Los servicios financieros en América Latina

Reporte de Economía y Desarrollo del CAF - Banco de Desarrollo de América Latina - titulado Servicios financieros para el desarrollo: promoviendo el acceso en América Latina.

Jueves 8 de Diciembre de 2011

De la introducción de cada uno de los capítulos del reporte:

Acceso a servicios financieros - Desarrollo y bienestar

¿Por qué el acceso a los servicios financieros podría constituir un factor importante para impulsar el desarrollo económico y el bienestar en América Latina? Un primer aspecto muy relevante es que las instituciones financieras tienen la misión de captar el ahorro doméstico –y eventualmente también aquel de fuentes externas– para financiar tanto el capital de trabajo (necesidad de liquidez) como la inversión de las empresas (capital físico). Por su parte, las familias también requieren crédito para financiar inversiones o necesidades de gastos (p.e., la educación de los niños o la compra de bienes durables), cuya temporalidad puede no coincidir con la disponibilidad corriente de ingresos o ahorros. Aparte de los servicios de ahorro y crédito, el sistema financiero ofrece servicios de aseguramiento, determinantes para los proyectos de inversión sujetos a eventos o fatalidades que puedan afectar muy negativamente su retorno (p.e., inestabilidad climática en el caso de la producción agropecuaria), y para el bienestar de las familias, sujetas a accidentes o enfermedades del jefe de hogar o cualquiera de sus miembros. Finalmente, un servicio también muy importante que ofrecen las instituciones financieras está asociado con la facilitación de las transacciones o medios de pago de la economía.

Panorama de los sistemas financieros en América Latina: avances y desafíos

En el capítulo anterior se destacó la importancia del adecuado funcionamiento de los sistemas financieros. Al reducir los problemas de información, facilitar las transacciones y mejorar el manejo del riesgo, el desarrollo de los sistemas financieros permite levantar restricciones que afectan las decisiones de ahorro e inversión de los agentes económicos, lo cual incide positivamente tanto en el crecimiento como en otras dimensiones del bienestar. En este capítulo la mirada se centra en el estado de desarrollo y la dinámica reciente de los sistemas financieros en América Latina.

La mayor parte de los estudios empíricos que analizan el desarrollo de los sistemas financieros emplean indicadores de “profundidad” de los sistemas que dan cuenta del tamaño de los intermediarios financieros con relación al tamaño de la economía2. Entre los indicadores más utilizados se encuentran: el volumen de los pasivos líquidos de los bancos y de otros intermediarios financieros; el nivel de depósitos; el crédito al sector privado; la liquidez o capitalización de los mercados de valores o de bonos, todos con respecto al PIB.

Las medidas de profundidad, sin embargo, no aportan información directa sobre algunos de los mecanismos a través de los cuales los sistemas financieros contribuyen con el bienestar de la sociedad. Por ejemplo, no permiten inferir hasta qué punto un mayor nivel de intermediación resulta compatible con la reducción de los problemas de información y de las barreras que frenan el acceso a los servicios financieros, ni cómo se distribuyen los recursos entre los agentes económicos. Este último aspecto estaría más ligado con la noción de ‘acceso’ que intenta medir la disponibilidad y uso, por parte de empresas y familias, de los productos y servicios que ofrecen los sistemas financieros (tales como medios de pago, cuentas de depósito, disponibilidad de financiamiento) en diferentes formas o mecanismos de aseguramiento.

Financiamiento y desarrollo empresarial

Existe una amplia evidencia que indica que las pequeñas y medianas empresas (PyME) son un actor muy relevante en las economías de América Latina. Aportan entre el 45% y 65% del empleo y entre el 25% y 35% del PIB (Llisterri, 2007). Además, generalmente, las PyME son una fuente de empleo importante para los trabajadores poco calificados así como para las mujeres y los jóvenes, poblaciones que suelen representar una porción importante de los desempleados en las economías emergentes. Más aún, Rocha et al. (1997) muestran que estas firmas cumplen un papel significativo en la capacitación de sus trabajadores. La encuesta de Enterprise Surveys del Banco Mundial (2010b) señala que alrededor del 60% de los empleados de las PyME han recibido algún tipo de entrenamiento formal en sus empresas. En tal sentido, el desarrollo de estas unidades productivas puede constituir una fuerza esencial en el combate de la pobreza y la desigualdad.

Microcrédito productivo y las microfinanzas

Cuando se habla de acceso a servicios financieros, y en particular de acceso al crédito para la microempresa, resulta imposible no hacer referencia al movimiento de las microfinanzas. Las microfinanzas, combinando ingredientes filantrópicos y comerciales, se han consolidado como un segmento del sistema financiero que da acceso a una vasta cantidad de clientes previamente excluidos por la banca tradicional. Solo para el año 2007 se reporta que más de 150 millones de personas son clientes de una institución microfinanciera (Microcredit Summit Campaign, 2009). Este desarrollo sin precedentes en materia de inclusión financiera ha levantado gran entusiasmo entre algunos promotores del desarrollo, quienes han visto en las microfinanzas el camino a la inclusión social. En el presente capítulo se describen los aspectos centrales de este movimiento con especial énfasis en el microcrédito productivo. Conviene aquí dejar claro que el concepto de microfinanzas, además de incluir el microcrédito, incluye el microahorro, el microseguro y otros tipos de servicios financieros para familias de bajo recursos2. El análisis recogerá la experiencia de América Latina y el Caribe al respecto, región considerada una referencia en microfinanzas gracias al alto nivel de desarrollo alcanzado por la industria en algunos de sus países, especialmente en Bolivia y Perú.


Acceso y bienestar de los hogares

La distribución temporal de las necesidades de gasto y consumo de las familias casi nunca coincide con los tiempos de sus flujos de ingreso. Esto es cierto tanto para los ingresos y gastos planificados, como para el salario y el gasto en comida semanal o la inversión en la educación de los niños, como para los gastos no esperados como emergencias médicas u otros imprevistos. Es decir, todos los hogares hacen uso de alguna tecnología que les ayuda a ajustar, de alguna manera, los flujos disparejos: a veces esta tecnología es moderna y opera a través del sistema financiero con una plataforma tecnológica avanzada; otras veces, la tecnología es menos eficiente y puede implicar la venta de activos para cubrir emergencias o la toma de préstamos informales a tasas muy elevadas. En la medida en que estas tecnologías sean más efectivas y menos costosas, mayor será el bienestar de los hogares. El objetivo de mejorar el acceso a los servicios de ahorro y de crédito para las familias está dirigido a reducir este descalce. Tanto el ahorro como el crédito representan formas de retrasar o de adelantar el consumo de los hogares; por ello, es útil analizarlos conjuntamente ya que, de alguna forma, uno es la contraparte del otro, aunque los hogares no siempre sean conscientes de ello.


Banca pública: viabilidad, segmentación y Gobierno Corporativo

¿Qué debería hacer el Estado para incentivar al sector financiero a impulsar un mayor acceso al crédito? Las discusiones sobre las políticas públicas para alcanzar este objetivo suelen centrarse en la necesidad de que el Estado genere un ambiente regulatorio favorable como la mejor forma de promover este tipo de resultado por parte de la banca privada. Las recomendaciones de política –particularmente después de la década de los noventa, caracterizada por la promoción de procesos de privatización y por la apertura de los sectores financieros en América Latina–, suelen enfatizar el papel del Estado como un actor fundamental en la consolidación de las regulaciones bancarias y en el fortalecimiento institucional de las superintendencias
financieras. Bajo este contexto, no habría mucha justificación para la presencia directa del Estado a través de la banca pública.

Sin embargo, la magnitud de la reciente crisis financiera global ocurrida entre 2007 y 2009 mostró que la banca pública también puede desempeñar un papel relevante en momentos en que el crédito se hace escaso. Esta experiencia, particularmente en países como Chile y Brasil, en que los bancos públicos se asociaron con la banca privada con el propósito de resolver dicha crisis, abre nuevamente las siguientes interrogantes: ¿es posible justificar la presencia directa del Estado en el sector bancario? De ser así, ¿existe alguna modalidad de banca pública bajo la cual la intervención es más conveniente? ¿Es mejor que el Estado participe como operador directo o más bien solvente los problemas de asignación de crédito a través de mejores regulaciones y/o otros instrumentos indirectos? ¿Cuáles son esas potenciales fallas de mercado que el Estado debería enfrentar a través de un banco público? Y, en caso de que el gobierno decida operar directamente un banco con el fin de mejorar la asignación de crédito y la provisión de servicios financieros, ¿cuáles serían los factores regulatorios, institucionales y de Gobierno Corporativo que podrían incrementar sensiblemente su efectividad?



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