Inseguridad, principal preocupación

Empresarios en El Salvador opinan que la primera medida que debe implementar el gobierno que entre en funciones en 2019, es la recuperación del control de los territorios dominados por las maras.

Martes 11 de Setiembre de 2018

El Segundo Sondeo de Opinión “S.O.S. El Salvador”, elaborado por la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (Camarasal), recoge una serie de medidas consideradas por los empresarios como prioridad a ejecutar por el nuevo gobierno, que entrará en funciones en junio de 2019, para resolver los problemas que afectan el crecimiento económico y la creación de empleo.

Los resultados detallan que para resolver el problema de la inseguridad los socios de Camarasal consideran que la primera medida que el nuevo gobierno debe implementar es retomar el control de los territorios dominados por las maras. Le siguen, en orden de prioridad, endurecer las medidas de control en las cárceles, aumentar el presupuesto de seguridad y mejorar los programas de rehabilitación. 

El estudio también abordó otros temas, como el de el combate a la corrupción, en el que los entrevistados consideraron que la primera medida a tomar por parte del nuevo gobierno es impulsar la creación de mecanismos transparentes de elección de funcionarios de segundo grado, especialmente de las instituciones contraloras como la CCR, la FGR y la CSJ. Otras medidas a tomar en esta área, en orden de prioridad, son: reducir los privilegios de los funcionarios públicos, aumentar las penas para los funcionarios corruptos y eliminar la llamada Partida Secreta de la Presidencia de la República.

En el caso de la tramitología que afecta la competitividad de las empresas, los empresarios consideran como primera prioridad consolidar los trámites electrónicos, y como segunda medida prioritaria eliminar el poder, a veces abusivo, de los funcionarios a cargo de aprobar algunos trámites; para resolver el problema de las finanzas públicas, los socios de la gremial consideran, como primer urgencia, realizar una auditoría laboral en el sector público, y también adoptar planes de austeridad y reducir el número de plazas.

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