En mayo de 2018 el Centro de Acción Legal, Ambiental y Social de Guatemala (Calas) presentó una acción de amparo, en la que argumentaban que el Ministerio de Energía y Minas no había realizado las consultas comunitarias necesarias antes de autorizar las licencias.

Un mes después, la Corte Suprema de Justicia le otorgó el amparo a Calas, y como consecuencia, las operaciones de la mina han estado paralizadas desde el 5 de Julio del año pasado.

Pese a la incertidumbre, representantes de la empresa no han considerado por ahora el cierre definitivo de la mina. Andrés Dávila, gerente de comunicación de Minera San Rafael, explicó a Prensalibre.com: “... En ningún momento se ha tomado en consideración el cierre u optar a un proceso de dentro de Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, eventualmente, si lo ameritara por una resolución que fuera contraria a la operación entonces se pudiera tomar en cuenta una medida como esa. Pero en este momento la postura de todos los accionistas el continuar con la operación continuar el proceso y esperar que decide la Corte.”

Según estimaciones de la Mina San Rafael, en este año de paralización el país ha dejado de percibir cerca de $255 millones y el gobierno ha perdido alrededor de $54 millones entre impuestos y regalías.

En relación al fallo definitivo de la Corte de Constitucionalidad, que le permitiría volver a operar, reseña el artículo que "... Según el vocero de la CC, Santiago Palomo, el expediente sigue en análisis en esa Corte y mencionó que cuando se emita el fallo correspondiente se dará a conocer, mencionando que es la única declaración que puede dar al respecto."

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Fuente: prensalibre.com

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