Costa Rica: Un 2013 agridulce para el sector industrial

La gremial del sector pide al próximo gobierno la revisión de la gestión del Instituto Costarricense de Electricidad y la creación de una Política Industrial.

Lunes 9 de Diciembre de 2013

Del comunicado de prensa de la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR):

Durante su recuento anual y de expectativas para el 2014, la Cámara de Industrias de Costa Rica, CICR, aseguró que este año el sector mantuvo un comportamiento marcado por los altibajos, el cual inició con una clara tendencia recesiva, que luego se revirtió a partir de abril.

De acuerdo con Juan Ramón Rivera, Presidente de la CICR, el segundo semestre cierra con una fuerte tendencia a la aceleración, pero esta no es generalizada, ya que se concentra en actividades del régimen de Zona Franca, particularmente de la industria eléctrica y electrónica.

“A setiembre, la tasa interanual del Índice Mensual de Actividad Manufacturera, IMAM, de Zona Franca, alcanzó el 20%, mientras que para el régimen definitivo el crecimiento interanual fue de tan sólo un 2%. A ese mismo mes, la tasa media de crecimiento para el sector industrial se ubicó en un 3,3%, es decir, cuatro puntos porcentuales menos que hace un año”, detalló Rivera.

Este comportamiento, según la CICR, condujo a mantener un ritmo poco dinámico del empleo, con una leve tendencia a la baja, según lo muestran los datos a octubre de la Caja Costarricense del Seguro Social, CCSS.

En vías de sugerir a los diversos sectores del país un rumbo en pro de la competitividad de la industria y como parte del aporte que la Cámara realiza a la nación en general, la institución propuso, en agosto pasado, una Política Industrial al 2030, la cual contiene una serie de acciones de corto, mediano y largo plazo para lograr una empresa industrial innovadora, que se transforma a sí misma y al entorno, que genera colaboración y crecimiento en capacidades, respetando a la persona, a la sociedad y al planeta.

En el tema energético, la CICR se involucró de lleno proactivamente, manteniendo una presencia informada y seria en todas las fijaciones de tarifas eléctricas. De esta manera, los industriales presentaron una solicitud de rebaja tarifaria, que si bien fue rechazada por la ARESEP, sirvió para que se reconociera por parte del ente regulador, la existencia de ineficiencias en el Instituto Costarricense de Electricidad, ICE. También se ha dado una lucha a favor de la importación de gas natural, por parte de entes privados.

En el ámbito del fisco, la CICR ha mantenido una activa participación en las mesas de diálogo, en el seguimiento de ello, la institución ha llevado a cabo dos sesiones con representantes del Ministerio de Hacienda, para discutir los temas de ingreso y gasto público, de forma tal que la Cámara pueda dar una mejor contribución al desarrollo de la reforma fiscal.

“En temas ambientales, hemos dado seguimiento a la reforma a la Ley de Recurso Hídrico, a la reforma constitucional del agua y a la implementación de la Ley General de Residuos y la Estrategia Nacional de Carbono. También fuimos proactivos en la discusión para la reforma a la ley de Banca para el Desarrollo, la reforma Procesal Laboral y el avance de las diferentes políticas en materia de apoyo a la PYME y el emprendedurismo”, detalló Rivera.

Lo que esperan los industriales del nuevo Gobierno en el 2014

Para la CICR, el próximo Gobierno de la República debe dar prioridad a las siguientes temáticas, en pro de una sana competitividad para el sector, y sobre todo para poder cumplir con las iniciativas propuestas en la Política Industrial al 2030. A continuación el resumen de las mismas:

Energía:

1. Insistir ante la ARESEP la incorporación de parámetros de eficiencia operativa en las tarifas de electricidad y combustibles, incluidas las revisiones automáticas del combustible usado para la generación térmica.

2. Apoyar las reformas legales que puedan fortalecer la regulación, para que la ARESEP defienda al consumidor de abusos e ineficiencias de los operadores de servicios públicos.

3. Impulsar en la ARESEP el desarrollo de nuevas metodologías tarifarias, que permitan aprovechar el potencial energético del país, que incentive nuevas inversiones, incluyendo el aporte que pueden dar los consumidores a través de la generación distribuida.

Calidad y mejora regulatoria:

1. Fortalecer y continuar las acciones de mejora regulatoria, incluidas la simplificación de trámites y la reglamentación técnica.

2. Elaborar una estrategia de dinamización del Sistema Nacional de la Calidad.

3. Aumentar la cobertura de gobierno digital de aquellos trámites esenciales para el establecimiento de actividades productivas (viabilidad ambiental, concesiones, permisos, registros, entre otros).

Sostenibilidad:

1. Incluir variables ambientales en los procesos de planificación, definición de programas y proyectos de carácter estatal, los cuales deben ser la base para la propuesta de reformas fiscales verdes y creación/modificación de impuestos verdes.

2. Promover la aplicación de la jerarquía de aprovechamiento de los residuos (1. fuente de materia, 2. aprovechamiento energético y 3. composteo) en todas las instancias públicas y privadas asociadas a la Gestión Integral de Residuos.

3. Apoyar una reforma a la Ley de Aguas vigente, que asegure no solo la sostenibilidad del recurso hídrico, sino que permita su uso sostenible y una administración equitativa y equilibrada entre todas las actividades humanas que la aprovechan.

Compras Públicas:

1. Incluir el reconocimiento del Valor Agregado Nacional, VAN, en una reforma de la legislación (incluidos instrumentos reglamentarios) de la contratación administrativa.

2. Declarar prioritario un programa de estandarización de la contratación pública, apoyado en el ente nacional de normalización, que conduzca precisamente a normalizar un elevado porcentaje de las compras públicas.

3. Establecer, por vía legal, una plataforma electrónica estándar, que facilite la amplia participación de los mejores oferentes, con transparencia y agilidad, y que incluya una potente herramienta para la planificación sistemática de las necesidades y de las compras.

4. Crear un eco-reglamento de compras del sector público, que establezca los parámetros y formas racionales de demostración que regirán las contrataciones.

Laboral:

1. Reforma de la Ley Constitutiva del INA para hacerlo más expedito en el cumplimiento de las necesidades de capacitación del sector empresarial.

2. Desentrabamiento en la labor de los Consejos adscritos al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Reorientar la labor del Consejo de Salud Ocupacional para que sea el emisor de las políticas en este sentido. Que el Consejo Superior de Trabajo ponga en funcionamiento el Plan Nacional de Empleo, y se convierta en una fuente de debate tripartito, que conduzca a una mejora en las relaciones laborales en el país.

Fiscal y monetario:

1. Establecer acciones concretas en contención, transparencia y eficiencia del gasto público.

2. Promover una ley general de empleo público, que regule los incentivos salariales, entre otros aspectos.

3. Promover la reforma de los impuestas de ventas (transformarlo en un IVA) y de renta, así como otras reformas fiscales, en el marco del proceso de diálogo Nacional “En ruta a la Consolidación Fiscal”.

4. Incorporar estratégicamente, en la reforma y política fiscal, el fomento de la Investigación, el Desarrollo y la Innovación (I+D+I).

PYME:

1. Incorporar, explícitamente, una Política Pública de fomento a la PYME, como un componente del Plan Nacional de Desarrollo.

2. Continuar con esfuerzos como la transformación y creación de nuevas CREAPYME, el desarrollo de indicadores del sector y la elaboración de un documento del Estado de la PYME.

3. Reformar la Ley del Sistema de Banca para el Desarrollo.

4. Aprobar el Proyecto de Ley de Garantías Mobiliarias que fue presentado por el MEIC a la corriente legislativa.

Comercio internacional:

1. Impulsar la aprobación, por parte de la Asamblea Legislativa, del proyecto de ley 18.954 “Autorización al Poder Ejecutivo para formalizar una operación de crédito público para el financiamiento y ejecución del Proyecto de Modernización de pasos de frontera de Costa Rica”.

2. Continuar con el proceso de concesión de obra pública para el diseño, construcción y operación de la Terminal de Contenedores de Moín (TCM), por parte de APM Terminals.

3. Diseñar estrategias novedosas para insertarnos en los mercados internacionales y no solo utilizar los Tratados de Libre Comercio como instrumento para lograr este fin.



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