Las demandas de los empresarios en Costa Rica

De cara a la segunda ronda electoral prevista para el 1 de abril, las gremiales del sector privado llaman a los dos candidatos a presentar sus propuestas económicas para reducir la incertidumbre que actualmente pesa sobre el clima de negocios.

Martes 6 de Febrero de 2018

Una solución al problema fiscal, alternativas para reducir el costo de la energía y de otros costos de producción que afectan la competitividad del país es lo que demandan los empresarios de Costa Rica a los candidatos que se enfrentarán en la segunda vuelta electoral el 1 de abril.

Ver también "Elecciones en Costa Rica: No se discute lo más importante"

Desde el sector bancario llaman a Carlos Alvarado, del Partido Acción Ciudadana (PAC) y Fabricio Alvarado, de Restauración Nacional (PRN), a plantear sus propuestas en el ámbito económico y fiscal, para minimizar los efectos negativos que la incertidumbre política genera sobre la actividad empresarial. María Isabel Cortés, directora ejecutiva de la Asociación Bancaria Costarricense (ABC), comentó a Nacion.com que "... ´la compleja situación política incrementa la incertidumbre y, por tanto, las decisiones de inversión se postergarán."

Por su parte,  Mario Montero, vicepresidente Ejecutivo de la Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria (CACIA), explicó que "... El sector quiere saber si tendrá ministros y direcciones de organismos que administran el comercio con una visión proteccionista, tal y como se dieron en algunos hechos concretos durante la presente administración, o si más bien tendrán una visión de facilitación de ese comercio´."

Del comunicado de la Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria (CACIA):

- Alejarse del proteccionismo agrícola que paraliza o impide importaciones de materias primas de procesamiento agroindustrial.

- Tener una filosofía de servicio al cliente, especialmente del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y del Ministerio de Salud, donde a la empresa privada se le facilite la obtención de requisitos, apegados a la legalidad, la ciencia y a los reglamentos y estándares sanitarios internacionales; no como sucede actualmente, donde el empresario es un ente regulado que debe demostrar que no es un “delincuente en potencia”.

- Enviar señales contundentes hacia la facilitación del comercio con nuestros socios comerciales más cercanos como Centroamérica y Panamá; mostrando en sus programas de Gobierno un compromiso hacia la facilitación del comercio y la eliminación a los obstáculos técnicos al comercio, como las iniciativas de etiquetado nutricional de advertencia que actualmente promueven algunas entidades regionales.

- Evitar impuestos específicos a productos alimenticios, para no crear barreras y obstáculos a sectores productivos a través de iniciativas impositivas particulares, como el proyecto de ley para imponer impuestos a la industria de las bebidas o a los alimentos agroindustrializados.

- Reforzar las estrategias de seguridad para frenar los asaltos a los camiones repartidores de productos. Se requieren programas formalizados e institucionalizados de combate al crimen organizado y a la inseguridad que hoy sufren los procesos comerciales de las empresas, las cuales además de asumir las cargas tributarias y sociales, deben enfrentar las deficiencias en materia de infraestructura e incrementar los costos en seguridad.

- Liderazgo político contundente y rectorías para la promoción de la formalidad de la pequeña empresa, para que los que son informales tengan un entorno más amigable para desarrollar su actividad comercial dentro de la legalidad pero, al mismo tiempo, equipos de control y combate directo al informalismo que existe por la cultura de evasión de responsabilidades.

- Contar con un equipo técnico que trabaje en la reforma al sector energético del país que le garanticen al sector productivo tarifas competitivas en materia de electricidad, hidrocarburos y Gas Licuado de Petróleo (GLP).




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