Guatemala: Empresarios piden leyes contra corrupción

La Cámara de Industria de Guatemala solicita al Congreso que apruebe reformas a las leyes que eviten o reduzcan los actos de corrupción y que se castigue a los funcionarios públicos involucrados en estos.

Jueves 18 de Abril de 2013

De la nota de prensa publicada por el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF):

En el marco de la visita in situ programada para este día, respecto a la evaluación de Guatemala dentro del Mecanismo de Seguimiento a la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC-OEA), Cámara de Industria de Guatemala (CIG) participó con una exposición sobre la “Cooperación entre el sector privado y los órganos de control en los esfuerzos destinados a prevenir y combatir la corrupción”.

En dicha presentación el licenciado Rudolf Jacobs, Director de Cámara de Industria de Guatemala, planteó la necesidad que el Congreso de la República conozca y apruebe reformas a las leyes que eviten o reduzcan los actos de corrupción, así como que se castigue a los funcionarios públicos involucrados en dichos actos. Indicó que hace un año el Ejecutivo presentó un paquete de leyes al Congreso de la República, de las cuáles únicamente se aprobó la Ley contra el Enriquecimiento Ilícito.

El licenciado Jacobs indicó que para Cámara de Industria de Guatemala es importante que las autoridades correspondientes tomen medidas para cumplir y aplicar las recomendaciones formuladas por el comité de expertos del mecanismo de seguimiento a la implementación de la Convención Interamericana Contra la Corrupción (MESICIC–OEA).

Hay aspectos fundamentales para la fiscalización del gasto público, como lo es la Contraloría General de Cuentas. Esta entidad debe ser fortalecida para que pueda cumplir con su mandato constitucional adecuadamente y tener las facultades legales para fiscalizar cualquier fondo público independientemente de la forma en que esos fondos se ejecuten y de la entidad que los ejecute, como también a los contratistas del estado y cualquier persona que administre fondos públicos. También la fiscalización debe prevenir la corrupción, dado que actualmente, la labor de la contraloría es hecha cuando todos los actos de corrupción ya se dieron puntualizó el empresario.

Es urgente fortalecer las instituciones del Estado, para lo cual, entre otros, se sugiere una modernización de la Ley del Servicio Civil, para lograr elevar el nivel de profesionalismo en el Estado, la designación de profesionales idóneos en base a meritocracia bajo la figura de una carrera profesional, que tienda a lograr que en todas las instituciones públicas laboren mayoritariamente profesionales altamente capacitados y bien remunerados, y que los puestos designados políticamente sean la minoría y se enfoquen más que nada en ministros y secretarios de Estado, agregó Jacobs.

Como parte de propuestas dirigidas a lograr un gasto publico eficiente y productivo, y el combate al Contrabando y Defraudación Aduanera, Jacobs planteó la necesidad de crear un Observatorio del gasto público como mecanismo de participación ciudadana, en el que estén representados mayoritariamente actores externos al Gobierno interesados en buscar soluciones al problema de corrupción que se tiene en las instituciones públicas, en ese observatorio además, es importante la participación del mismo Gobierno para garantizar el acceso a información de primera calidad, de la sociedad civil y sector empresarial, así como los medios de comunicación para divulgar el trabajo del Observatorio.

Este Observatorio debe estar institucionalizado a través de acuerdo gubernativo. El objetivo fundamental del Observatorio será evaluar y recomendar para la mejora constante de la calidad de los servicios y la inversión pública mediante. Para ello se requiere de la construcción de un sistema de monitoreo y evaluación de políticas, programas y proyectos basados en resultados.

La presencia e intervención de actores externos al Estado, es importante porque:

a) Presiona porque las reformas propuestas se orienten a lograr impacto real y,

b) Las propuestas tengan apoyo desde la sociedad civil, porque estuvo involucrada y confía en dichas propuestas.

La preocupación de los sectores es que en el Gobierno se ejecute con los impuestos de los contribuyentes, un gasto de calidad, transparente, priorizado y con impacto en las políticas públicas.

“Se busca contribuir a un entendimiento compartido de las diversas perspectivas de la sociedad, superando así la visión de combinar criterios parciales y generales, e incluso, contradictorios”, concluyó Jacobs.



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