Tras la entrada en vigencia de las reformas a la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas (CGC), en el 2014 las empresas interesadas en participar en la construcción o prestación de servicios tendrán que tener una certificación de esa entidad. Hasta el momento no se ha determinado si tendrá algún costo.

El documento se podrá solicitar dentro de las bases de licitación, cotización u otra modalidad de compra. Nora Segura, Contralora general, dijo que trabajan en una base de datos de las empresas a las que el Estado les compra. Si se encuentra alguna irregularidad, estas compañías no podrán participar en concursos.

“…se ha detectado que hay incumplimiento de los contratos y abandono de las obras, despacho de productos de mala calidad y sobrevalorados, lo cual conlleva una responsabilidad del representante legal de la empresa al no cumplir con los términos de un contrato. El funcionario público de cualquier entidad tendrá que requerirle la solvencia”, agregó Segura.

“…en términos de transparencia es muy buena la decisión, o que la Contraloría diga que uno está validado o no para hacer una obra”, dijo Álvaro Mayorga, presidente de la Asociación de Contratistas del Estado. “Lo malo es que se está burocratizando esta certificación, ya que el Ministerio de Comunicaciones tiene el registro de precalificados, nos estamos volviendo más ineficientes”, añadió.

Fuente: prensalibre.com

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