La enmienda legal fue incluida en el Proyecto de Ley para el Manejo Eficiente de las Finanzas Públicas que ya fue enviado a la Asamblea Legislativa.
Hasta hora, “el Banco Central es quien financia el 80% de la operación de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), la Superintendencia General de Valores (Sugeval), la Superintendencia de Pensiones (Supen) y la Superintendencia General de Seguros (Sugese)”, informó Nacion.com.
Para 2012, el presupuesto total de los entes supervisores es ¢23.000 millones ($ 46 millones).
“La idea es que todos los supervisados paguen lo que cuesta la supervisión. Eso es así en muchos países”, dijo Luis Liberman, vicepresidente de la República
Por su parte, Fernando Naranjo, gerente del Banco Nacional, dijo que la medida puede tener consecuencias en dos vías: un aumento en el costo de los servicios financieros y una pérdida de independencia de los supervisores.
“Tengo serias reservas éticas sobre la idoneidad de este cambio propuesto. Yo hubiera esperado lo contrario, que los entes supervisados no contribuyan con el financiamiento de los reguladores”, comentó Naranjo.
La reforma del Sistema de Banca para el Desarrollo está trabada en el Congreso por un eventual impuesto a la banca off shore.
La creación de un impuesto en el proyecto de ley para reformar el Sistema de Banca para el Desarrollo impide su avance en el Congreso costarricense. Los diputados proponen un tributo de 15% sobre las ganancias de la banca off shore.
Por el volumen de sus activos y de las carteras de crédito que administran, el conjunto de las cooperativas son el cuarto mayor operador financiero del país.
En Costa Rica, las 30 cooperativas supervisadas por la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) superan en valor de activos y en cartera de crédito "al banco privado BAC San José y se encuentran por debajo de los bancos Nacional, Costa Rica y Popular, de capital público."
La Ley 311 establece el sistema de coordinación y cooperación interinstitucional entre los entes de fiscalización financiera, crea la Superintendencia del Mercado de Valores, reforma el Decreto Ley 1 de 1999 y la Ley 10 de 1993.
El Salvador, Panamá y Costa Rica firmaron un acuerdo para la supervisión consolidada de entidades que operen en uno u otro país.
El acuerdo suscrito por las Superintendencias de bancos de los tres países, tienen como fin mejorar las condiciones del intercambio de información, facilitar el desempeño de las funciones de supervisión de ambas partes y promover una mayor estabilidad y solidez de los sistemas bancarios y financieros de sus respectivos países.
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