Lo que empezó como un bloqueo por parte de Panamá al ingreso de productos de origen animal provenientes de Costa Rica, se ha convertido en una propuesta formal para aplicar un arancel de importación a los lácteos costarricenses que se comercialicen en el mercado panameño.
Miércoles 4 de Noviembre de 2020
En julio de este año Panamá informó al Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA), dependencia del Ministerio de Agricultura y Ganadería de Costa Rica (MAG), sobre la decisión de no extender la habilitación para la exportación a una lista de establecimientos costarricenses previamente autorizados y que comercializan en el mercado panameño desde hace muchos años.
Cuando inició este diferendo comercial se percibió como un problema que podría solucionarse con inspecciones técnicas a las plantas productoras de alimentos que operan en Costa Rica, sin embargo, los planes han cambiado, y ahora las autoridades panameñas se enfocan en gravar los productos lácteos de origen costarricense.
El documento enviado por las autoridades panameñas a los ministerios costarricenses de Comercio Exterior (Comex) y de Agricultura y Ganadería (MAG), precisa que la intención es crear "... el mecanismo de salvaguardia especial agrícola para ciertos productos lácteos. El mecanismo de salvaguardia tendrá la forma de un arancel de importación".
Duayner Salas, jerarca del Comex dijo a Nacion.com que "... 'en efecto, recibimos de parte de las autoridades de comercio una propuesta, que estamos analizando y revisando para responderla en línea con lo que sea factible de implementar en términos de nuestra relación bilateral con Panamá'."
Según Renato Alvarado, ministro de Agricultura y Ganadería, "... el mecanismo de salvaguardia no se justifica cuando el mercado panameño es deficitario en productos lácteos. Ellos producen 60% del consumo y Costa Rica participa con sus exportaciones en el otro 40% del mercado, sin causar perjuicio a la industria local."
Para la Cámara Nacional de Productores de Leche de Costa Rica no viable atender estas propuestas de cualquier socio comercial que no sean consecuentes con el marco que regula la relación entre ambas economías.
A raíz del bloqueo que se mantiene desde julio de 2020 al ingreso al mercado panameño de productos de origen animal procedentes de Costa Rica, se reportan caídas en las exportaciones costarricenses que tienen como destino Panamá y empresas como Dos Pinos registran pérdidas millonarias.
El conflicto comercial inicio cuando Panamá informó al Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA), dependencia del Ministerio de Agricultura y Ganadería de Costa Rica (MAG), sobre la decisión de no extender la habilitación para la exportación a una lista de establecimientos costarricenses previamente autorizados y que comercializan en el mercado panameño desde hace muchos años.
Argumentando que el crecimiento inusual en las importaciones de azúcar está perjudicando la producción local, la administración Alvarado decidió elevar desde 45% a 73% el arancel al producto que ingrese a Costa Rica, por un plazo de 3 años.
El Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), concluyó la investigación solicitada por la Liga Agrícola Industrial de la Caña de Azúcar (LAICA) y 4 ingenios, sobre la medida de Salvaguardia contra las importaciones de azúcar en estado sólido, granulado, conocido como azúcar blanco, utilizado para consumo doméstico e industrial, justificando un deterioro en los principales indicadores económicos de la Rama de Producción Nacional (RPN), detalla un comunicado oficial de fecha 15 de junio.
A partir de abril el país sudamericano implementará el cronograma de eliminación de salvaguardia por balanza de pagos, reduciendo los niveles arancelarios vigentes del 15% a 10% y el de 35% a 23,3%.
Del comunicado del Ministerio de Comercio Exterior de Ecuador:
A partir de abril de 2017 se ejecutará el cronograma de desmantelamiento de la medida de salvaguardia por balanza de pagos, reduciendo los niveles arancelarios vigentes del 15% a 10,0% y la de 35 % a 23,3%. En este sentido, la reducción establecida se aplicará a las declaraciones aduaneras presentadas a partir de 1 de abril de 2017.
Dejando en claro que sus políticas de comercio internacional serán más proteccionistas que las de gobiernos anteriores, la administración Solís puso paños fríos al trámite de adhesión al grupo conformado por México, Colombia, Perú y Chile.
EDITORIAL
Este tema ya marca netas diferencias al interior del equipo de gobierno del Presidente Luis Guillermo Solís.
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