A raíz de la aprobación del marco jurídico que en El Salvador reconoce al Bitcoin como una moneda de curso legal, se teme que la falta de transparencia en el uso de esta criptomoneda represente un riesgo de lavado de dinero.
Derivado de esta decisión, existe temor que se puedan reportar prácticas ilegales y se pueda afectar la transparencia del sistema financiero salvadoreño, pues el país centroamericano es el primer territorio en aprobar un marco jurídico de este tipo.
Para el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) la falta de transparencia del bitcoin podría aumentar el riesgo de lavado de dinero si las regulaciones no cumplen completamente con los estándares del GAFI.
Días atrás el GAFI emitió una opinión en la que explicó que "... los bancos corresponsales podrían requerir una debida diligencia y controles más detallados sobre las instituciones financieras de El Salvador si las regulaciones y controles no son lo suficientemente sólidos para evitar la evasión fiscal, el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo".
Para la calificadora de riesgo Fitch Ratings, el uso de curso legal del Bitcoin aumentarían los riesgos regulatorios, financieros y operativos de las instituciones financieras, incluido el peligro potencial de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
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Luego de múltiples consultas, la Superintendencia de Bancos anunció las monedas o activos virtuales como lo son el Bitcoin, Ethereum, Ripple y otras similares, no son monedas de curso legal en el país.
La Superintendencia de Bancos, derivado de las distintas consultas formuladas por agentes económicos y financieros con relación al uso de las monedas o activos virtuales, conocidos como criptomonedas, comunica a la población que de conformidad con la Ley Monetaria, la unidad monetaria de Guatemala es el Quetzal y únicamente el Banco de Guatemala puede emitir billetes y monedas dentro del territorio de la República, por lo que las monedas virtuales no son monedas de curso legal en el país, explica un comunicado oficial.
Todos somos responsables de combatir la cultura de dinero fácil mediante el blanqueo, que atrae inversiones de licitud más que dudosa y genera situaciones de corrupción, inseguridad, amenazas y extorsión.
El principal gremio empresarial de Panamá se unió a diversas organizaciones internacionales y nacionales, señalando la necesidad de que "...el sector privado y la ciudadanía se adhieran a los esfuerzos del sector público, pues la responsabilidad en materia de prevención y lucha contra el blanqueo, es de naturaleza mancomunada."
La aprobación de la norma era requisito impuesto por EE.UU. para la financiación del programa Fomilenio II.
De la nota de prensa de la Asamblea Legislativa de El Salvador:
El Pleno Legislativo aprobó con 83 votos un pliego de reformas a la Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos, que aseguran que la normativa legal de El Salvador, esté conforme a los Estándares Internacionales sobre la lucha contra el lavado de dinero y de activos, el financiamiento del terrorismo, crimen organizado, el narcotráfico y cualquiera de sus variantes. Con la aprobación de dichas modificaciones, también se han acatado las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Impulsan la aprobación de una legislación sobre blanqueo de capitales y financiamiento de terrorismo, recogiendo las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (Gafi).
“La nueva legislación no sólo implicará un cambio en la Ley 42, sino cambios en el Código Penal”, dijo Marisol Sierra, directora de Prevención y Control de Operaciones Ilícitas de la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP).
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