Argumentando que los servicios de taxi tradicional y Uber deben coexistir de manera simultánea, el gobierno de Costa Rica presentó un proyecto de ley que propone regular el servicio de transporte colaborativo.
Miércoles 23 de Enero de 2019
Uber, la plataforma informática dedicada al transporte de personas que opera en Costa Rica desde hace más de tres años, se ha enfrentado, al igual que en otros mercados, a la oposición de los taxistas locales, quienes reclaman que compiten en condiciones desiguales. Ver artículo del Elfinancierocr.com "7 hechos para entender el enfrentamiento entre Uber y los taxistas en Costa Rica".
La administración Alvarado presentó ante la Asamblea Legislativa una iniciativa de ley que propone crear dos modelos de movilidad colaborativa en el país, que serían de tipo abierto o cerrado. El de tipo abierto contempla la regulación de los servicios de transporte remunerados, como los que ofrece Uber y Cabify.
Reseña Elfinancierocr.com que el tipo de movilidad colaborativa cerrada "... se aplicaría solo en empresas privadas, instituciones públicas y centros de enseñanza. Se trata de todas las iniciativas o planes que permitan a sus trabajadores hacer carpooling para reducir presas y contribuir con el medio ambiente."
El Ministerio de Obras Públicas (MOPT) informó que el Proyecto de Ley 21.228 contempla que todas las Empresas de Plataforma de Transporte (EPT), como Uber o similares, son declaradas como un servicio público mas no estarán sujetas a la regulación tarifaria de Aresep.
Otro punto medular de la propuesta es que la prestación de servicio de transporte mediante EPT, así como las rentas o beneficios provenientes de tal actividad, son sujetos al impuesto al valor agregado (13%) y al impuesto sobre remesas al exterior (8,5%).
El Presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, declaró que “nuestro compromiso es avanzar en un sistema donde taxis y plataformas tecnológicas de transporte coexistan en condiciones de competencia justa. Es un tema que como país hemos pospuesto por muchos años y llegó el momento de tomar decisiones al respecto".
Aunque en la construcción de esta propuesta el Poder Ejecutivo asegura haber investigado experiencias exitosas de grandes ciudades como Nueva York, Los Ángeles, Londres, Madrid, Ciudad de México, donde se logró regular las empresas de plataformas tecnológicas y crear un escenario de convivencia entre servicios, los representantes de Uber en Costa Rica consideran que el proyecto de ley "está lejos de ser una propuesta que fomente la innovación, la competencia y el desarrollo de la tecnología."
En un comunicado, indicaron que "... Una de las principales preocupaciones es que el proyecto desconoce la realidad de la comunidad de usuarios y Socios Colaboradores de Uber en el país. Dado el clima de contracción económica y de falta de oportunidades laborales para los costarricenses, esta propuesta obligaría a que sólo un número limitado de personas puedan inscribirse como socios en las diversas plataformas. En la comunidad de Uber ya hay más de 22 mil familias que están generando ingresos y este proyecto limitaría sus oportunidades actuales, así como la apertura de nuevas opciones para las generaciones futuras de Costa Rica. Además, pone un tope artificial a la oferta, la cual hemos podido atender de manera eficiente frente a la demanda del servicio de 783 mil usuarios de diferentes zonas del país."
Aunque se enfrentan a un mercado exigente, retador y con varios competidores, empresas dedicadas al transporte de personas y delivery aún visualizan múltiples oportunidades en Costa Rica.
La necesidad de acceder a una movilidad más eficiente, los cambios en los patrones de consumo y la tendencia al alza de la penetración de smartphones e Internet, han creado un escenario de negocios en el que la demanda de los servicios de plataformas móviles dedicadas al transporte de personas y entregas a domicilio, se incremente con el pasar de los años.
Para los directivos de la empresa, el proyecto de ley que pretende regular la operación en Panamá, genera "más incertidumbre y afecta la inversión de empresas multinacionales".
El uso de un certificado de operación, la identificación del auto con el logo de Uber y que el conductor tenga una licencia tipo E1, son algunas de las propuestas que recopila un proyecto de ley presentado ante la Asamblea.
El 9 de septiembre se presentó ante la Asamblea Nacional una iniciativa de ley para modificar el "Decreto Ejecutivo No.
Mientras Costa Rica sigue sin definir un esquema legal que regule la modalidad de transporte que ofrece Uber, en El Salvador la empresa inició operaciones con el beneplácito del gobierno.
La empresa de tecnología que ofrece una red de transporte privado comenzó a funcionar en San Salvador el 9 de mayo, con el aval de la administración Sánchez Cerén.
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