pues, primero, no tiene amparo en la Ley, y segundo, la sentencia de la Sala fue en ello contundente. Texto además que dista mucho del que aparece en el 47 del Reglamento de la Ley de contratación administrativa, que reza: “Una vez en firme el cartel, se entenderá que el monto de la multa es definitivo por lo que no se admitirán reclamos posteriores.”; de hecho este último es una copia de lo que aparece en el art. 41 del Reglamento Título II Ley No. 8660. El 41 y 47 citados son correcto en decir básicamente que el monto o porcentaje de sanción económica no tiene recurso alguno; eso lo reconoce así la Sala, pero no cabe permitir que “Para el cobro de las multas no existen recursos”, pues más bien, lo exigido es un debido proceso cuyo acto final puede ser recurrido por el régimen ordinario.
13. Ni el ICE como ninguna otra administración pueden perder de vista que sus actos y resoluciones están vinculados al ordenamiento público, de manera que cuestionar sus decisiones en sede administrativa no es algo que lo pueda limitar un reglamento, y menos de carácter interno, en tanto la Ley general de la administración pública es la que aplica cuando hay vacíos. De hecho, en cuanto a discutir los motivos, pruebas y demás, de una decisión de cobro de multas, la Contraloría General ha resuelto lo siguiente en torno al régimen recursivo que le aplica: “¿Cuál sería el procedimiento legal oportuno para cuestionar la decisión final? De una lectura de la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento se desprende que no existe en esta normativa especial regulaciones sobre el procedimiento para rebatir el monto cobrado por concepto de sanciones pecuniaras (sic) como la cláusula penal y la multa. De esa forma, pese a que el Reglamentista desarrolló con cierto detalle los supuestos de las figuras, no se contempló un procedimiento de contradictorio para impugnar el cálculo o cobro realizado por la Administración. Es por ello, que debe considerarse que la imposición de una sanción pecuniaria como las que venimos comentando, reviste de todas las características de un acto administrativo, cuya impugnación debe regirse por las reglas y figuras que contempla la Ley General de la Administración Pública, ante la ausencia de regulación en la normativa especial de orden legal y reglamentario.” (R-DCA-315-2009). Este criterio de la CGR, en lo pertinente, debe leerse ahora a la luz del voto constitucional que comentamos.
14. Las anteriores acotaciones esperamos ayuden al empresario contratista en comprender mejor cómo es ahora el nuevo escenario de multas y cláusulas penales en contratación administrativa costarricense.

Comunicado de C&C Consultores Asociados
publicado por Christian Campos Monge

Artículos relacionados

Costa Rica: Impuesto a sociedades jurídicas

Martes 30 de Mayo de 2017

A partir del 1 de setiembre de 2017 el ministerio de Hacienda comenzará a cobrar el impuesto a las personas jurídicas.

El Salvador: Ratifican sanciones a harineras

Martes 30 de Mayo de 2017

La Corte Suprema de Justicia ratificó las sanciones impuestas en 2008 a Molinos de El Salvador y HARISA por prácticas anticompetitivas, y deberán pagar $4 millones en multas.

El Salvador: Multa de $450 mil a banco privado

Lunes 13 de Marzo de 2017

Davivienda deberá reintegrar $451 mil a 200 clientes y pagar una multa de $453 mil por haber cobrado cargos por pagos anticipados en los créditos.

Costa Rica: Multan telecom por prácticas anticompetitivas

Jueves 28 de Mayo de 2015

La telecom estatal ICE deberá pagar $4 millones por abusar de su poder dentro del mercado para obstaculizar la entrada o generar la salida de otros operadores.

Ver más comunicados de prensa
cerrar (x)

Reciba más noticias sobre Compras Públicas

Suscríbase SIN COSTO a CentralAmericaDATA EXPRESS.
Todos los días, lo más importante de Centroamérica.

Ingrese su correo electrónico:

* Al suscribirse, estará aceptando los terminos y condiciones


Miércoles 18 de Setiembre de 2019 - Viernes 20 de Setiembre de 2019

V Congreso de infraestructura hospitalaria

San José, Costa Rica

Del 18 al 20 de septiembre se realizará en San José, Costa Rica, el Congreso de Infraestructura Hospitalaria, en el cual se discutirán temas relacionados a los desafíos de las generaciones futuras en materia del manejo de la salud y el bienestar...

Evento por: Departamento Editorial de CentralAmericaData.com

Papelco, S.A. de C.V.

Venta al por mayor de otros productos nuevos en comercio especializado
Opera en El Salvador
Tel: (503) 25005418

Perfil de Empresa