La Asamblea Eléctrica de Costa Rica

Quienes resultan electos para desempeñar cargos ejecutivos como la Presidencia de la República, deben ser EJECUTIVOS, y no escudar su responsabilidad en la toma de decisiones, apelando a asambleas deliberantes.

Jueves 23 de Octubre de 2014

EDITORIAL

En Costa Rica la energía, específicamente la eléctrica, se ha convertido desde hace varios años, en tema continuamente presente en la agenda de empresarios y gobernantes, por su impacto negativo -por su elevado costo- en la competitividad del país. En la última campaña electoral, la forma de abordar este tema marcó diferencias entre los candidatos, y seguramente definió el voto de muchos electores. Es un tema urgente que requiere toma de decisiones urgentes.

Pero ahora, la decisión "ejecutiva" del Poder Ejecutivo encabezado por el Presidente Luis Guillermo Solís, fue instaurar una Asamblea integrada por más de "60 actores, ambientalistas, empresas, entidades públicas y más" que "dialogará" y supuestamente definirá una política pública en la materia para las próximas décadas. El plazo previsto para que esa asamblea entregue los resultados de su trabajo es de 18 meses (¡¡¡ un año y medio!!!), luego de los cuales el Poder Ejecutivo, a su vez, definiría una política de energía concreta.

Una grave confusión conceptual sobre el funcionamiento de una democracia moderna lleva al gobierno de Costa Rica a considerar que "si es una asamblea, es buena". Y en el principio es así: la asamblea ciudadana es la base de la legitimidad de los gobernantes y de sus decisiones. Pero la elección de la Asamblea Ciudadana en un país con democracia representativa se produce durante las elecciones, cuando los ciudadanos eligen entre los candidatos a legislador. Luego de las elecciones, cada una de las instancias de gobierno debe ocuparse de sus tareas específicas: el Poder Ejecutivo a EJECUTAR en base a las ideas expresadas en la campaña electoral, y el Poder Legislativo a legislar en régimen de Asamblea representativa del pueblo.

Es en esa Asamblea Legislativa donde se deben decidir políticas nacionales, por supuesto en consulta con todos los sectores involucrados, como es tradicional. Es en la Asamblea Legislativa de Costa Rica -elegida por todos los ciudadanos- donde se debe decidir la política energética costarricense, y no en una asamblea integrada según criterios no institucionales, donde el peso de las representaciones sectoriales -¿quizás del que grite más?- puede inclinar la balanza de las decisiones a favor de intereses que no son los de la Nación en su conjunto.

La dinámica deliberativa de la Asamblea Legislativa y la toma de decisiones institucionalizada en forma de leyes, es el ámbito adecuado para la definición de políticas nacionales. Esto, que parece de Perogrullo, no es lo reflejado en esa mesa de diálogo energético, supuestamente nacional, instancia que en principio no parece ser otra cosa que una manera socialmente aceptable de "tirar la pelota para adelante", en la incapacidad de tomar ahora las decisiones urgentes que el tema requiere.

A contrapelo de esa Asamblea Eléctrica, que no tiene legitimidad para formular políticas nacionales, es de hacer notar, como ejemplo genuino de funcionamiento de una democracia, la presentación en la Asamblea Legislativa de un proyecto de Ley que habilitaría por parte del Instituto Costarricense de Electricidad, la explotación geotérmica en zonas protegidas.

Ver artículo sobre el tema en Crhoy.com



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Nota del editor:
Esta opinión se escribió horas antes de que el ya designado nuevo Regulador General de Costa Rica informara de su renuncia al cargo que detentaba en el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). Al comunicar su renuncia el funcionario señaló: "No existe ningún conflicto legal entre el cargo que ocupaba en el ICE y mi designación como Regulador General; sin embargo, tomo esta decisión en aras de la transparencia que debe prevalecer en mi nuevo puesto". Su insistencia en la legalidad de su nombramiento, insistencia que aparenta justificar lo anti ético del mismo, hace que se mantenga la preocupación por la justicia de las decisiones que deberá tomar en el ejercicio de su cargo. Esta preocupación crece si se considera que si no hubiera renunciado, era obligatoria su abstención en las decisiones que involucraran a la empresa donde mantenía su cargo. Ahora ya no tendrá que abstenerse.

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