Guatemala: Recuperación económica y pronósticos

Según el FMI, la economía local se encuentra bien posicionada para apoyar la recuperación y superar el deterioro de los indicadores sociales, que empeoraron a causa de la pandemia que provocó el brote de Covid19.

Miércoles 5 de Mayo de 2021

La fortaleza de las remesas, una especialización productiva resistente a la pandemia, y un apoyo de las políticas económicas sin precedente limitaron la contracción económica en 2020, mientras que las perspectivas para 2021 se benefician del estímulo fiscal adicional de EE.UU., informó el Fondo Monetario Internacional (FMI).

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Del informe del FMI:

Washington DC, 4 de mayo de 2021.  

1. El crecimiento de 2020 se mostró resistente a la pandemia. La rápida declaración del Estado de Calamidad y los consiguientes toques de queda, cierres de las fronteras, y suspensión de actividades no esenciales contuvieron la pandemia tempranamente. Una pronta reapertura facilitó la recuperación, mientras que la adopción de estrictos protocolos de bioseguridad, el uso efectivo de mascarillas, y la alta ruralidad del país, limitaron las infecciones. La resiliencia económica de Guatemala también se explica por su especialización en agricultura y otros suministros esenciales para la pandemia (por ejemplo, productos de limpieza), la fortaleza de las remesas y un apoyo de las políticas económicas sin precedentes. En este contexto, el PIB se contrajo ligeramente en un 1.5 por ciento en 2020.
2. La pronta respuesta de la política fiscal fue clave para limitar el impacto de la pandemia. Las autoridades movilizaron financiamiento con celeridad para reforzar la capacidad del sistema de salud, y sostener los ingresos de las empresas y hogares más vulnerables. El alcance y la efectividad de las intervenciones del gobierno son encomiables dados los muy bajos niveles de cobertura de salud y protección social previo al COVID-19. Mediante el Bono Familiar, las transferencias de efectivo se multiplicaron por veinte para llegar a casi el 80 por ciento de los hogares guatemaltecos en unos pocos meses.

3. La relajación de las políticas monetaria y financiera apoyó al crédito. Banguat redujo la tasa de política en 100 puntos básicos de forma acumulativa (hasta un mínimo histórico de 1¾ por ciento) y proporcionó liquidez adicional para respaldar los sistemas de pagos y satisfacer la demanda precautoria de efectivo. La Junta Monetaria flexibilizó temporalmente las regulaciones sobre riesgo crediticio para facilitar la renegociación de préstamos.

4. A pesar de estas medidas sin precedentes, los ya débiles indicadores sociales previo al COVID-19 se han deteriorado. Se estima que la pandemia, junto con los huracanes Eta e Iota que azotaron a Guatemala en noviembre pasado, ha aumentado la pobreza y la desnutrición aguda. Si bien se espera que el impacto de los huracanes en el crecimiento sea limitado, ambos azotaron las regiones más pobres del país, habitadas en su mayor parte por poblaciones indígenas, afectando los medios de vida de más de 300,000 personas y exacerbando la migración. Paralelamente, la pandemia ha conllevado una reducción en la prestación de servicios básicos de salud.

5. Los efectos positivos de un mayor apoyo fiscal en EE.UU. mejoran las perspectivas de crecimiento. El personal del FMI proyecta un crecimiento de 4½ por ciento en 2021, con sectores clave como la agricultura, el comercio mayorista y la manufactura liderando la recuperación, mientras que la construcción y los hoteles y restaurantes se reactivan gradualmente. La recuperación se beneficia del Plan de Rescate estadounidense dados los fuertes vínculos comerciales con EE.UU. y las remesas procedentes de ese país. También se espera que la recuperación en curso del empleo, y la continuidad de condiciones monetarias acomodaticias, apoyen a la demanda interna. Sin embargo, los riesgos relacionados con las mutaciones del virus y con la adquisición y distribución de vacunas exponen a Guatemala a nuevas oleadas de infecciones y a medidas de contención adicionales que pudieran debilitar la recuperación. Un deterioro prolongado de la pobreza y la desnutrición y/o nuevos desastres naturales también podrían influir en las perspectivas.

Prioridades de política

Política fiscal

6. El déficit previsto de alrededor del 3.5 por ciento del PIB es adecuado y las autoridades deberían priorizar los programas contra la pobreza y la desnutrición. La intención de las autoridades de retirar gradualmente el estímulo fiscal pasando desde un déficit de 4.9 por ciento del PIB en 2020 hasta un 3.4 por ciento del PIB este año, y de converger paulatinamente al déficit histórico promedio de 2 por ciento del PIB en el mediano plazo, es apropiada. El Proyecto de presupuesto 2021 preveía una adecuada transición desde proveer apoyo a los ingresos a mejorar las asignaciones a los programas sociales y la inversión pública. A falta de aprobación del proyecto de Presupuesto 2021, los esfuerzos de readecuación en curso deberían apuntar a (i) un aumento focalizado en las transferencias monetarias para salud, nutrición y educación acorde con el deterioro de los indicadores sociales durante 2020; y (ii) una mayor inversión pública. Los esfuerzos adicionales para focalizar la provisión de transferencias monetarias digitalmente y asegurar la provisión de educación bien sea por medios virtuales o presenciales son fundamentales para prevenir pérdidas de capital humano post-COVID.

7. A medida que se afianza la recuperación, las autoridades deberían ampliar de forma duradera las redes de protección social y el gasto en infraestructura. Financiar este gasto adicional manteniendo los niveles de deuda pública actuales requerirá una mayor movilización de ingresos y eficiencia del gasto. En este contexto son bienvenidas las acciones encaminadas a mejorar el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias, por ejemplo, mediante el mecanismo de resolución de conflictos, así como la mayor continuidad en la gerencia de la Superintendencia de Administración Tributaria. El fortalecimiento de las facultades administrativas de fiscalización, de los controles aduaneros y del cumplimiento de los contribuyentes medianos y grandes, así como la racionalización de las exenciones fiscales, y la automatización de los procesos de la agencia tributaria, siguen siendo áreas prioritarias. Además, las autoridades deberían llevar a cabo reformas integrales al sistema de contratación pública y al servicio civil, vinculando los salarios públicos a la ampliación de la cobertura de los servicios públicos. Se reconocen los esfuerzos para mejorar la transparencia fiscal (por ejemplo, portales de información para el uso de recursos de programas COVID, préstamos externos, ONGs, fideicomisos), los cuales deberían complementarse con el fortalecimiento financiero de la Contraloría General de Cuentas.

Políticas monetaria y financiera

8. La política monetaria debería seguir siendo acomodaticia para mitigar los posibles riesgos a la baja derivados de la pandemia. Las presiones inflacionarias durante la pandemia son de carácter temporal, derivadas de restricciones de oferta y un abastecimiento precautorio de alimentos básicos, las cuales se espera que se disipen durante la segunda mitad de 2021. Con una tasa de política monetaria en 1.75 por ciento, la relajación de las condiciones monetarias no tiene precedente, y debería continuar siempre que las expectativas de inflación se mantengan bien ancladas. Las medidas cambiarias adoptadas por el Banguat para fortalecer la posición de las reservas son apropiadas dada la incertidumbre que prevaleció durante 2020. De cara al futuro, es importante una mayor flexibilidad cambiaria para respaldar los esfuerzos de desdolarización, mientras que un mayor énfasis en las reformas estructurales es esencial para impulsar la competitividad, en un contexto de presiones apreciadoras derivadas de los fuertes influjos de remesas.

9. La política financiera debería seguir prestando apoyo mientras se monitorea de cerca los posibles riesgos a la estabilidad financiera. Con una adecuación de capital por encima del nivel regulatorio y mejoras en la cobertura de liquidez, el sector bancario parece haber resistido bien a la crisis hasta el momento. Conforme las autoridades han retirado gradualmente las medidas extraordinarias de apoyo al crédito, la posición de capital y de rentabilidad de los bancos se han mantenido sólidas. Si bien los riesgos para la estabilidad financiera parecen moderados, la SIB debería continuar su estrecho diálogo con los bancos para garantizar respuestas tempranas y salvaguardar la estabilidad financiera según sea necesario. Las autoridades deben perseverar en sus esfuerzos para que el Congreso de la República de Guatemala apruebe las modificaciones a la ley de bancos y grupos financieros y el nuevo marco de PLD/FT, lo cual coadyuvaría a fortalecer la estabilidad e integridad del sistema financiero.

Aumentar el crecimiento potencial y la resiliencia a desastres naturales
10. Sobre la base de una cooperación exitosa con el Congreso durante la pandemia, el gobierno debería impulsar las reformas para mejora del clima inversor. Estimular la inversión es esencial para aumentar el crecimiento potencial, crear oportunidades de empleo y atajar la pobreza y la migración irregular. El personal del FMI agradece el énfasis de las autoridades en la digitalización para reducir la burocracia y la exposición a la corrupción y recomienda la aprobación del Proyecto de Ley para la Simplificación de Trámites Administrativos . La mejora de la coordinación interinstitucional contra el contrabando está dando sus frutos y debería estar respaldada por un marco normativo sólido contra el contrabando. Hay margen para fortalecer aún más el Ministerio Público y la capacidad del sistema judicial. Los esfuerzos de acercamiento a inversores extranjeros liderados por el Presidente para definir una agenda de inversión a gran escala son prometedores. Deberían complementarse con reformas para modernizar la infraestructura vial, la conectividad y la logística, brindar seguridad jurídica a los inversores, y facilitar el empleo a tiempo parcial y los procedimientos de insolvencia de las empresas.

11. Las autoridades deben continuar reduciendo la vulnerabilidad a los desastres naturales, con un enfoque en la resiliencia fiscal y de infraestructura. Fuertemente expuesta a eventos climáticos, los desastres naturales en Guatemala son macrocríticos y afectan de manera desproporcionada a los más vulnerables. Los esfuerzos de las autoridades en la mitigación y adaptación al cambio climático deben complementarse con una implementación efectiva de sus programas de reducción de emisiones y una mayor resiliencia fiscal y de la infraestructura ante desastres naturales.



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