El costo de rechazar la reforma a la Seguridad Social
Fitch Ratings advierte que el creciente déficit del INSS en Nicaragua y el fracaso de la reforma que elevaba los aportes de trabajadores y patronos, incrementarán la necesidad de financiamiento del gobierno, en cerca de 0,6% del PIB por año.
Lunes 30 de Abril de 2018
Del comunicado de Fitch Ratings:
Fitch Ratings-Nueva York-27 de abril de 2018: la reversión que hizo el gobierno nicaragüense de la reforma a la seguridad social (INSS) en medio de protestas generalizadas llevarán a un aumento de los requisitos de financiamiento del gobierno general y la deuda en 2018 y 2019, dice Fitch Ratings. Las reservas de tesorería del INSS, proyectadas previamente hasta el año 2019, se están agotando más rápido de lo esperado. Las protestas y la violencia sobre los cambios del INSS también subrayan los riesgos políticos de un proceso de formulación de políticas cada vez más centralizado, reflejado en los indicadores de gobernabilidad débiles de Nicaragua.
El 22 de abril, el gobierno de Nicaragua canceló los cambios realizados días antes del INSS que habrían aumentado las contribuciones de los empleadores y los empleados y reducido las pensiones de los jubilados en un 5% para mejorar los flujos de efectivo a corto plazo del fondo. Los cambios se anunciaron inicialmente el 16 de abril, lo que desató protestas que progresivamente aumentaron de tamaño durante el resto de la semana y provocaron violencia, y los medios informaron entre 30 y 63 muertes.
La decisión de revertir la reforma legal significa que se deberán asignar recursos adicionales del presupuesto del gobierno central para cubrir el déficit del INSS. Desde 2013, el déficit operativo creció al 0,6% del PIB en 2017 y ha sido cubierto por las reservas del INSS hasta el momento. Sin embargo, ahora se espera que las reservas líquidas se agoten este año con las reformas estructurales necesarias para equilibrar el fondo.
Fitch cree que las reformas iniciales propuestas por el gobierno no abordaron fundamentalmente los desequilibrios estructurales del INSS. El aumento de las contribuciones de los empleadores habría elevado los costos laborales formales, lo que podría conducir a la expansión del gran mercado laboral informal. Tampoco habría abordado otros desafíos estructurales del INSS derivados de la falta de liquidez de las concentraciones de la cartera de inversión del fondo en el sector inmobiliario y las crecientes presiones de gasto del INSS para expandir el gasto social, incluida la cobertura de salud.
Nicaragua ha mantenido una posición fiscal conservadora con respecto a la mediana 'B', con una deuda moderada en el 41,9% del PIB en 2017 y déficits en los últimos años. El déficit del gobierno general, incluido el déficit operacional del INSS, está por debajo de la mediana 'B'. La política fiscal de Nicaragua ha respaldado el macroejecución mejorado del país con un crecimiento anual promedio del 4.2% y una tendencia a la inflación moderada durante la última década (2008-2017).
Un déficit del INSS superior al esperado en 2017, combinado con el fracaso de la reciente iniciativa de reforma, significa que el déficit de la seguridad social aumentará las necesidades de financiamiento del gobierno general y la deuda en 0.6pp de PBI o más por año, en ausencia de un nuevo intento de reforma . El desequilibrio de la seguridad social es menor que el de algunos pares. Sin embargo, el alcance y la duración a la que no se abordan las deficiencias estructurales del INSS podrían presionar la trayectoria de la deuda en el largo plazo.
Las recientes protestas por las reformas del INSS también resaltan las debilidades de las instituciones políticas de Nicaragua. Los indicadores de gobierno se ubican por debajo de la mediana 'B' en la encuesta de Gobernanza del Banco Mundial en 2017. El descontento político proviene de la creciente centralización del poder por parte del gobierno de Ortega como resultado de las elecciones nacionales nacionales y 2017 y la consolidación de la influencia del partido FSLN en el asamblea nacional y tribunal electoral. La economía ha crecido constantemente en este contexto y Fitch espera que esto continúe. Sin embargo, la inestabilidad política recurrente podría socavar el clima de inversión y el crecimiento económico. Se está planificando un diálogo sobre las cuestiones planteadas por los recientes disturbios, incluida la participación de la iglesia, el gobierno, las empresas y la sociedad civil.
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Para Fitch Ratings los continuos disturbios políticos podrían socavar las condiciones de inversión y el crecimiento económico, así como elevar los riesgos de shocks de confianza al sistema financiero y la estabilidad macroeconómica.
Del comunicado de Fitch Ratings:
Fitch Ratings-Nueva York / San Salvador-17 de mayo de 2018: las continuas protestas y la violencia política resultante en Nicaragua aumentan los riesgos para la estabilidad política y la gobernabilidad, dice Fitch Ratings. Los continuos disturbios políticos podrían socavar las condiciones de inversión y el crecimiento económico, así como elevar los riesgos de conmoción de confianza al sistema financiero y la estabilidad macroeconómica.
Fitch Ratings cambió de estable a negativa la perspectiva, debido a la "menor flexibilidad del país para financiar sus crecientes déficits presupuestarios y la carga de la deuda pública, así como el estancamiento institucional persistente que impide avanzar hacia una reforma fiscal."
"Las debilidades estructurales seguirán limitando la economía y la calificación crediticia de Guatemala a mediano plazo".
Del comunicado de Fitch Ratings:
Fitch Ratings-Nueva York-31 de marzo de 2017: Las debilidades estructurales seguirán limitando la economía y la calificación crediticia de Guatemala a mediano plazo, según Fitch Ratings.
Para Fitch Ratings la reelección de Daniel Ortega como presidente de Nicaragua significa estabilidad de las políticas económicas en el país.
EDITORIAL
Estabilidad y continuidad económica y política es lo que vislumbra Fitch Ratings para Nicaragua luego del resultado de las elecciones presidenciales del domingo pasado, en la que se declaró ganador al presidente Daniel Ortega, con un 70% de los votos, según el informe del Consejo Supremo Electoral.
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