El Salvador: Prácticas anticompetitivas en la construcción

Investigan un posible acuerdo entre dos constructoras que participaron en la licitación para realizar mejoras en instalaciones de Migración.

Lunes 30 de Octubre de 2017

Del comunicado de la Superintendencia de Competencia:

30 de Octubre 2017. La Superintendencia de Competencia inició la investigación para determinar el posible acuerdo entre dos constructoras que participaron en la licitación pública correspondiente a mejoras en las instalaciones de la Dirección General de Migración y Extranjería en las fronteras de El Poy, La Hachadura y San Cristóbal. El posible acuerdo se encuentra tipificado como práctica anticompetitiva en el artículo 25, literal c), de la Ley de Competencia.

Esta investigación es iniciada de oficio a partir de los indicios encontrados en las Actuaciones Previas realizadas por esta Superintendencia, motivadas por la información remitida por la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI) del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, entidad que dio a conocer ciertas anomalías detectadas en el procedimiento de licitación pública, en su segunda convocatoria.
Los agentes económicos investigados son Constructora Gaitán, Sociedad Anónima de Capital Variable, y Perforaciones Villatoro Vásquez, Sociedad Anónima de Capital Variable.
Los indicios señalan que ambas constructoras habrían tenido comunicación entre sí y se habrían coordinado para la presentación de sus ofertas en la licitación investigada, previo a la adjudicación y, posteriormente, en las gestiones relacionadas con la ejecución de los proyectos adjudicados.

De la fecha de notificación de esta investigación, el 5 de octubre de 2017, ambos agentes económicos tienen 30 días calendario para ejercer su derecho de defensa; luego se abrirá a pruebas por 20 días hábiles. Finalizada la instrucción y solventados todos los aspectos de la investigación, el Consejo Directivo de la Superintendencia de Competencia resolverá si hubo o no una violación a la Ley de Competencia. La investigación se apega en todo momento a los principios del debido proceso constitucional.

El artículo 25 de esta normativa señala que “Se prohíben las prácticas anticompetitivas realizadas entre competidores las cuales, entre otras, adopten las siguientes modalidades: a) Establecer acuerdos para fijar precios u otras condiciones de compra o venta bajo cualquier forma; b) Fijación o limitación de cantidades de producción; c) Fijación o limitación de precios en subastas o en cualquier otra forma de licitación pública o privada, nacional o internacional, a excepción de la oferta presentada conjuntamente por agentes económicos que claramente sea identificada como tal en el documento presentado por los oferentes; y d) División del mercado, ya sea por territorio, por volumen de ventas o compras, por tipo de productos vendidos, por clientes o vendedores, o por cualquier otro medio.

A la fecha, la Superintendencia de Competencia ha sancionado ocho casos de acuerdos entre competidores, de los cuales cuatro se han dado en licitaciones públicas.

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