Denuncian ilegalidad en acciones contra empresario

El Consejo Superior de la Empresa Privada de Nicaragua denunció aparente ilegalidad en la detención de un empresario turístico y la demolición de un hotel de $7 millones en construcción en Ometepe.

Lunes 6 de Abril de 2015

Del comunicado del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep):

El derecho a la propiedad privada es inviolable

El Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), ha tenido conocimiento de los hechos de fuerza gubernamental que generaron la detención del empresario Milton Arcia y la demolición total de su propiedad en la Isla de Ometepe, los cuales se nos ha expuesto fueron ejecutados en forma “arbitraria e ilegal” afectando derechos constitucionales que son fundamentales para la seguridad jurídica que requiere la inversión nacional e internacional; situación que no puede ser inobservada y ante la cual queremos exponer nuestra posición institucional gremial:

1. Los principios que rigen a COSEP hemos insistido desde el 2007, son los que guían nuestra acción gremial empresarial, y es por ello, que siempre hemos planteado nuestro compromiso para fortalecer la institucionalidad democrática y el desarrollo económico y social del país, porque estamos conscientes es la forma de construir una patria más prospera y democrática.

2. La defensa del Estado de Derecho y la propiedad privada se insertan en ambos pilares básicos de nuestro quehacer gremial, y por eso los defendemos sin vacilación alguna y exigimos que los poderes y los funcionarios públicos actúen bajo el principio de legalidad en estricto apego a la Constitución y las leyes.

3. La Constitución Política en forma clara tutela los Derechos Individuales de los nicaragüenses, y es por esto que consagra en forma clara, la igualdad ante la ley y el derecho a igual protección, por lo cual se prohíbe en forma expresa que “nadie puede ser sometido a detención o prisión arbitraria”, y se le establecen a los ciudadanos derechos que no pueden ser conculcados arbitrariamente por funcionario alguno.

4. La Carta Magna también en forma expresa ha tutelado el Derecho de Propiedad, siendo una responsabilidad del Estado “garantizarla y estimularla”, y solamente está limitada por “causa de utilidad pública o de interés social”, y sólo en esas circunstancias y bajo las reglas de un debido proceso, es que puede ser afectada; principios que conllevan a que en nuestro país prohíba la confiscación y que los funcionarios que la infrinjan deban responder directamente por tales hechos.

En correspondencia con lo anterior, y por estar conscientes que sin respeto a la propiedad privada no puede haber empresas ni empresarios seguros que puedan trabajar con ahínco para generar prosperidad, y por tanto, tampoco puede haber una sociedad más democrática, demandamos:

PRIMERO: Que se respeten la integridad física del empresario Milton Arcia y sus derechos de propiedad conforme los documentos públicos que reflejen ese derecho; y

SEGUNDO: Que se proceda a lo inmediato por las autoridades competentes a investigar el irregular actuar de funcionarios y miembros de la Policía que actuaron bajo el amparo de la fuerza y la impunidad.



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