La Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Gestión Integral de Residuos y Fomento al Reciclaje, con el objetivo de lograr un manejo correcto de los residuos en el país, a través de la separación de desechos orgánicos e inorgánicos.
Viernes 20 de Diciembre de 2019
Del comunicado de la Asamblea Legislativa de El Salvador:
19 de diciembre de 2019. Con un firme compromiso de buscar proteger el medio ambiente y conservar los recursos naturales en el país, resguardar los mantos acuíferos e impulsar una cultura del reciclaje, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Gestión Integral de Residuos y Fomento al Reciclaje, una normativa que permitirá un manejo correcto de los residuos en el país, a través de la separación de desechos orgánicos e inorgánicos, según corresponda, además promoverá la compra y venta de papel, aluminio, plástico, entre otros.
La nueva normativa contiene 67 artículos, cuyo estudio por parte de los diputados que integran la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático finalizó el pasado 17 de diciembre; el fin de esta ley es lograr el aprovechamiento y disposición final sanitaria y ambientalmente segura de los residuos, a fin de proteger la salud de las personas, el medio ambiente y fomentar una economía circular.
Además, a través de la misma se busca fomentar la formalización y capacitación de microempresas, cooperativas y otras organizaciones que trabajan en la recuperación, separación, tratamiento, reciclaje o gestión integral de residuos; así como la inclusión de nuevos actores para prestar servicios al sistema.
También, esta normativa mandata al Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, así como de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) a incorporar dentro de la currícula nacional la temática de la gestión integral de residuos, en los diferentes niveles educativos.
MARN será el rector y las alcaldías podrán establecer sanciones El MARN será el rector en materia de gestión integral de residuos y reciclaje, para regular, dirigir, emitir autorizaciones, monitorear, evaluar, controlar, sancionar, y realizar los demás actos que sean necesarios para el cumplimiento de la ley, sus reglamentos y demás normativa técnica aplicable; además, deberá formular, conducir y evaluar las políticas nacionales en materia de gestión integral de residuos y de reciclaje; elaborar y ejecutar un Plan Nacional para la Gestión Integral de Residuos (PNGIR) y será el responsable de administrar el Sistema de Gestión Integral de Residuos (SGIR).
Las municipalidades serán responsables por la gestión de los residuos que se generen en todo el ámbito de su jurisdicción, les compete promover y garantizar los servicios de gestión de residuos prestados por si o a través de la contratación y participación de terceros, emitiendo las normativas locales correspondientes. Así como también, establecer sanciones municipales por el incumplimiento de los deberes establecidos.
Las alcaldías no estarán “amarradas” a contratos suscritos con las empresas que prestan los servicios de recolección, transporte y disposición final de los desechos; el Art. 24 prohíbe que en los contratos suscritos se estipulen cláusulas que limiten la potestad de estas para normar sobre la forma en que los residuos serán manejados en sus diferentes etapas o impidan o interfieran en el plan municipal para actividades de reciclaje.
Al respecto, el Art. 65 también mandata que los servicios acordados deberán adecuarse “obligatoriamente” a lo dispuesto en la misma en un plazo de seis meses, contados a partir de la emisión del PNGIR; si dentro del plazo señalado los contratistas no cuentan con las autorizaciones requeridas, la municipalidad deberá recurrir al juzgado competente para dar por terminado el contrato de servicios.
Multas de hasta 40 salarios mínimos por infringir esta normativa El Art. 51 establece multas de dos salarios mínimos mensuales máximo por infracciones leves, de 2 a 30 salarios mínimos por faltas graves y de 21 a 40 salarios mínimos por infracciones muy graves; además de la revocatoria de los permisos o autorizaciones otorgadas. Referente al aval de esta normativa, la presidenta de la comisión de medio ambiente, diputada Martha Evelyn Batres (ARENA) expresó: “Felicito a los colegas de distintas fracciones; en cuanto a este proyecto de ley nos pusimos de acuerdo en lo que teníamos en común que en las diferencias que nos separaban, y hoy le estamos dando esta gran noticia a la población con impacto en el medio ambiente”.
“Celebramos la aprobación de esta ley que es un paso importante en cuanto al manejo y la gestión de los residuos sólidos en el país. No obstante hace falta una fuente de financiamiento adecuado que permita la mejor operatividad de la esta nueva normativa”, dijo la parlamentaria Dina Argueta (FMLN).
“En la ley se determina que no pueden existir contratos arbitrarios que beneficien a solo una parte como los que actualmente se manejan para veinte años; se generará conciencia en los ciudadanos, se resolverá el problema de acumulación de basura en las calles”, enfatizó el diputado Adelmo Rivas (GANA).
En tanto, el asambleísta Raúl Beltrhán (PCN) externó: “Ha llegado el momento de proteger nuestros recursos naturales de la mano de una ley segura, severa que ayudará a cuidar el medio ambiente; el principal río que tiene el país, como es el Río Lempa agoniza lentamente, dependerá de todos si esto se detiene”.
Finalmente, el diputado Arnoldo Marín (PDC) recordó que en su partido “hemos venido apoyando todas aquellas iniciativas que consideramos que son buenas para fortalecer el medio ambiente en nuestro país y de hecho tenemos sendas propuestas en la comisión en temas importantes como la reforestación de la cuenca del Río Lempa, ojalá que se retome el tema, esto vendría a favorecer el medio ambiente, el recurso hídrico en nuestro país”.
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El Fondo de Internacionalización de la Empresa del Gobierno de España dará a la alcaldía de San Salvador $20 millones, fondos que en su mayoría se invertirán en la construcción de una planta de residuos sólidos.
La planta de tratamiento permitirá el reciclado, compostaje y transferencia de desechos sólidos de la ciudad de San Salvador, donde se generan alrededor de mil toneladas de residuos al día, explica un comunicado oficial.
A un año de iniciada su gestión, el gobierno de Costa Rica anunció la formación de una comisión mixta para estudiar un plan nacional de reciclaje y valorización de residuos.
EDITORIAL:
En otro nefasto ejemplo de las dificultades que padecen los gobiernos de Costa Rica para tomar decisiones ejecutivas en cuanto a obra pública, quedan estancadas -y probablemente desaparecerán- las intenciones de inversión existentes en el sector reciclaje y gestión de residuos, incluyendo la generación de energía con ellos, dado que el actual gobierno decidió arrancar desde cero, con la formación de una comisión para "desarrollar estrategias" al respecto. Como si ya no hubiera suficiente información sobre el tema, y como si los respectivos participantes y responsables en ese tema no se hubieran expresado suficientemente al respecto. Es el mismo caso de la comisión que en materia de energía instauró este gobierno.
Dentro del marco del Programa Nacional de Manejo Integral de Desechos Sólidos se presentaron tres planes.
Los planes incluyen, el Plan para el mejoramiento del manejo integral de desechos sólidos; el de fortalecimiento de capacidades técnicas de sensibilización para la separación de los desechos sólidos y el de recuperación de desechos sólidos para el reciclaje.
Las obligaciones que impone en Costa Rica la nueva Ley para la Gestión Integral de Residuos Sólidos abren una amplia gama de opciones para reducir costos y desarrollar nuevos negocios.
La próxima entrada en vigencia de la nueva ley implicará para las empresas una revisión y muy posiblemente una reorganización de sus procesos productivos, a partir de la cuantificación y análisis de los residuos que dejan esos procesos.
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