La disputa legal comenzó en 2009, cuando el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) interpuso un recurso de inconstitucionalidad en contra del contrato que otorga una concesión por veinte años para explotar y comercializar los yacimientos de oro, cobre y otros recursos minerales del Cerro Petaquilla.

Luego de nueve años el contrato Ley 9 del 25 de febrero de 1997 fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia y según argumenta el fallo judicial, la concesión no representaba los mejores intereses para el Estado. Cuando la decisión se publique en la Gaceta Oficial el contrato dejará de existir.

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En relación a las repercusiones que podría tener el fallo para el gobierno panameño, Juan Carlos Araúz, expresidente del Colegio de Abogados, dijo a Laestrella.com.pa que "... Esta decisión podría acarrear reclamos económicos para el Estado. ‘No sería extraño que este fallo desate un conflicto en los tribunales internacionales de arbitraje por los perjuicios sufridos por la empresa'."

Respecto al tema, Jorge Obón, vocero de la empresa, explicó que "... las mineras han invertido más de $10 mil millones en el desarrollo de esta actividad en la provincia de Coclé. ‘No se puede dejar sin trabajo a miles de trabajadores ni dejar en el limbo la seguridad jurídica de los inversionistas extranjeros en el país'."

Fuente: laestrella.com.pa

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