Inseguridad y conflictividad ahuyentan inversiones
La falta de certeza jurídica, los robos de energía eléctrica y los conflictos sociales están obligando a los empresarios del sector energético de Guatemala a optar por trasladar sus inversiones a El Salvador.
Incentivados por las facilidades que ofrecen al sector energético en El Salvador, el año pasado las empresas Applied Energy Services (AES) y Corporación Multi Inversiones (CMI), de capital estadounidense y guatemalteco, decidieron invertir $47 millones en proyectos de energía solar.
El director General de CMI Energía, Juan Carlos Méndez, explicó a Elperiodico.com.gt que "... El Salvador ofrece menos oposición inducida hacia los proyectos de generación de energía limpia. Además, cuenta con certeza jurídica para desarrollar y poner en marcha proyectos de inversión. 'Nuestra prioridad en estos momentos es finalizar la inversión conjunta con AES en El Salvador, de los cuales se espera llegar a los 100 MW. Únicamente se encuentran en operación 30 en este momento'.”
Respecto a las condiciones que ofrece El Salvador, Méndez añadió que “... 'La distribución de energía no cuenta con la problemática del robo de energía, que lo convierte en un país altamente eficiente en ese sentido'.”
Parte de la conflictividad que vive Guatemala se refleja en la toma ilegal de la hidroeléctrica Chixoy, la más grande del país, que desde el 25 de septiembre se encuentra ocupada por un grupo de personas que reclama el pago de un complemento de resarcimiento.
Además, semanas atrás la Asociación de Generadores de Energía Renovable informó que 16 proyectos hidroeléctricos se encuentran suspendidos, principalmente por temas de conflictividad social, los cuales en conjunto suman una inversión aproximada de $1.500 millones.
En El Salvador doce proyectos de generación de energía renovable con una capacidad conjunta de 23 MW se preparan para iniciar operaciones entre 2018 y 2020.
El Consejo Nacional de Energía (CNE) informó que la docena de proyectos de generación energética, que iniciarán operaciones en lo que resta de 2018, 2019 y 2020, tendrán la capacidad de abastecer electricidad a 771.350 hogares del país.
Faltan acciones efectivas del gobierno para lograr una política de Estado acorde al desarrollo socio económico, mientras el conflicto de Barro Blanco, la moratoria de hidroeléctricas en Chiriquí, y la suspensión de licencias eólicas y solares, alarman a los inversores.
Del comunicado de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP):
El nuevo alcalde mantendrá la prohibición de plantas de generación eléctrica a bunker o carbón, pero admitirá las que funcionen con energías limpias.
El nuevo alcalde del municipio de La Unión, Ezequiel Milla, modificó un decreto que prohibía la instalación de plantas generadoras de electricidad que utilizaran como combustible carbón mineral, gas natural licuado o cualquier derivación de hidrocarburos, el cual no favorecía a la inversión en la ciudad.
La ausencia de reglas claras y de largo plazo inhiben la inversión privada en el sector energético.
El artículo de Daniel Choto y Karen Molina en Elsalvador.com reseña que el presidente ejecutivo de Nejapa Power, Alberto Triulzi señala que "En todo el mundo (las) compañías privados están invirtiendo, pero en El Salvador nadie (lo hace)", y remarcó que tanto Nejapa Power, como Duke Energy, Delsur y Grupo AES lo están haciendo en cualquier país "menos en El Salvador".
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