El Salvador: Propuesta ante cancelación del TPS

El sector privado propone siete ejes de acción para enfrentar los desafíos que genera la cancelación del estatus temporal de trabajo a cerca de 195 mil salvadoreños residentes en EE.UU..

Miércoles 31 de Enero de 2018

La gremial de empresarios se pronunció anteriormente respecto a la cancelación del estatus temporal de trabajo, y las oportunidades que pudieran generarse con la aplicación de tres medidas estratégicas.

Complementando las propuestas planteadas a mediados de enero, el sector privado presentó un plan de acción para superar la crisis que podría avecinarse, enfocándose principalmente en mejorar las condiciones para que la economía pueda crecer. El plan se centra en la reducción y simplificación de trámites, transparencia y combate a la corrupción, modernización del servicio público, sostenibilidad de las finanzas públicas, fortalecimiento de la democracia, reformas laborales y eficiencia de entes reguladores.

Del informe de la Asociación Nacional de la Empresa Privada:

A. Reducir y simplificar trámites 

Con la aprobación en 2017 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y la Ley de Procedimientos Administrativos, el país ha dado un salto de calidad en la legislación que regula la relación entre el Estado y los ciudadanos. La creación de tribunales contenciosos administrativos permitirá desconcentrar el trabajo realizado hasta la fecha por la Sala respectiva, y facilitará el acceso a la justicia. Sin embargo, el camino por recorrer aun es largo. A continuación se presentan las principales propuestas de los empleadores respecto de esta temática.

B. Transparencia y combate a la corrupción

Las propuestas del sector privado tienen como objetivo fortalecer la transparencia y combatir la corrupción, para lo cual se considera crear leyes y reformar las vigentes para que las entidades responsables, en su ámbito de aplicación, ejerzan control en el manejo de fondos públicos.

C. Modernización del servicio público

Se propone aprobar una Ley para la Idoneidad en la Administración Pública, con el objetivo de establecer los principios y bases que rigen la planeación, ejecución y regulación de la carrera administrativa, para garantizar un marco jurídico que responda a los principios de estabilidad, eficiencia y eficacia en la gestión de la administración pública.

D. Finanzas públicas sostenibles

La situación de las finanzas públicas se ha deteriorado en los últimos años en el país. A pesar que los ingresos tributarios crecieron un 7% anual entre 2010-2017, el nivel de deuda pública ha aumentado a un ritmo de US$933 millones anuales, alcanzando US$18,320 millones para noviembre 2017, equivalente al 65% del PIB, como consecuencia del modelo de gasto insostenible impulsado por el gobierno en los últimos años.

E. Fortaleciendo la democracia

La democracia actual es necesario cuidarla y fortalecerla. Para el sector privado, tener una democracia fuerte y sana, que se consolida cada día, y que cuenta con frenos y contrapesos, genera confianza en el futuro y provoca certidumbre para que los ciudadanos le apuesten al país, iniciando el círculo virtuoso de inversión, empleos, crecimiento económico, disminución de la pobreza y desarrollo integral.

F. Reformas laborales

Se propone aprobar la Ley Reguladora del Contrato de Aprendizaje, la cual regula con precisión la relación contractual de tipo laboral que existiría entre un auspiciador, quien tendrá calidad de contratante, y un aprendiz, que tendrá la calidad de contratado, estando el primero obligado a brindarle capacitación técnica sobre la rama de que se trate y una remuneración mínima del 50% del salario mínimo vigente.

G. Entes reguladores eficientes

Se proponen reformas a la Ley Orgánica del Tribunal de Apelaciones de Impuestos Internos y Aduanas con el objetivo de promover su independencia, y eliminar el conflicto de intereses generado por la actual forma de elección de sus miembros, pues al ser estos nombrados por el Ministro de Hacienda, queda comprometido su independencia respecto de esta autoridad. De esta manera, se evita que el Ministerio de Hacienda se convierta en juez y parte en las decisiones que se toman en sede administrativa. Se pretende dotar de representatividad, legitimidad y transparencia sus decisiones mediante la elección objetiva de sus integrantes.

Ver informe "Oportunidades y Empleo para salvadoreños por cancelación del TPS".

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