Flagrante inseguridad jurídica

La decisión de la Corte Constitucional de Guatemala de confirmar la suspensión del proyecto minero de La Puya "viola la certeza y seguridad de las inversiones que se realizan en el país".

Viernes 30 de Junio de 2017

Del comunicado de la Cámara de Comercio de Guatemala:

Sus Filiales y Gremiales en todo el país; Manifiestan:

1. La Certeza y Seguridad Jurídica, son principios fundamentales de todo ordenamiento constitucional democrático, que garantizan la confianza de los ciudadanos hacia el respeto y cumplimiento de normas válidas y vigentes. Esa confianza se ve menoscabada, cuando las instituciones llamadas a garantizarla, dictan resoluciones adversas que atentan contra los derechos de los ciudadanos y los inversionistas.

2. Suspender arbitrariamente la operación de proyectos mineros, que han cumplido con todos los requisitos y procedimientos que las leyes nacionales exigen, previo a iniciar sus operaciones, constituye una clara violación a la certeza y seguridad de las inversiones que se realizan en Guatemala, con el consecuente daño que pone en riesgo el empleo de miles de personas y el bienestar de sus familias y asimismo, el desarrollo de las comunidades en donde están instaladas sus actividades. Cualquier acción que de forma espuria y perversa, pretenda afectar las operaciones de estas empresas, debe ser rechazada in limine, a efecto de confirmar que las inversiones que operan legítimamente en Guatemala encontrarán en la solidez de sus instituciones las garantías necesarias para seguir aportando al desarrollo del país.

3. Cámara de Comercio de Guatemala, expresa una vez más su preocupación por el hecho que la realización de las consultas que establece el Convenio 169 de la OIT, cuya responsabilidad recae en los gobiernos y no en las empresas, se utilice para afectar derechos fundamentales constitucionales de trabajo, industria, comercio, entre otros. Ante tal situación, expresamos que reconocer y proteger el derecho de una consulta a través de mecanismos no regulados, resulta gravemente contradictorio, socava la confianza en la seguridad jurídica del país y castiga a los inversionistas.

4. En consecuencia, una vez más solicitamos al Estado de Guatemala; que con carácter urgente se emitan las normas que reglamenten de forma pronta, adecuada y positiva las consultas ya relacionadas, y se respeten los mecanismos de homologación iniciados por el Ministerio de Energía y Minas, para que se valoren los casos en los que ya efectuaron procesos de diálogo y socialización, en ausencia de una reglamentación formal del convenio 169 de la OIT.

Guatemala de la Asunción, 29 de junio de 2017.

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