De exoneraciones e impuestos

Al sector privado panameño le preocupa el "cambio en las reglas del juego" que se dará con la eliminación de algunas exoneraciones en el proyecto de ley que rebaja el impuesto de inmueble.

Viernes 25 de Agosto de 2017

Del comunicado de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura:

El Proyecto de Ley 509, “Que modifica artículos del Código Fiscal en materia de Impuestos de Inmueble y dicta otras disposiciones”, si bien ofrece importantes ajustes de la tarifa del impuesto de bien inmueble, ha generado mucho debate, dudas y preocupación entre la ciudadanía y el sector privado.

Consideramos que el término “Patrimonio Familiar Tributario” es confuso e incluso puede ser excluyente, por lo que sugerimos cambiarlo por “residencia principal de la persona natural o del beneficiario final de una persona jurídica”, para asegurar el beneficio para la residencia principal de cualquier contribuyente. Por otra parte, al haberse eliminado las exoneraciones, las tasas de impuesto propuestas son muy altas. Hemos planteado aplicar una tasa única para residencia principal y otra para el resto de las propiedades, ya sean viviendas o locales comerciales.

Lo que más ha causado preocupación de este proyecto, tal como está planteado, es el impacto que tiene sobre industrias como turismo, reforestación, logística, generación y transmisión de energía eléctrica y construcción, por mencionar algunas que crean un número importante de plazas de trabajo y han arriesgado capital en nuestro país esperando respeto a la seguridad jurídica.

Apelamos al respeto de las condiciones impositivas y exoneraciones actuales a los que ya se ha comprometido el país, así como a que se permita a los proyectos que reciban permiso de construcción antes de la entrada en vigor de la legislación acogerse a las disposiciones actuales. Cambiar las reglas del juego a la mitad del partido, no solo puede colocar al país en una posición de desventaja y es incongruente con el actual plan estratégico nacional y las políticas de estado que han emprendido las autoridades desde hace varias décadas para atraer inversiones, sino que podría ser violatorio de convenios internacionales y, en consecuencia, traer importantes reclamos contra la República de Panamá.



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