Democracia con dos tipos de ciudadanos

La igualdad de los ciudadanos ante la ley, rasgo definitorio de una democracia, se mantiene en Costa Rica como una formalidad que genera en la práctica riqueza y privilegios para unos, y pobreza y desesperanza para otros.

Lunes 18 de Setiembre de 2017

OPINIÓN - Jorge Cobas González - Director de CentralAmericaData

Unos ciudadanos costarricenses -no pocos- son los que tienen "derechos adquiridos" por pertenecer a alguna de las corporaciones a las que las leyes asignan múltiples privilegios, y otros -inmensa mayoría- los que trabajan para pagarles esos privilegios a los primeros.

Edgar Espinoza, en artículo en Crhoy.com, historia con precisión la degradación del Estado costarricense como "gran rector de la sociedad civil que vela, en igualdad de condiciones, por el bienestar común de todos los ciudadanos", para convertirse en mero instrumento de distribución de prebendas entre amigos y compadres políticos.

Lo maquiavélico de esa degradación democrática, es que el botín que constituyen esas prebendas no se reparte solamente entre esos amigos y compadres políticos al estilo tradicional de las dictaduras centroamericanas, sino que "democráticamente", vía salarios, pluses, pensiones para vivir como ricos, seguridad en el empleo, y otros privilegios laborales, llega también a muchos de los funcionarios del Estado, y a los integrantes de las corporaciones profesionales y empresariales bien organizadas para reclamar y asegurarse su parte en ese botín. Y decimos "democráticamente" -así, entre comillas- porque entre los que se benefician del reparto, como lo señala Espinoza, "se encuentra de todo, desde políticos de rancio pedigrí hasta ascensoristas y jardineros, pasando por embajadores, banqueros, religiosos, comunistas, sindicalistas y catedráticos universitarios."

Describe Espinoza: "A lo largo de varios gobiernos, estos privilegios nos los fueron metiendo como un cheque en blanco despacito, suavecito, dentro del tejido estatal; algunas veces infiltrado vulgarmente entre proyectos de ley que eran para una cosa distinta, y otras, a través de suculentos arreglos por debajo de la mesa". De esa manera, "los supremos poderes, las instituciones y el sector público en general tomaron por asalto al Estado para hacer de este su 'arca abierta' absoluta, inexpugnable y perpetua", asegurando para siempre los "privilegios íntimos de las élites". (resaltado nuestro)

Y razona el articulista que la situación es "un modelo de tiranía sutil y fino sin pistolas al cinto ni metralletas en bandolera que repta y depreda entre la infinita paciencia, ingenuidad y desidia de este pueblo... Por mucho menos ya hubiera estallado una revolución aquí pero ya ni esta es posible porque por la forma satánica como el poder político fraguó todo, en vez de derrocar a un solo dictador tendríamos que derrocar a miles de ellos que figuran hoy en las planillas de lujo." (resaltados nuestros)

Más allá de la inaceptable desigualdad entre los ciudadanos que genera, esta situación lleva a la economía del país a su destrucción, porque inhibe la actividad empresarial honesta dedicada a la excelencia productiva y a la sana competitividad, privilegiando el lobby y la corrupción.

Edgar Espinoza se desesperanza y declara no tener idea de cómo hacer que la democracia en Costa Rica deje de ser una formalidad, donde la igualdad ante la ley depende de los "derechos" que haya "adqurido" cada ciudadano, y de la entelequia jurídica que respalda esos "derechos". Porque cualquier acción legal contra los privilegios de los titulares de esos "derechos" chocará siempre con las decisiones contrarias de un tribunal superior, decisiones que tendrán no solamente el respaldo de las leyes que instauraron esos privilegios, sino que también serán inevitablemente influenciadas por el interés personal de los magistrados, también privilegiados por el diabólico sistema de apropiación de los recursos estatales. Y no será la Asamblea Legislativa la que desmonte el tinglado de la distribución injusta de la riqueza del país, porque inevitablemente sus integrantes no representan al pueblo como un todo, sino a las corporaciones sujetos de esos privilegios.

Quizás la solución pacífica a esta situación esté en devolverle a la mayoría de los ciudadanos, mediante plebiscito, la capacidad de anular el concepto de "derecho adquirido" plasmado en esas leyes de privilegio, para volver a establecer la igualdad real entre todos los ciudadanos de Costa Rica.

Hace un año este tema ya nos provocaba malos sueños:

“Derechos adquiridos” o El Jardín de los Locos
En una brillante primavera el jardín floreció glorioso y todos querían flores. Dijo Juan “- Yo merezco 10”, y el jardinero le dio 10. “- Yo quiero llevarme 11” dijo Pedro, y le concedieron 11. “- Exijo 12” protestó Manuel, y le garantizaron 12. “- Quiero 13” gritó José, y obtuvo sus 13. Muchos reclamaron así, y obtuvieron. Al final quedó una flor ya algo mustia que le fue otorgada a un mudo sin nombre. Y el jardinero fue aclamado por su generosidad.


Pero en la siguiente primavera el jardín produjo muchas menos flores, pese a lo cual Juan pretendió llevarse sus 10, Pedro sus 11, Manuel sus 12, y José sus 13 flores. “- Eso es lo que nos corresponde” gritaban. “- Es nuestro derecho” alegaban. Y contrataron un abogado que presentó una demanda para que el jardinero entregara lo que por “derecho adquirido” les pertenecía. Y el juez, que era Manuel, falló a favor de los demandantes.


El primero en volverse loco fue el jardinero, que no tenía flores suficientes para cumplir con la sentencia judicial. Luego comenzaron a desvariar todos los demás, que al grito de “- ¡Derechos adquiridos!”, deambulaban por el jardín dándose puñetazos en la arrebatiña de las pocas flores disponibles.
El mudo sin nombre, a un costado y con las manos vacías, miraba sin entender nada.

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Pero en la siguiente primavera el jardín produjo muchas menos flores, pese a lo cual Juan pretendió llevarse sus 10, Pedro sus 11, Manuel sus 12, y José sus 13 flores. “- Eso es lo que nos corresponde” gritaban. “- Es nuestro derecho” alegaban. Y contrataron un abogado que presentó una demanda para que el jardinero entregara lo que por “derecho adquirido” les pertenecía. Y el juez, que era Manuel, falló a favor de los demandantes.

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