La otra cara de la crisis fiscal

El costo de no tomar decisiones sobre el grave problema fiscal que afecta a Costa Rica "resulta inconmensurable y con el potencial de afectar no sólo el orden económico, sino social y democrático del país."

Viernes 10 de Agosto de 2018

Así de enfática y clara es la postura de la Contraloría General de la República de Costa Rica sobre la grave y riesgosa situación en que se encuentran las finanzas públicas del país. Y como bien se menciona en el informe "Evolución Fiscal y Presupuestaria I semestre 2018", publicado recientemente por la institución, si se sigue dilatando la toma de decisiones que resuelvan los problemas de liquidez de corto plazo y modifiquen la estructura del gasto público a mediano y largo plazo, el costo para el país será mucho más que solo económico.

De la presentación del informe "Evolución Fiscal y Presupuestaria I semestre 2018":

En tan solo 10 años, la Hacienda Pública pasó de una situación superavitaria a un déficit financiero que roza peligrosamente los críticos valores de los años ochenta e incluso se estima que los superen: en 2017 el déficit financiero del Gobierno Central se situó en 6,2% del PIB, y para 2018 y 2019 el BCCR lo proyecta en 7,2% y 7,5% del PIB, respectivamente, un deterioro profundo.

Entre más tiempo pase sin realizar el ajuste, la consecuencia es que este tenga que ser más elevado y costoso para la sociedad. Poco a poco el país ha ido sumando elementos que lo hacen más riesgoso y vulnerable. Las condiciones macroeconómicas van cambiando y se tornan menos favorables. En la revisión del Programa Macroeconómico 2018-2019 el BCCR ajustó a la baja las proyecciones de crecimiento de 4,1% estimado en julio 2017, a 3,2% (PIB real) para 2018 debido al comportamiento de la demanda interna; además, existe una fuerte presión al alza en las tasas de interés –producto de los altos requerimientos de liquidez del Gobierno Central y aumentos observados en las tasas de la Reserva Federal–, así como riesgos de depreciación e inflación ante ajustes en la tasas de interés externas y riesgo de mayor efecto de inflación importada en ausencia de una solución estructural para las finanzas públicas. A nivel externo el BCCR identifica riesgos a la baja en relación con un menor crecimiento mundial (demanda externa) y el precio de las materias primas. En síntesis: la coyuntura macroeconómica es menos favorable, con riesgos internos y externos de consideración.

Por el lado de los ingresos, los principales impuestos -ventas y renta- muestran crecimientos mínimos acumulados a junio de 2018 del 0,7% y 2,0% en orden; en general, durante los primeros seis meses de 2018 los ingresos corrientes crecieron a una tasa nominal del 1,5%. En contraste, los gastos corrientes (remuneraciones, intereses y transferencias, principalmente) lo hicieron a una tasa del 8,6%, muy superior que la del ingreso, y sin un freno tangible a corto y mediano plazo en ausencia de reformas estructurales que impacten de forma significativa la composición, calidad y eficiencia del gasto. Tan solo para cubrir el pago de intereses, transferencias corrientes y remuneraciones, se requeriría destinar el 131,2% de los ingresos corrientes. Dicho en otros términos, los ingresos corrientes no alcanzan a financiar siquiera la operativa más básica del Gobierno. Como consecuencia, los espacios para la inversión son mínimos.

Por el lado de la composición del portafolio del endeudamiento este se torna paulatinamente más vulnerable, con el consecuente incremento en el riesgo de refinanciamiento. A manera de ejemplo, el 48% de las colocaciones realizadas en el segundo semestre de 2017 vencen en 2018, y durante el primer semestre de 2018 no se logró cumplir con la meta de canjes de deuda; como resultado, el pasado 31 de julio el Ministerio de Hacienda presentó ante la Asamblea Legislativa un presupuesto extraordinario para incrementar el límite de endeudamiento interno en ¢600 mil millones, con el fin de hacer frente a los vencimientos de 2018 y en general de los requerimientos del flujo de caja del Presupuesto, es decir, se requiere incrementar el límite de la autorización de endeudamiento para amortizar las colocaciones de periodos previos. Incluso se prevé la presentación de un segundo presupuesto extraordinario con el fin de suplir la menor recaudación esperada de ingresos corrientes en el 2018 en comparación con el monto actualmente presupuestado, recaudación de menos que esta Contraloría estima en el orden de los ¢ 335 mil millones, producto de una menor actividad económica esperada y de un menor rendimiento tributario interno de los principales sectores económicos. Como se aprecia, el país está inmerso en un círculo perverso en materia fiscal.

En consecuencia, poco a poco el portafolio de deuda del Gobierno Central ha mostrado una desmejora en los principales indicadores de riesgo. Riesgo de moneda, por el aumento en la proporción de deuda en dólares (de 19,3% en 2016 a 24,6% al mes de junio de 2018); riesgo de plazo, donde el porcentaje de deuda que vence en menos de un año pasó de 15,0% en 2016 a 18,2% en 2018; riesgo de interés, con un 20,2% de la deuda pactada en tasa variable (12,3% en 2016). En palabras sencillas, ante la premura en las necesidades de liquidez, se deben ofrecer tasas más altas, plazos más cortos, y/o en moneda extranjera en las colocaciones de deuda.

Algunos riesgos se están materializando. Hace un año se evidenció el deterioro en las condiciones de liquidez. El día de hoy se observa en las dificultades de colocación y en la desaceleración de los ingresos. Todo ello mientras la estructura de egresos continúa sin cambios sustantivos.
Como último agravante, existen situaciones que inciden en la transparencia presupuestaria. A la fecha, pasivos relevantes como las obligaciones del Estado con la CCSS no están siendo presupuestados y contabilizados dentro del déficit financiero, aunque sí se registran como un pasivo en los estados financieros del Poder Ejecutivo (al 31 de diciembre de 2017, existía una deuda acumulada por concepto de Contribución Estatal al Seguro de Pensiones que ascendía a la suma de ¢88.519 millones). De haber materializado este pago, el déficit financiero en 2017 habría ascendido al 6,4% del PIB en lugar de 6,2%, sólo por ese concepto. Para 2018 el aumento citado tampoco tiene contenido presupuestario. Esta Contraloría también dictaminó de forma negativa la liquidación del presupuesto 2017, ante la ausencia de registro de las inversiones realizadas y no recuperadas en el Banco Crédito Agrícola de Cartago, que de haberse registrado habrían elevado el cálculo del déficit financiero de ese año en 0,4% del PIB.

Situación similar ocurre con la deuda. Cambios no previstos en las colocaciones y canjes han llevado al Ministerio de Hacienda a realizar amortizaciones de títulos de la deuda sin contar con el necesario contenido presupuestario, que contraviene condiciones de rango constitucional y legal. La estrategia de canjes, si bien válida, puede generar opacidad en el fenómeno del endeudamiento. Como corolario, la coyuntura fiscal ha ido minando la transparencia presupuestaria.

El panorama se completa con la dependencia y vulnerabilidad indirecta de instituciones del Sector Público descentralizado del giro de recursos que realiza el Gobierno. Pese a ello, las directrices de control de gasto que emite el Gobierno no son de acatamiento obligatorio para todo el Sector Público, sino que solo comprenden el ámbito de la Autoridad Presupuestaria e instituciones bajo el Régimen del Servicio Civil en lo que atañe a las remuneraciones. Quedan por fuera instituciones autónomas, municipalidades y Poderes de la República. En el presente documento, se visualizan una serie de áreas de mejora en la gestión de las instituciones públicas, desde el tema de la sostenibilidad, hasta la ejecución de proyectos y del presupuesto, todo lo cual puede y ha llegado a impactar, como en el caso del Banco Crédito Agrícola de Cartago, las finanzas estatales. El uso más eficiente de los recursos públicos por parte de todas las instituciones estatales es imperativo en la coyuntura fiscal actual.

Este breve recuento permite apreciar riesgos crecientes que conducen a un aumento en la vulnerabilidad fiscal. A efectos de no tener una gran afectación en el bienestar actual y futuro de los habitantes, de no tener una nueva generación perdida, los tomadores de decisión no pueden seguir postergando el ajuste fiscal. En última instancia, serán los sectores más vulnerables, que dependen en mayor medida de los servicios públicos esenciales (como salud, educación y pensiones), las más afectadas ante recortes drásticos del gasto.

El país vive la coyuntura más compleja de las últimas décadas. La estrechez fiscal y la dimensión de la deuda van en aumento. Ante este panorama, el país requiere tomar las decisiones sobre la reforma fiscal así como sobre los temas estructurales para iniciar el camino hacia la sostenibilidad de las finanzas públicas de forma inmediata, sin distractores, ni dilaciones provocadas por discusiones estériles y por encima de intereses particulares. El costo de no hacerlo resulta inconmensurable y con el potencial de afectar no sólo el orden económico, sino social y democrático del país.

Ver informe completo.



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