Costa Rica: Tarifas políticas para los servicios públicos

La tozudez de la administración Solís para imponer en un cargo eminentemente técnico a un candidato rechazado por los empresarios confirma la importancia que tendrá esa persona específica en la formulación de las tarifas públicas.

Lunes 11 de Abril de 2016

Nota del editor:
Esta opinión se escribió horas antes de que el ya designado nuevo Regulador General de Costa Rica informara de su renuncia al cargo que detentaba en el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). Al comunicar su renuncia el funcionario señaló: "No existe ningún conflicto legal entre el cargo que ocupaba en el ICE y mi designación como Regulador General; sin embargo, tomo esta decisión en aras de la transparencia que debe prevalecer en mi nuevo puesto". Su insistencia en la legalidad de su nombramiento, insistencia que aparenta justificar lo anti ético del mismo, hace que se mantenga la preocupación por la justicia de las decisiones que deberá tomar en el ejercicio de su cargo. Esta preocupación crece si se considera que si no hubiera renunciado, era obligatoria su abstención en las decisiones que involucraran a la empresa donde mantenía su cargo. Ahora ya no tendrá que abstenerse.

EDITORIAL

A contramano de una imprescindible búsqueda de armonía con los sectores productivos, el presidente Solís insistió en un candidato determinado -una persona con un claro conflicto de interés para el cumplimiento del cargo- y lo impuso mediante una antiética y antidemocrática estratagema pergeñada en el ámbito legislativo por los diputados del partido de gobierno.

Tal tozudez y tal desleal táctica para saltearse la voluntad de los opositores, confirma la presunción de que la actuación del próximo Regulador General de las tarifas de los servicios públicos de Costa Rica (Aresep), no se ajustará a criterios exclusivamente técnicos, dado que para aplicar esos criterios exclusivamente técnicos se podía postular seguramente otras personas con similar idoneidad -técnica-, lo que le habría evitado al presidente Solís pagar un altísimo costo político con el sector empresarial, que considera la imposición de esa persona al frente de la Aresep como "una burla para el país".

La aceptación de ese costo permite suponer que el presidente Solís espera con esa designación, una ganancia mayor en el frente de sus relaciones con la burocracia estatal, específicamente en el mantenimiento de los privilegios que detentan muchos funcionarios públicos a través de acuerdos colectivos (convenciones) que no podrían pagarse si no se incluyen como costos en la formulación de las tarifas públicas, a lo que la actual directiva de Aresep se ha negado.

El tono del comunicado emitido al respecto por la Unión Costarricense de Cámaras y Asociados del Sector Empresarial Privado (UCCAEP) es infrecuente por la grave crítica que realiza al accionar del gobierno. Alcanza con transcribir su frase final: "Este es un día triste, que definitivamente lo recordaremos".

Del comunicado de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociados del Sector Empresarial Privado (UCCAEP):

UCCAEP: ‘Falta de quórum para nombrar Regulador General es una burla para el país’

- UCCAEP alertó desde hace semanas la espuria estrategia del Ejecutivo de impedir que los diputados ratificaran el nombramiento.
- “Regulador General entra por la puerta de atrás”, afirma la Unión de Cámaras.

Como una burla del Poder Ejecutivo, del Partido Acción Ciudadana y del Frente Amplio al pueblo de Costa Rica; así califica la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP), lo acontecido esta tarde en la Asamblea Legislativa.

La ausencia de un 70% de los diputados del PAC y más de la mitad de legisladores del Frente Amplio, impidió que hubiera quórum, por lo que el primer poder de la República no pudo realizar la votación para ratificar o no al candidato de Gobierno al puesto de Regulador General.

Según la Ley de ARESEP, el candidato quedará nombrado a la cabeza de la Autoridad Reguladora de manera automática, por inacción de la Asamblea Legislativa, este sábado 9 de abril.

“Es lamentable esta burla confabulada entre el Poder Ejecutivo, el Partido Acción Ciudadana y el Frente Amplio, no solo a los demás diputados, sino al pueblo de Costa Rica. El Regulador entra por la puerta de atrás a un puesto que afecta el bolsillo de todos los costarricenses”, dijo Ronald Jiménez, presidente de UCCAEP.

“El Poder Ejecutivo utilizó subterfugios legales en aras de promover que este nombramiento se diera por vencimiento del plazo legal, y no como manda un procedimiento democrático de someter la ratificación al Plenario Legislativo”, agregó el jerarca de la Unión de Cámaras.

El sector empresarial denuncia que el Poder Ejecutivo apostó por tener en el puesto a una persona que si decide aceptar que se cargue a las tarifas de los costarricenses los beneficios laborales al Grupo ICE, estos lo estarán esperando a su regreso al Instituto. Ante esta jugarreta, UCCAEP considera que el Regulador no debería aceptar el nombramiento.

A UCCAEP le preocupa, por ejemplo, el caso de la Intendencia de Energía, la cual ha señalado que los gastos derivados de las Convenciones Colectivas no deben incluirse en la fijación de tarifas; y espera que la Autoridad Reguladora mantenga esta posición firme.

Este es un día triste, que definitivamente lo recordaremos.

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