Investigan al Estado por prácticas anticompetitivas

En Costa Rica se abrió una investigación contra el Ministerio de Hacienda y la Empresa de Servicios Públicos de Heredia por prácticas anticompetitivas en el mercado de las tecnologías digitales.

Miércoles 5 de Octubre de 2016

Ver: "En Costa Rica el Estado paga $8: por lo que vale $3:"

Del comunicado de la Cámara Costarricense de Tecnologías de Información y Comunicación (CAMTIC):

Octubre, 2016. La Comisión para Promover la Competencia (COPROCOM), ente adscrito al Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), abrió una investigación contra el Ministerio de Hacienda y la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) por prácticas anticompetitivas.

El pasado 11 de agosto, la Cámara Costarricense de Tecnologías de Información y Comunicación (CAMTIC) presentó una denuncia ante COPROCOM, contra esas dos instituciones públicas por prácticas desleales en el mercado de las tecnologías digitales.

De acuerdo con el acta de notificación emitida por la COPROCOM y entregada a CAMTIC el 4 de octubre, también se realizará una investigación preliminar contra las empresas que estaría subcontratando ESPH, para cumplir con las obligaciones contractuales.
"Con mucha complacencia recibimos la respuesta de la COPROCOM donde ordenan el inicio de una investigación preliminar para determinar si existen indicios de la realización de una práctica anticompetitiva o la existencia de posibles barreras de entrada. Creemos que la investigación va a resultar favorable para nosotros porque el Ministerio de Hacienda nunca consultó al mercado”, manifestó el presidente de CAMTIC, Luis Carlos Chaves.

Según la denuncia, presentada por la Cámara de Tecnología, el Ministerio de Hacienda abusa del artículo 2 de la Ley de Contratación Administrativa y amparándose en esa norma procedió a firmar el contrato con la ESPH, para que desarrollara e implementara un sistema de factura electrónica, sin que mediara ningún proceso de concurso público.
De hecho, en la misma acta de notificación, se le está solicitando a la Contraloría General de la República que se refiera al régimen de excepción de contratación directa entre entidades públicas.

“En este caso, lo lamentable es el abuso del artículo 2, ya que no se está haciendo un uso eficaz y eficiente de los fondos públicos y más bien se está usando como un instrumento para saltarse los controles de la Contraloría General. Fiscalizar el uso eficiente y eficaz de los fondos públicos es justamente una de las funciones del ente contralor, por lo que esperamos que esta institución frene dichos abusos", aseguró Chaves.

Cámaras respaldan a CAMTIC

Un total de 13 cámaras empresariales del sector privado manifestaron su preocupación ante la amenaza que el gobierno esté realizando un abuso sistemático de esa forma de contratación directa, pues al utilizar ese mecanismo de excepción, Hacienda está confundiendo celeridad en el proceso de contratar con los principios fundamentales de eficiencia, eficacia y economía.

Entre las cámaras que presentaron coadyuvancias están: la Cámara Nacional de Turismo (CANATUR); el Consejo de Desarrollo Inmobiliario (CODI), la Asociación Nacional de Exportadores de la Industria Textil (ANEIT), la Cámara Textil Costarricense (CATECO), la Cámara de infocomunicaciones (INFOCOM), la Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria (CACIA), la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR), la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria (CNAA), la Asociación de Empresas de Zonas Francas (AZOFRAS), la Asociación de Grandes Consumidores de Energía (ACOGRACE), la Cámara Costarricense de Transportistas Unitarios (CCTU), la Cámara Nacional de Radiodifusión (CANARA) y la Cámara Costarricense de la Construcción.

Para el presidente de INFOCOM, Oscar Emilio Barahona, la presentación de la coadyuvancia era importante para sentar un precedente. “Estamos muy satisfechos de que también se le haya dado curso a nuestra coadyuvancia, es un primer paso y vamos en la dirección correcta pues significa que el proceso van por buen camino. Confiamos en que los siguientes resultados confirmen nuestra tesis, sobre los actos del Ministerio de Hacienda, que han propiciado que se termine la competencia, que es muy sana, para obtener mejores resultados en las compras del Estado”, dijo Barahona.

De acuerdo con José Manuel Hernando, presidente de CACIA, todos los días, la Industria Alimentaria se relaciona con instituciones y entidades del Estado. En dicha relación entre el Estado y la empresa privada no puede existir ningún tipo de discriminación ni acto subjetivo de la administración, la cual debe apegarse a la regulación en materia de Contratación Administrativa, la cual le da certeza jurídica a la relación entre ambas partes.

“La licitación pública es un instrumento de contratación administrativa destinada a promover y estimular la competencia en el cual participan el mayor número posible de oferentes, con el fin de que la Administración pueda contar con una amplia y variada gama de ofertas de donde se pueden obtener las mejores condiciones en cuanto a precio, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. Dicha competencia estimula el sano desarrollo del mercado, la transparencia y reduce la corrupción”, aseguró Hernando.

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