El Salvador: Piden reformar ley de lavado de dinero

Solicitan que la ley contra el lavado de dinero y activos cumpla con estándares internacionales, requisito exigido para obtener los fondos del FOMILENIO II.

Miércoles 2 de Julio de 2014

La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) solicita que la Asamblea Legislativa tome en cuenta las reformas que recomienda el Grupo de Acción Financiera del Caribe (Gafic) en la Ley contra el Lavado de Dinero y de Activos, ya que es un requisito que exige el gobierno de Estados Unidos para liberar los fondos del FOMILENIO II.

Del comunicado de FUSADES:

El estándar internacional de normas para combatir el lavado de dinero es establecido a través de las recomendaciones que hace el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), y El Salvador pertenece a uno de sus organismos regionales, el Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC). Esta membresía obliga al país a incluir las recomendaciones del GAFI en la Ley contra el Lavado de Dinero y de Activos (LCLDA).

A pesar de ese compromiso y de la iniciativa de la Fiscalía General de la República (FGR) por promover el tema, se ha visto una reiterada negativa de la Asamblea Legislativa para cumplir la recomendación No. 12 del GAFI, la cual versa sobre una regulación especial para las Personas Expuestas Políticamente (PEP). En diciembre de 2013, la Asamblea Legislativa aprobó una serie de reformas a la LCLDA, supuestamente para ajustarla a dichos parámetros, pero excluyó de forma deliberada a las PEP; a pesar de que este es uno de los requisitos establecidos por la Corporación del Reto del Milenio para la suscripción del convenio con El Salvador, que le permitiría al país acceder a los fondos de FOMILENIO II.

En la XXXIX sesión plenaria del GAFIC, celebrada en mayo de 2014, se advirtió nuevamente que las PEP deben ser incluidas en la ley salvadoreña. El 19 de junio de 2014, la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa dictaminó favorablemente unas reformas a la LCLDA, para que entre otros cambios, se incorporara la obligación de identificar a las PEP, pero sin definir qué sujetos deben ser considerados como tales y sin incluir otros controles que establece el GAFI. Ese dictamen incompleto no fue aprobado por el pleno de la Asamblea Legislativa y se ha pedido al Fiscal General de la República una propuesta de redacción.



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