El Salvador: Rechazo a eventual Estado de Excepción

Para el sector empresarial la implementación de un Estado de Sitio no garantiza que se resuelva el problema de inseguridad y la escalada de violencia que afecta el país.

Jueves 10 de Marzo de 2016

Del comunicado de la Asociación Nacional de la Empresa Privada:

Ante el alarmante incremento de homicidios y el avance de la criminalidad en todo el país, ANEP se une al clamor de seguridad de la población y manifiesta:

1. Los salvadoreños están viviendo un estado de desesperación y zozobra generado por las pandillas que limitan el acceso a sus viviendas y sus empleos, amenazando diariamente sus vidas y sus libertades ciudadanas.

2. La incapacidad de las autoridades de seguridad para frenar la escalada de violencia se hace evidente ante la propuesta de imponer un estado de excepción, el cual no es garantía alguna para resolver el problema de inseguridad que vive la gente, mucho menos ante la falta de un plan ordenado y efectivo.

3. El objetivo real del Gobierno de proponer el estado de excepción es:
a. Distraer la discusión pública del tema de pensiones para tomarse a la fuerza el ahorro de los salvadoreños.

b. Conseguir más dinero sin dar cuenta de su uso y evadir el filtro legislativo. Ya han comenzado a insistir en la necesidad de descongelar los $900 millones declarados inconstitucionales.

c. Controlar a los ciudadanos, especialmente a aquellos que se quejen por la incapacidad del gobierno para resolver los problemas, los que pretendan manifestarse pacíficamente contra la reforma de pensiones, o los medios que publiquen o reporten la verdad de los hechos en temas que incomoden al gobierno. Situaciones que ya comenzaron a experimentar algunos medios ante el gobierno.

Para conseguir todo lo anterior pretenden quitar derechos fundamentales como la libre expresión, la privacidad de las personas, interviniendo teléfonos, correos, y redes digitales de ciudadanos honrados, allanar la propiedad privada y cualquier otra acción y/o coerción que estimen conveniente.

4. Lo que el país necesita es un cambio de rumbo en la política de seguridad, que ha demostrado que no funciona. Pero se demandan acciones efectivas que garanticen la seguridad y la vida de los salvadoreños sin coartar sus libertades.

5. ANEP presentó en el XV Encuentro Nacional de la Empresa Privada, ENADE 2015, 113 propuestas clave para la prevención de la violencia, la efectiva persecución del delito y para evitar la reincidencia de los delincuentes. Lamentablemente, a la fecha estas recomendaciones no se han tomado en cuenta y los homicidios siguen aumentando.

Antes de suspender las garantías constitucionales de los salvadoreños, el Estado debe implementar acciones que demuestren que está dispuesto a frenar el accionar de las pandillas y defender los derechos de los ciudadanos. No es posible que los reclusos de los centros penales tengan más libertad y privilegios que la gente honrada que en las calles trata de ganarse la vida para sus familias.

Los salvadoreños demandamos soluciones reales al grave problema de seguridad, no excusas ni leyes que coarten los derechos de la ciudadanía.

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