En Guatemala los agentes económicos no tienen las necesarias facilidades de acceso a la información pública como insumo de sus decisiones empresariales.
Martes 10 de Diciembre de 2013
Con el objetivo de conocer los avances en el cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública, Acción Ciudadana y Transparencia Internacional evaluaron el funcionamiento de los sitios electrónicos y las unidades de información durante el 2013.
El artículo de Elperiodico.com.gt reseña que en una escala de 0 a 100, las instituciones calificadas con “regular” fueron el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) con 58,73%, la Corte de Constitucionalidad (58,08%), el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (53,63%), la Contraloría General de Cuentas (53,43%), el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (45,03%) y la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG) con un 35,24%.
Con un mal nivel de acceso a la información pública fueron calificadas: El Instituto Técnico de Capacitación y Productividad (32,71%), el Ministerio Público, (31,37%), la Secretaria de Asuntos Agrarios (28,64%), el Instituto de Recreación de los Trabajadores de la Empresa Privada de Guatemala (12,57%), el Instituto de Fomento de Hipotecas Aseguradas, (11,04%) y la Municipalidad de Mixco con 27,42%.
Las instituciones que obtuvieron el puntaje más alto por el buen cumplimiento fueron el Organismo Judicial (OJ) con 91,36 puntos, el Organismo Legislativo (OL) con 76,43 puntos y el Organismo Ejecutivo (OE) con 73,68 puntos.
David Gaitán, coordinador de Transparencia Internacional explicó que el cumplimiento de esas instituciones debería ser mayor, debido a su importancia dentro del aparato estatal. “El objetivo no es perjudicar a las instituciones, sino más bien incidir en ellas para que puedan ver en que se puede mejorar”, agregó.
A contrario sensu de la doctrina internacional sobre acceso a la información pública, un fallo del tribunal supremo costarricense admite como válida la grosera chicana técnica utilizada para obstaculizar el manejo de datos requeridos a una institución pública.
EDITORIAL
La Sala Constitucional de Costa Rica denegó un recurso presentado por periodistas del semanario El Financiero, validando de esa manera la utilización de claves para impedir el análisis por medios informáticos de una base de datos con información sobre los salarios pagados en el estatal Banco de Costa Rica. Ver Sala Constitucional limita libre acceso a base de datos públicos
Los funcionarios estatales no son dueños de la información que gestionan, y cuando esa información no haya sido legalmente declarada como reservada, debe asegurarse su disponibilidad al público.
EDITORIAL
Y disponibilidad quiere decir que las instituciones públicas deben tener todos los caminos allanados para su obtención, tanto en lo administrativo como en lo técnico.
Con objetivos similares a los de CICIG en Guatemala, la MACCIH ya tiene aval legislativo y los fondos para comenzar su tarea de combate a la corrupción, traba al desarrollo económico y social de Honduras.
Tras la aprobación en el Congreso hondureño del acuerdo firmado suscrito por el presidente Juan Orlando Hernández y la Organización de Estados Americanos (OEA) para instalar la Misión de Apoyo a la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), la delegada en Honduras del organismo hemisférico anunció que ya están disponibles los fondos para la instalación del nuevo organismo que combatirá en forma independiente de los poderes constitucionales del país, la corrupción imperante.
Tras la aprobación en Guatemala de la Ley de Acceso a la Información Pública, El Salvador y Costa Rica son los únicos en el istmo que carecen de una ley similar.
La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) presentó ayer su anteproyecto de ley de transparencia y acceso a la información pública.
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