El Salvador: Ratifican sanciones a harineras

La Corte Suprema de Justicia ratificó las sanciones impuestas en 2008 a Molinos de El Salvador y HARISA por prácticas anticompetitivas, y deberán pagar $4 millones en multas.

Martes 30 de Mayo de 2017

Del comunicado de la Superintendencia de Competencia:

La Sala de lo Contencioso Administrativo (SCA) de la Corte Suprema de Justicia ratificó en dos sentencias las sanciones impuestas por la Superintendencia de Competencia (SC) en el año 2008 a las harineras Molinos de El Salvador S.A. de C.V. (MOLSA) y HARISA S.A. de C.V. (HARISA), quienes cometieron la práctica anticompetitiva de acordar repartirse el mercado. Tras estas sentencias ambas empresas deberán cesar la práctica anticompetitiva y pagar las multas impuestas, que juntas ascienden a más de USD $4 millones.

El 23 del mes en curso, la SCA falló a favor de la Superintendencia de Competencia en los juicios contenciosos iniciados por las sancionadas[1], confirmando la legalidad de la resolución emitida por la SC el 4 de septiembre del año 2008. Dicho tribunal comprobó que sí existe prueba, incluso prueba directa, de la práctica anticompetitiva sancionada, la cual se encuentra tipificada en el artículo 25, literal a), de la Ley de Competencia. Por lo tanto, según este tribunal “se ha comprobado que en el presente caso se han utilizado elementos directos que han demostrado la comunicación entre las empresas sancionadas, la forma del acuerdo anticompetitivo”.

Asimismo, la Sala concluyó que las multas impuestas fueron debidamente motivadas, no arbitrarias y, además, que fueron proporcionales ya que para su cálculo es legal aplicar el porcentaje sobre las ventas totales de la empresa y no únicamente sobre las ventas derivadas de la práctica anticompetitiva, pues la normativa no lo especifica de esa forma.

Tras estas sentencias, ambos agentes económicos deben hacer efectiva la sanción. Si no hubiese cumplimiento voluntario, la Fiscalía General de la República deberá actuar y obligar a cumplir con el pago de la multa y el cese de la práctica anticompetitiva.

Síntesis del caso
En abril de 2008, la Superintendencia de Competencia inició el procedimiento sancionador y allanó las instalaciones de MOLSA y HARISA para recabar evidencia de un posible acuerdo entre competidores. Con la prueba recabada se demostró que dichas empresas acordaron repartirse el mercado en 55% y 45%, respectivamente. En consecuencia, el Consejo Directivo de la Superintendencia sancionó a tales agentes económicos, ordenando el cese del acuerdo anticompetitivo; la abstención de intercambiar datos o información sensible y relacionada con producción, ventas, precios y clientes; y el pago de las multas de $1,971,015.16, por MOLSA, y de $2,061,406.20, por HARISA. Los montos de estas multas equivalen al 3% de sus respectivas ventas registradas en el año 2007.

Según estimaciones, el acuerdo habría provocado que los consumidores pagaran un sobreprecio aproximado del 22% en la harina de trigo fuerte, lo que equivaldría a USD $25 millones en un período de 25 meses.

Inconformes con esta sanción, las empresas impulsaron sendos juicios contenciosos administrativos en contra de la SC. En el promovido por MOLSA, el tribunal falló inicialmente (enero de 2012) en contra de esta Superintendencia declarando ilegal su resolución. Como reacción, la Superintendencia de Competencia presentó (febrero de 2012) demanda de amparo ante la Sala de lo Constitucional, quien falló a su favor (octubre de 2014) declarando inconstitucional la sentencia de la SCA y ordenándole a emitir una nueva. Todo el proceso judicial demoró ocho años siete meses.



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