Costa Rica: Un regulador con conflicto de interés

El gobierno propone que el próximo Regulador General de la República sea un funcionario con más de 20 años en un puesto de alto nivel en la empresa eléctrica estatal.

Lunes 21 de Marzo de 2016

La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP), criticó la designación del señor Roberto Jiménez Gómez, funcionario del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) por más de 20 años, como candidato del Consejo de Gobierno al puesto de Regulador General de la República.

El comunicado de la Uccaep señala: "...'Para el sector empresarial es inadmisible e inconveniente que el candidato a dirigir la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) fuera un alto jerarca de larga trayectoria en el ICE, entidad a la que tendría que regular si la Asamblea Legislativa confirma el nombramiento', dijo Ronald Jiménez, presidente de UCCAEP."

"... La Unión de Cámaras señala que cualquier candidato a regulador no debe ser un exempleado de un ente regulado, pues esa situación pondría en duda la independencia de criterio, la idoneidad y la transparencia en la regulación y fijación de tarifas."

"... También, se violentaría el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Centroamérica y Estados Unidos ya que en el anexo 13 de Telecomunicaciones, en su apartado IV de Principios Regulatorios, se estipula que Costa Rica establecerá o mantendrá una autoridad reguladora para los servicios de telecomunicaciones, que sea independiente de todo proveedor de servicios."

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Nota del editor:
Esta opinión se escribió horas antes de que el ya designado nuevo Regulador General de Costa Rica informara de su renuncia al cargo que detentaba en el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). Al comunicar su renuncia el funcionario señaló: "No existe ningún conflicto legal entre el cargo que ocupaba en el ICE y mi designación como Regulador General; sin embargo, tomo esta decisión en aras de la transparencia que debe prevalecer en mi nuevo puesto". Su insistencia en la legalidad de su nombramiento, insistencia que aparenta justificar lo anti ético del mismo, hace que se mantenga la preocupación por la justicia de las decisiones que deberá tomar en el ejercicio de su cargo. Esta preocupación crece si se considera que si no hubiera renunciado, era obligatoria su abstención en las decisiones que involucraran a la empresa donde mantenía su cargo. Ahora ya no tendrá que abstenerse.

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