Economía guatemalteca vista por el FMI

Para el organismo internacional durante 2020 la economía de Guatemala demostró resiliencia, pues en el contexto de la crisis que provocó el brote de Covid19 el PIB se contrajo apenas 1,5%.

Viernes 11 de Junio de 2021

Según el Fondo Monetario Internacional, en un contexto de especialización favorable de la producción y las exportaciones, resiliencia de remesas, y apoyo sin precedentes de las políticas monetarias y fiscales, la caída de la producción guatemalteca fue mínima en comparación a lo reportado en otros países centroamericanos.

Conozca el "Sistema de monitoreo de mercados y situación económica en los países de Centroamérica", elaborado por CentralAmericaData.

Del reporte del FMI:

El Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) concluyó la Consulta del Artículo IV con Guatemala el 9 de junio de 2021.

El inicio de la pandemia encontró Guatemala en un contexto de estabilidad macroeconómica y de consolidación del crecimiento económico, reflejo de las fuertes remesas, el repunte de la confianza de los inversionistas y el apoyo de políticas macroeconómicas acomodaticias. El impacto económico del choque del COVID-19 ha sido relativamente limitado, dada la pronta reapertura de la economía, las políticas de apoyo sin precedentes, y la resiliencia de las remesas y las exportaciones. A pesar del amplio respaldo de las políticas públicas, los ya débiles indicadores sociales —entre los cuales la pobreza y la desnutrición— han continuado deteriorándose tras el COVID-19 y los dos huracanes que afectaron a Guatemala en noviembre de 2020.

Se estima que el PIB real se contrajo 1½ por ciento en 2020, lo que demuestra la resiliencia de Guatemala en comparativa regional, en un contexto de especialización favorable de la producción y las exportaciones, resiliencia de remesas, y apoyo sin precedentes de las políticas monetarias y fiscales. Aunque factores transitorios presionaron al alza la inflación, las expectativas de inflación se mantuvieron bien ancladas durante todo este período, como reflejo de la debilidad de la demanda y de la inflación subyacente. La cuenta corriente aumentó de forma significativa, hasta el 5½ por ciento del PIB en 2020 (desde 2.9 por ciento en 2019), lo que refleja la resiliencia de las remesas y el menor déficit comercial debido a la mayor fortaleza de los términos de intercambio, la reducción de las importaciones, y la solidez de las exportaciones de productos agrícolas, alimenticios y químicos.

Las autoridades desplegaron medidas de política macroeconómica sin precedentes para contrarrestar el impacto de la pandemia. La política fiscal ofreció un apoyo temprano a la economía y a los más vulnerables, aprovechando el espacio fiscal disponible, con un apoyo total de 2.3 por ciento del PIB, para reforzar la capacidad del sistema de salud, proteger los medios de vida y sostener la demanda agregada. El banco central redujo la tasa de política monetaria en 100 puntos básicos (hasta un mínimo histórico del 1¾ por ciento) y proporcionó liquidez adicional para respaldar los sistemas de pagos y satisfacer la demanda precautoria de efectivo. La Junta Monetaria flexibilizó temporalmente las regulaciones sobre riesgo crediticio para facilitar la renegociación de préstamos, y permitió a los bancos registrar intereses de préstamos reestructurados en base devengada.

Se proyecta que la actividad económica se expanda un 4½ por ciento en 2021, con los principales indicadores mostrando recuperación en los sectores claves del comercio, la manufactura y la construcción, así como una recuperación más lenta en el sector de restaurantes y hoteles. Las perspectivas estarán respaldadas por la recuperación en Estados Unidos, soportada por la vacuna y el Plan de Rescate, así como por la mejora de las perspectivas del resto de los socios comerciales. A mediano plazo, se proyecta que el crecimiento se estabilice en su tasa potencial pre-COVID, alcanzando el 3½ por ciento en 2023. La inflación a corto plazo convergería hacia el punto medio de la banda meta (4 +/-1%) a medida que disminuyan los choques de oferta, compensando las presiones inflacionarias derivadas de la menor capacidad económica ociosa. A medida que la pandemia se debilite, se prevé que el saldo en cuenta corriente se deteriore hasta -0.6 por ciento del PIB a mediano plazo, debido al menor crecimiento de las exportaciones, la mejora de las importaciones y el aumento de los pagos asociados a inversiones extranjeras directas (IED).

Los riesgos para las perspectivas están sesgados a la baja. Un menor ritmo de vacunación o nuevas cepas del virus podrían demorar la recuperación mundial y nacional. Un deterioro persistente de la pobreza y la desnutrición podría desencadenar descontento social, y nuevos desastres naturales podrían afectar la recuperación y los medios de vida. Una retirada prematura de las medidas de apoyo al sector financiero podría reducir la rentabilidad de los bancos y el flujo de crédito para la recuperación. Por el lado positivo, una rápida resolución de la pandemia, junto con un avance más rápido de lo esperado de las reformas del clima de negocio, podrían aumentar aún más las inversiones y el crecimiento.

Evaluación del Directorio Ejecutivo

Los directores ejecutivos elogiaron las autoridades de Guatemala por mantener políticas macroeconómicas sanas y por implementar una respuesta de política ágil y sin precedente para enfrentar la pandemia del COVID-19, permitiendo una pronta reapertura de la economía. Los directores coincidieron en que las perspectivas de mediano plazo son favorables, aunque la recuperación económica dependerá del progreso en la vacunación. Los directores recomendaron que las políticas macroeconómicas permanezcan acomodaticias en el corto plazo mientras la recuperación se afiance, ante los posibles riesgos a la baja derivados de la pandemia. Considerando que la pandemia y los recientes huracanes han exacerbado los desafíos históricos de Guatemala, los directores enfatizaron la importancia de garantizar un crecimiento más inclusivo y sostenido, así como incrementar la resiliencia a los desastres naturales y asegurar la sostenibilidad de la deuda.

Los directores recomendaron que, al tiempo que el estímulo fiscal es gradualmente retirado, las autoridades amplíen el tan necesitado gasto social y en infraestructura, con el objetivo de reducir la pobreza e impulsar el crecimiento potencial. Para ese fin, aumentar la recaudación tributaria y la eficiencia del gasto son necesarios para expandir el espacio fiscal disponible. Más específicamente, los directores alentaron esfuerzos adicionales para fortalecer la fiscalización tributaria, para enfrentar el contrabando, y reducir los trámites burocráticos y la corrupción. Los directores también enfatizaron la importancia de mejorar la transparencia, la gobernanza, la calidad de los servicios públicos y la competitividad del sistema de adquisiciones.

Los directores reconocieron que las condiciones monetarias acomodaticias deberían mantenerse, siempre y cuando las expectativas de inflación permanezcan debidamente ancladas. Recalcaron la necesidad de permanecer vigilante ante cualquier efecto indeseado derivado de la monetización parcial del déficit fiscal del año pasado. Los directores alentaron las autoridades a monitorear de cerca la calidad de los activos de los bancos y permanecer atentos ante los riesgos a la estabilidad financiera. Los directores esperan la pronta aprobación de la ley de bancos y grupos financieros y del nuevo marco de PLD/FT, los cuales fortalecerían la estabilidad e integridad del sistema financiero.

Los directores acogieron con satisfacción la agenda de reformas de las autoridades para aumentar el crecimiento potencial y crear resiliencia, notando que su pronta implementación ayudaría a mejorar el clima de negocios, fomentar las oportunidades de empleo y facilitar el equilibrio externo. Considerando la alta exposición de Guatemala a desastres naturales, los directores recomendaron complementar los esfuerzos previos de mitigación y adaptación al cambio climático con el fortalecimiento de la estrategia para el manejo de los riesgos de desastres naturales y una efectiva implementación del programa de reducción de emisiones.

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