Debilidades de Nicaragua frente al lavado de dinero

Entre las actividades susceptibles de ser utilizadas para blanquear capitales se identificaron la comercialización de oro y de vehículos, la compra-venta de bienes raíces y las transferencias electrónicas de dinero.

Miércoles 8 de Noviembre de 2017

Del informe "Evaluación Mutua de Nicaragua Octubre 2017", del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat):

Principales hallazgos

Nicaragua cuenta con disposiciones legislativas, normativas y un marco institucional que le permiten combatir, hasta cierto punto, el Lavado de Activos (LA) y el Financiamiento del Terrorismo (FT). El marco normativo vigente tiene deficiencias que limitan la efectividad general del sistema.

Nicaragua ha realizado importantes esfuerzos para comprender sus riesgos y ha completado una Evaluación Nacional de Riesgos LA/FT (ENR LA/FT) y sobre esa base ha desarrollado una Estrategia Nacional y Plan Nacional de Acción (PNA) ALA/CFT. El nivel de conocimiento y comprensión de los riesgos es desigual entre las diferentes autoridades y sujetos obligados (SO). Dentro de las circunstancias que han contribuido a la variación en los niveles de comprensión de los riesgos de LA/FT están la participación limitada de algunas autoridades competentes en materia ALA/CFT, así como del sector privado (SO y otros relevantes).

La inteligencia generada por la Unidad de Análisis Financiero (UAF) es difundida por medio de Reportes Técnico Conclusivos (RTC), lo que ha permitido que las autoridades de orden público identifiquen bienes, activos y recursos no justificados, así como iniciar investigaciones sobre LA. La obligación de presentar Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) no está en ley de forma expresa como lo exige el Estándar del GAFI, no obstante, los reguladores han emitido normatividad secundaria lo cual ha permitido que los SO presenten ROS.

Las autoridades han llevado a cabo esfuerzos para combatir el LA vinculado a sus principales amenazas: el narcotráfico y el crimen organizado. Sin embargo, no se abordan de la misma manera los casos vinculados a otras amenazas. Tampoco hay evidencia de que realicen investigaciones financieras paralelas. Aunque se han decomisado bienes muebles e inmuebles, entre otros, se requiere mejorar el proceso de acopio de estadísticas sobre decomisos de productos de delitos predicados nacionales e internacionales y productos ubicados en el exterior, a fin de que sean comprensivas.

Nicaragua no cuenta con antecedentes de investigaciones ni procesos en materia de FT. Las deficiencias en la tipificación de ese delito afectan la efectividad porque, pese a tener el aparato institucional y operativo, Nicaragua no estaría en capacidad de identificar, perseguir y procesar adecuadamente conductas no tipificadas.

Nicaragua dispone del marco jurídico que le permite dar cumplimiento a las sanciones financieras dirigidas (SFD) derivadas de las Resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (RCSNU) 1267 y 1373. A pesar de que Nicaragua ha realizado esfuerzos en evaluar los riesgos asociados a las OSFL y ha realizado algunas acciones de acercamiento con aquellas que entran en la definición del GAFI, el marco jurídico aplicable a las organizaciones sin fines de lucro (OSFL) limita el alcance de posibles medidas ALA/CFT. No existe el marco jurídico para dar cumplimiento a las RCSNU en materia de financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva (FPADM).

Las industrias de mayor riesgo del sector financiero son alcanzadas por la normatividad ALA/CFT, sin embargo, aún quedan fuera del régimen las arrendadoras financieras, empresas de factoraje y algunas instituciones financieras intermediarias de microfinanzas (IFIM). En el caso de las Actividades y Profesiones no Financieras Designadas (APNFD), sólo los casinos y salas de juego son SO en términos de Ley. Los supervisores aún no aplican de manera adecuada un enfoque basado en riesgo (EBR) en su labor de supervisión de las Instituciones Financieras (IF).

La información sobre el beneficiario final de las personas y estructuras jurídicas no está al alcance en tiempo y forma para las autoridades competentes, y no existe garantía de que esté actualizada y sea precisa. Al respecto, tampoco existen sanciones eficaces, proporcionales y disuasivas disponibles para aplicar en los casos de incumplimiento.

Nicaragua cuenta con el marco jurídico que le permite prestar asistencia legal mutua (ALM) y de hecho, ha prestado asistencia y cooperación a diversos países en materia de LA y otros delitos.

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