En Guatemala los empresarios piden al gobierno entrante que se cree una política pública en materia de inversión extranjera que incorpore temas como trato justo y equitativo de las inversiones, el estándar de trato mínimo y la definición de arbitrariedad.
Jueves 29 de Agosto de 2019
La inversión extranjera directa (IED) en el país no pasa su mejor momento, ya que las cifras del Banco de Guatemala precisan que en 2018 el flujo captado fue de $1.031 millones, 12% menos que los $1.170 millones reportados en 2017. Ver datos oficiales.
Ante esta situación, sectores empresariales demandan a las autoridades de turno y a las que asumirán en enero de 2020, que se mejoren las políticas públicas para las inversiones que llegan al país, pues en los últimos años se registran casos de empresas que han tenido que enfrentar demandas de arbitraje internacional en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).
Carlos Cabrera, integrante del Comité Legal de la Cámara de Comercio Canadiense, explicó a Prensalibre.com que "... Es necesario que esa política pública incorpore los conceptos que se han argumentado en varios laudos del Ciadi como el trato justo y equitativo de las inversiones, el estándar de trato mínimo y la definición de arbitrariedad."
Cabrera añadió que la política "... Debe contener procedimientos claros para evitar la arbitrariedad de la actuación de los funcionarios de todas las entidades estatales. El objetivo es que esas acciones sean un compromiso de Estado y trascienda a las autoridades de turno y al menos a los dos gobiernos siguientes."
La coordinación institucional de los tres organismos del Estado para garantizar la correcta ejecución de los proyectos de inversión, establecer una agenda nacional económica que permita claridad a los funcionarios y políticos sobre el rumbo económico del país, y priorizar en la agenda el fomento a la inversión extranjera, son otros aspectos que deben tomarse en cuenta para elaborar la política solicitada.
A quince años del primer acercamiento, los países no han llegado a un acuerdo sobre las condiciones de ingreso de productos como textiles, carnes o azúcar.
Desde 2001, Guatemala y Canadá intentan cerrar las negociaciones que permitan crear un área de libre comercio entre ambos mercados.
La aprobación del Acuerdo de protección de inversiones entre ambos países propiciaría la instalación en el país de 18 empresas chinas que han demostrado su interés en hacerlo.
La demora en la aprobación de la ley de aprobación del acuerdo de promoción y protección de inversiones entre China y Costa Rica fue la principal razón de la no concreción de los planes de seis empresas que pretendían invertir en el país, según el ministro de Comercio Exterior, Alexander Mora. Estas empresas forman parte de una lista inicial de dieciocho empresas chinas con las que desde hace más de un año se está en negociaciones.
El arbitraje entre el Estado salvadoreño y la minera Pacific Rim está en sus etapas finales en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones.
La minera canadiense había sido autorizada a explotar la mina El Dorado en el año 2002, durante la administración del presidente Francisco Flores, pero su sucesor Antonio Saca anunció -y cumplió- que no autorizaría ningún proyecto minero, posición que también mantuvo el actual presidente Mauricio Funes.
El Gobierno salvadoreño presentó un nuevo pliego de objeciones luego que el CIADI avalara continuar a la siguiente fase.
En el documento, presentado como respuesta al aval dado por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) de seguir con el caso, se detalla el cambio de nacionalidad de la empresa con el propósito de aprovechar los beneficios del tratado de libre comercio.
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