El Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala acusan a la empresa Aceros de Guatemala de haber cometido los delitos defraudación tributaria y defraudación aduanera, por un monto superior a los $33 millones, que estaría vinculado a la estructura de defraudación aduanera desmantelada meses atrás y conocida como "La Línea".

Ver comunicado del Ministerio Público "Impunidad y defraudación: una red de corrupción en la SAT".
Ver: "Percepción de corrupción en Centroamérica" y "Empresarios involucrados en corrupción"

Reseña Elperiodico.com.gt que "... Con este caso vuelve a discusión la falta de transparencia al devolver el crédito fiscal en el país. Un proceso que según los empresarios es lento y a veces tarda años en efectuarse. Rolando Paiz, presidente de la junta directiva de la Asociación de Exportadores de Guatemala (Agexport) explicó que el principal problema es la devolución del crédito fiscal y la lentitud, que lo hace un proceso muy complicado y poco transparente, lo que da pie a casos de corrupción. Por tanto pide que se transparente el proceso para que las reglas estén claras y se eviten las malas prácticas."

Al respecto, Jorge Briz, presidente del CACIF, cree que se debe ''garantizar el debido proceso y la presunción de inocencia" y agrega: "mal haríamos si tomáramos una decisión contra una empresa sin respetar sus garantías institucionales." Según explicó Javier Zepeda, director ejecutivo de la CIG, "serán respetuosos del debido proceso y de sus estatutos que dicen que para tomar una decisión sobre la expulsión o suspensión de uno de sus socios, este debe ser condenado en un juicio."

Fuente: elperiodico.com.gt

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