Dinero y política en Guatemala

La CICIG señala que en la práctica el financiamiento privado de candidatos y partidos políticos es anónimo, ilimitado y sin control, y que el 25% proviene del narcotráfico.

Lunes 20 de Julio de 2015

De la introducción del informe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), "EL FINANCIAMIENTO DE LA POLÍTICA EN GUATEMALA":

La relación entre dinero y política es un tópico problemático que ha sido abordado tanto en el campo de la filosofía y la ciencia política, como en el debate público. En el mundo académico, este asunto ha sido tratado en argumentos sobre lo perjudicial que para el orden social y político es que las mismas personas y grupos que concentran el poder económico concentren también el político, y de ahí que se busquen y se prefieran aquellos diseños institucionales que contribuyan a mantener separadas ambas esferas. Sin embargo, tanto en sociedades con democracias consolidadas como en países en proceso de democratización, la influencia decisiva de los grupos con poder económico se ha mantenido o ha aumentado.

Esta preocupación también se encuentra presente en el debate público, donde se constata que, en muchos casos, la capacidad para influir en las decisiones públicas —en distintas esferas de la administración del Estado —es directamente proporcional a los recursos que las personas y/o grupos de interés puedan movilizar. Esto abarca desde influir en políticas económicas— la definición de contingentes de importación o aranceles, por ejemplo — hasta procesos judiciales. En sociedades como la guatemalteca, con alta desigualdad social y diferencias abismales en cuanto a ingresos y propiedad entre los habitantes, esta situación tiende a agravarse.

En estas condiciones, la propia aspiración igualitarista de la democracia —es decir, que la igualdad en el poder político puede contribuir, eventualmente, a la disminución de las desigualdades económicas y sociales— se ve afectada, y se produce una distorsión en la institucionalidad democrática. Aunque formalmente todos los ciudadanos pueden elegir y postularse a cargos de elección, la posibilidad de ser electos no depende exclusivamente de las preferencias de la población, sino de la cantidad de recursos que los candidatos y los partidos, que son los únicos que pueden postular candidatos a la Presidencia y al Congreso de la República, puedan disponer en una elección. Con los flujos de financiamiento privado —en la práctica, anónimos, ilimitados y sin control— , la política democrática es utilizada como un instrumento para la acumulación económica, en tanto los financistas de campañas no realizan sus aportes económicos exclusivamente por identidad ideológica o por filantropía, sino por intereses muy concretos.

A esto se agrega que, también en la práctica, los financistas/inversionistas abarcan un amplio espectro de actores e intereses, que incluyen desde las grandes corporaciones globalizadas que buscan influir en la política económica o en la preservación de sus privilegios, hasta pequeños constructores locales que persiguen la asignación de la construcción de obras en un municipio. Buena parte del engranaje del financiamiento privado de los partidos y, en su conjunto, de la política, opera en el margen de la ley y/o en el ámbito de lo ilícito, sea porque se viola lo establecido en la Ley Electoral y de Partidos Políticos y sus reglamentos (en cuanto a montos y transparencia); sea porque a través de estos se promueve el tráfico de influencias; o porque las contribuciones provengan de entramados de corrupción alrededor de la obra pública.

Como se indicó, muchos de los mecanismos empleados para financiar la política operan al margen de la ley y, en sí mismos, constituyen delitos. Además, debe tomarse en cuenta que en las últimas tres décadas han irrumpido en la escena política fondos y actores del crimen organizado (sobre todo, estructuras dedicadas a la narcoactividad y al contrabando). Con esto, además de la distorsión de la institucionalidad democrática y la perversión de la política, actores criminales buscan influir en funcionarios públicos de diverso nivel y moldear, de acuerdo con sus intereses, la institucionalidad pública.

Se trata, por el tipo de organización, intereses y forma de actuar (que incluye como elemento central el recurso a la violencia) de un fenómeno que debe abordarse a partir de su correcta comprensión.

Como se verá en el informe, las campañas electorales movilizan cantidades de recursos que superan, proporcionalmente, los gastos realizados en otros países de América Latina. La pregunta que emerge es: ¿de dónde se obtienen los recursos para financiar las campañas electorales?

La respuesta inicial es que la mayoría del dinero que financia la política es ilícito, carácter que puede observarse en dos dimensiones: a) desde la perspectiva administrativa existe un conjunto de normas que obligan a registrar los ingresos y los gastos del partido; sin embargo, estas normas son sistemáticamente violadas por la mayoría de partidos que, en múltiples ocasiones, no ofrecen la información y, en otras, presentan datos incompletos y falsos; b) desde la perspectiva penal, la legislación guatemalteca califica como delitos electorales la recepción de contribuciones anónimas, de fuentes ilícitas y otras. Al no registrar los orígenes del financiamiento y al aceptar recursos de fuentes oscuras, la mayoría de partidos traspasa la frontera de lo legal.

Ver informe completo de CICIG: El financiamiento de la política en Guatemala



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