Los magistrados determinaron que los alegatos presentados el 16 de marzo de 2021 por Humberto Soto, alcalde del municipio de Alajuela, eran incorrectos y el recurso fue rechazado.

Este recurso legal tenía como objetivo dejar sin efecto la interpretación auténtica aprobada por los diputados de la Asamblea Legislativa para garantizar la exoneración del Impuesto sobre Bienes Inmuebles para empresas en régimen de zona franca.

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Según Soto, la ley 9851 que fue publicada en julio de 2020, es contraria al derecho de la Constitución, pues la decisión de los diputados de interpretar auténticamente la legislación vigente desde 1990 no puede “desconocer, afectar y modificar situaciones jurídicas totalmente consolidadas”.

La acción de inconstitucionalidad precisa que “... en el presente caso, como ha sido acusado, si bien puede visualizarse una apariencia de cumplimiento de los parámetros formales, en el fondo hay violación al debido proceso sustancial. Por cuanto el contenido de la Ley impugnada incumple la razonabilidad sustancia de la Constitución como norma suprema.”

Elfinancierocr.com reseña que la resolución de la Sala fue aprobada por mayoría, pues "... votaron para rechazar la acción los magistrados Fernando Castillo, Paul Rueda, Nancy Hernández, Luis Fernando Salazar, Jorge Araya y Anamari Garro; mientas que Fernando Cruz Salvó el voto".

Carlos Wong, presidente de la Asociación de Zonas Francas (Azofras), dijo que "... la ley de interpretación, ahora respaldada constitucionalmente, permitió 'mejorar el clima de inversión de Costa Rica y eliminar la inseguridad jurídica que causaba, tanto para los gobiernos locales como para las empresas amparadas al Régimen de Zona Franca, una interpretación inadecuada de la normativa sobre esta materia'."

Fuente: elfinancierocr.com

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