Ante el acuerdo alcanzado por la administración Alvarado y el FMI para que Costa Rica acceda a un préstamo por $1.750 millones, el sector empresarial pide que se reduzca el gasto público y que se informe detalladamente sobre los alcances de lo suscrito por ambas partes.
Lunes 25 de Enero de 2021
En un intento por aliviar la crisis fiscal y económica por la que atraviesa el país, el año pasado la administración Alvarado comenzó las gestiones para acceder a un préstamo por $1.750 millones que será solicitado al Fondo Monetario Internacional (FMI).
Después de agotarse las instancias de diálogo nacional, el gobierno costarricense se sentó a negociar con el FMI las condiciones para acceder al multimillonario préstamo.
De acuerdo con comunicado del FMI de fecha 22 de enero de 2021, la misión de ese organismo internacional y el gobierno de Costa Rica llegaron a un acuerdo a nivel del personal técnico en torno a un programa de tres años que permita anclar los esfuerzos del gobierno en materia de políticas y reformas, con el fin de reforzar la respuesta del país a la pandemia y sentar las bases para una recuperación económica sólida y duradera.
Las principales medidas de política en el marco del programa formulado por el país y apoyado por el FMI se centrarán en garantizar la sostenibilidad fiscal y fomentar la estabilidad monetaria y financiera, y al mismo tiempo proteger a los sectores pobres y más vulnerables, destaca el documento del organismo multilateral.
En este contexto, Fabio Masís, director ejecutivo de la Unión Costarricense de Cámaras (Uccaep), dijo a Elobservador.cr que "... Desde el sector empresarial consideramos, de mayor urgencia, conocer las medidas estructurales que ha anunciado el Ejecutivo y que, en aras de la transparencia, deben informarse.”
Masís explicó que la "... Uccaep será 'vigilante' del cumplimiento de los acuerdos establecidos en los procesos de diálogo que impulsó el Gobierno y donde participaron diferentes sectores. Medidas como reducción del gasto público, apego a la regla fiscal y reducción de las transferencias son compromisos que van en la vía correcta y que incluso a partir de ahora deben ser la norma y no la excepción". Ver artículo completo del Observador.
Ahora el acuerdo suscrito entre el personal técnico de la administración Alvarado y del FMI, debe ser avalado por el directorio del organismo financiero y por la Asamblea Legislativa de Costa Rica.
Además de los $1.750 millones que el gobierno pretende obtener por medio del préstamo que gestiona con el FMI, durante los cuatro años comprendidos entre 2022 y 2025 el país prevé colocar $4.000 millones por concepto de bonos de deuda externa.
El gobierno costarricense se enfrenta a un complejo escenario, pues al no lograr consensos para acceder a préstamos internacionales, se verá obligado a buscar fuentes de financiamiento internas, lo que presionaría al alza el tipo de cambio y las tasas de interés.
La crisis económica que atraviesa el país a causa del brote de covid19 terminó por agudizar la situación fiscal del país.
Después de que la administración Alvarado decidiera dar marcha atrás a la propuesta para negociar un préstamo de $1.750 millones con el FMI, se pronostica que el próximo año el gobierno dependerá de la deuda interna para financiar sus gastos.
Aunque la administración Alvarado dio marcha atrás a la propuesta inicial para solicitar al FMI $1.750 millones en financiamiento y convocó a un diálogo intersectorial, Costa Rica se encuentra semiparalizada por los bloqueos que se realizan en diversas vías del país.
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