Mina Crucitas, inseguridad jurídica e inversión extranjera

Un proceso de inversión de 15 años y $127 millones fue detenido al cancelársele la concesión minera a Industrias Infinito en Costa Rica.

Viernes 26 de Noviembre de 2010

El miércoles pasado un tribunal determinó que hubo ilegalidades en el otorgamiento de los permisos dados a la minera canadiense para la explotación de la mina de oro Crucitas y decidió cancelar la concesión otorgada.

Los representantes de la empresa, que lleva invertidos alrededor de $127 millones en el proyecto, reaccionaron sorprendidos, alegando que no entendían el fallo cuando "el máximo Tribunal (Sala Constitucional) del país avaló a Crucitas como un proyecto ambientalmente, legalmente, constitucionalmente y socialmente viable".

Miembros del sector empresarial costarricense manifestaron su preocupación ante esta sucesión de hechos, comentando que se proyecta una imagen de inseguridad jurídica en el país. Luis Gamboa, presidente de la Cámara Costarricense-Norteamericana de Comercio, dijo a Nacion.com que "cuando un inversionista tiene un contrato con el Estado para realizar algún trabajo y ese contrato es cancelado o anulado por otra instancia, quien ha invertido montos importantes de dinero en el país se ve sin inversión, sin futuro".

Ya en Agosto pasado, el embajador de Canadá en Costa Rica había advertido que la situación "envía un mensaje muy incierto a la comunidad inversionista internacional en momentos en que Costa Rica busca activamente más inversión extranjera" (ver artículo completo).

La Cámara de Industrias de Costa Rica resumió la situación en un comunicado de prensa: “este fallo echa por tierra una iniciativa que lleva quince años trabajando por concretarse como empresa productiva. Son quince años de trámites y esperas que sólo el que ha sido o es empresario sabe lo que significan como via crucis. Lo verdaderamente lamentable es que un proyecto se aborte tras tanto tiempo. Si, en efecto, se equivocaron todos los que participaron en las aprobaciones durante todos estos años, incluida la sala IV, como el tribunal contencioso dice, como país hemos fallado muy gravemente …. Qué inversor va a creer en cualquier dictamen, aprobación, permiso, licencia, patente, concesión, contrato o cualquier otra modalidad emitida por las autoridades competentes si ante los tribunales puede ser impugnada, rebatida, anulada, por errores, incompetencia o fallos originados en la propia autoridad pública. Es eso que se llama inseguridad jurídica, acompañada o aliada, en complicidad, con la inseguridad de la incompetencia.



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