Minería en Honduras: Cambian las reglas del juego

Las modificaciones a la ley estipulan que previo a la solicitud de explotación, la autoridad minera requerirá a la corporación municipal realizar una consulta ciudadana en un plazo no mayor a 90 días, y la decisión adoptada será vinculante para el otorgamiento de la concesión.

Lunes 30 de Setiembre de 2019

Si el resultado de la consulta ciudadana fuere de oposición a la explotación esta no podrá volver a realizarse después de un año, previo a la instalación de una mesa de desarrollo social, precisa el texto aprobado.

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Del comunicado del Congreso Nacional:

26 de septiembre de 2019. El Congreso Nacional, aprobó este miércoles reformas por adición de varios artículos de la Ley General de Minería, iniciativa que tiene por objeto regular las actividades mineras y metalúrgicas en el país.

Es importante destacar que anteriormente los artículos que fueron reformados habían sido declarados inconstitucionales.

Con la aprobación de este decreto, la ejecución de las actividades exploración, explotación y beneficio deben realizarse de conformidad a los estándares internacionales contenidos en los convenios suscritos por Honduras en materia de protección del medio ambiente, por lo que no deberá comprometerse la salud y seguridad pública.

“Toda concesión de explotación, exploración y beneficio debe contar con su respectiva licencia ambiental conforme a la tabla de categorización vigente establecida por la Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas (MiAmbiente+) previo a iniciar operaciones”, reza el documento que contiene la iniciativa.
Asimismo, previo a la solicitud de explotación la autoridad minera solicitará a la corporación municipal realizar una consulta ciudadana cabildo abierto en un plazo no mayor de 90 días, la decisión que sea adoptada será vinculante para el otorgamiento de la concesión.

“Si el resultado de la consulta ciudadana fuere de oposición a la explotación esta no podrá volver a realizarse después de un año, previo a la instalación de una mesa de desarrollo social”, añade el decreto.

– La exploración comprende todo el conjunto de trabajos para la localización, determinación de la estructura de la mina, la morfología, dimensiones y condiciones de la yacencia del cuerpo mineral.

– La explotación comprende las operaciones, trabajos y labores mineras destinadas a la preparación y desarrollo de las minas y canteras, para la extracción técnica y racional de los minerales, su comercialización.

– Las actividades de exploración y explotación se realizan bajo el título de la Concesión Minera.

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Del comunicado del Congreso de la República de Guatemala:

Congresistas del bloque Convergencia presentaron en la Dirección Legislativa la iniciativa de Ley de Moratoria Minera e Hidroeléctrica, con la cual se propone la suspensión durante cinco años de la emisión de licencias de reconocimiento, exploración y explotación de minerales metálicos y licencias hidroeléctricas, con el propósito de que en ese  tiempo se pueda discutir una nueva política nacional para los dos temas.

Los diputados afirman que el aplazamiento permitiría el análisis de esa herramienta, que incluya la participación de la población mediante las consultas populares vinculantes, lo cual podría evitar la conflictividad social en el interior del país donde se ha registrado mayor resistencia.

El congresista Leocadio Juracán, subjefe de la bancada, dijo que es urgente suspender las actividades mineras e hidroeléctricas en el país por los problemas causados. “Han provocado un gran daño ambiental en varias comunidades y generado mucha riqueza para las empresas; el aporte económico no es mayor para el país y eso es preocupante, porque deja sin presupuesto al Estado, que no puede atender las demandas sociales”, expresó.

“Esta iniciativa es una herramienta para que iniciemos a discutir el modelo de desarrollo que queremos; pedimos que todos los diputados la analicen y se pueda conocer en el pleno de urgencia nacional, porque necesitamos resolver la problemática en todo el territorio. Sabemos que se han hecho consultas a los pueblos pero no han tenido mayor resultado; también conocemos que el Presidente de la República puede decidir sobre el tema”, comentó la legisladora Sandra Morán, jefa de la agrupación política.

Además, Juracán denunció que junto a otros colaboradores de la comisión integrada en el Congreso para conocer las demandas por campesinos de la marcha por el agua, en una verificación realizada por el desvío de ríos y contaminación fueron retenidos por un grupo de trabajadores y agentes de seguridad de una empresa extractora de metales en Santa María Cahabón, Alta Verapaz. Dijo que la denuncia penal fue presentada en el Ministerio Público para la investigación.

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